Cinco fatídicos años para la salud en México

Se cumplen cinco años de esta administración y para nadie es un secreto que uno de los mayores y más importantes desaciertos ha sido el manejo del sector salud.

La primigenia visión de un sistema de salud universal, gratuito y centralizado nació muerta aún antes del primer día de este gobierno. Los evidentes y obvios problemas administrativos y gremiales que en ese momento se anticiparon, son bastante patentes el día de hoy en la integración forzosa de los servicios de salud de la Ciudad de México al IMSS-Bienestar.

A lo largo del último lustro he venido narrando en tiempo real, en diferentes medios y foros, cada uno de los errores cometidos, así como sus consecuencias, en no pocas ocasiones, funestas. La eliminación del sistema de compra consolidada para los insumos del sector salud, que creó el desabasto más grande de medicamentos en la historia de México y del cual todavía no logramos recuperarnos. La eliminación del Seguro Popular únicamente por motivos ideológicos.

El pésimo manejo de la pandemia que arrastra entre 600 y 800 mil defunciones, dependiendo del autor que se consulte. La imposición de un INSABI sin reglas de operación ni visión y a cargo de un incompetente. La contratación de la UNOPS que, en vez de resolver el problema de abasto de medicamentos, se convirtió en uno de los peores negocios que ha hecho México, con un costo total aún desconocido. La concentración forzada de los recursos para la salud estatales bajo la marca IMSS-Bienestar, con el único objetivo de centralizar la toma de decisiones y hacerse con ello, de los recursos económicos.

Todo lo anterior, en un marco de recortes y subejercicio presupuestal para la salud en el que oronda o cínicamente se habla de más de 48 mil millones de pesos de ahorros, cuando las carencias en medicamentos, personal e infraestructura son patentes y las redes sociales se inundan con denuncias de carencias de material, medicamentos, elevadores que no funcionan, plafones rotos, fauna nociva, inundaciones y malos tratos en los hospitales de IMSS, ISSSTE y PEMEX.

Los malos resultados no son solamente una apreciación subjetiva; son absolutamente cuantificables en la Encuesta Nacional de Salud y Nutrición (ENSANUT) 2022.

Quizá lo más patético, es que, esta colección de despropósitos se llevó a cabo bajo la promesa de una Dinamarca, que se ha convertido en uno de los memes que caracterizan a este gobierno.

Detrás de todas las grandes catástrofes, se encuentran pequeños pero profundos detalles que las originan o las van haciendo más grandes. En este sentido, es importante entender el papel que Hugo López-Gatell ha tenido, en su afán por acumular poder, tomando el control de cada aspecto de la salud en México.

Cómo olvidar que, en una de sus primeras intervenciones, durante la conmemoración del día de las enfermedades raras, su discurso no fue de apoyo a los pacientes o a sus familiares; tampoco fue para ofrecer nuevas oportunidades de diagnóstico temprano o tratamiento oportuno. En esa ocasión, López-Gatell se lanzó contra la iniciativa privada y la industria, culpándola (casi) de la falta de insumos para estos pacientes, cuando lo que las familias pedían era la disponibilidad del tamiz neonatal ampliado en México.

Los ataques a la iniciativa privada (y a la práctica privada de la medicina) son ya parte del lexicón habitual de López-Gatell, cada vez que habla de “oscuros intereses” en temas que van, desde la compra de vacunas a los fabricantes estadounidenses, autorizaciones a medicamentos de última generación, la preferencia de los pacientes por los consultorios adyacentes a farmacias, las opiniones de analistas, expertos, legisladores y, más recientemente, para justificar la desaparición de más de 35 normas oficiales (NOM) en salud.

López-Gatell será siempre recordado por su infame mención de las “intenciones golpistas” de las familias de los niños con cáncer.

El hostigamiento a la medicina privada se ha convertido en la tónica de este gobierno, pero los profesionales de la salud privados nunca olvidarán como se les excluyó de la administración prioritaria de la vacuna contra covid-19.

El rechazo la salud privada es una postura bastante absurda si se considera que, durante la pandemia, quedó bastante clara la ventaja de contar con la ayuda de ésta. Gracias a la intervención de los hospitales privados se ayudó a la población que hubiera quedado sin servicios de salud, por ejemplo, para la atención materno infantil en -hay que decirlo- hospitales a los que nunca hubieran podido tener acceso de manera institucional y, por supuesto, la puesta en marcha de centros de atención como la Unidad Temporal COVID-19 en Centro Banamex, donde se salvaron miles de vidas. Al desmantelarse, tras la misión cumplida, el equipo hospitalario de primer nivel y “alta gama” allí montado, fue donado a los hospitales de la Secretaría de Salud de la CDMX, hecho que ha sido convenientemente ignorado.

No es un secreto lo doloroso que les resulta que la ENSANUT 2022 muestre una deserción de los pacientes institucionales (IMSS e ISSSTE) hacia la medicina privada.

Desde el inicio de la administración fue clara la intención de hacerse del control absoluto del sistema de salud. Como lo mencioné el jueves pasado en entrevista con Pascal Beltrán del Río, es clara la intención de convertir al Consejo de Salubridad General (CSG) en una mera oficina de trámites y validación de la agenda política e ideológica del Poder Ejecutivo en materia de salud.

El deseo de emascular al CSG fue patente al hacerlo a un lado en la toma de decisiones durante el manejo de la pandemia, papel que constitucionalmente le correspondía. La defenestración de este organismo se dio el año pasado y recientemente se concluyó con la publicación de su nuevo reglamento en el que la UNAM y el IPN quedan fuera y la toma de decisiones con derecho a voto, queda prácticamente en manos de personas que reportan al Poder Ejecutivo.

Una vez más, el dejar fuera a instituciones como la Fundación Mexicana para la Salud (FUNSALUD) y a la Asociación Mexicana de Industrias de Investigación Farmacéutica (AMIIF), refleja únicamente una visión ideologizada y facciosa del manejo de la salud en la que se busca, a toda costa, no permitir la intervención de la iniciativa privada. Paradójicamente, es la medicina privada quien hoy resuelve el 50% de los problemas básicos de salud de la población.

Han pasado cinco años y un sistema de salud que, con todas sus carencias, mantenía una congruencia y una continuidad en su operación y servicios, ha sido desmantelado violentamente para satisfacer la acumulación de poder de un grupo qué antepone la ideología al bienestar y las vidas de la población.

Reconstruir y recuperar lo logrado tomará tiempo.