Ayotzinapa, 9 años: aquí manda el Ejército

Hasta el momento, no ha habido ninguna figura de carácter civil que obligue al Ejército a transparentar qué pasó en la noche de Iguala hace 9 años. La Comisión de Derechos Humanos, los grupos de expertos internacionales, dos Presidentes de la República, (Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador) nuevas conformaciones del Congreso de la Unión, muchos titulares de la Secretaría de Gobernación y de la Fiscalía General, así como familiares de las propias víctimas. Nadie.

Pero dicha circunstancia no es una casualidad. Mucho de la respuesta de por qué un gobierno que se asume de izquierda no ha podido resolver una flagrante violación a los derechos humanos recae en el poderío político y económico acumulado por el Ejército. La institución parece entrar en su apogeo en la administración del presidente AMLO con su participación como socio y administrador de los proyectos de infraestructura estratégicos para la Cuarta Transformación y con la creciente dependencia de este gobierno por usar a militares para apaciguar al narcotráfico.

Sin embargo, la sumisión de AMLO frente al Ejército en su carácter de comandante supremo de las fuerzas armadas no es ni novedosa ni exclusiva. Se trata de una relación históricamente compleja en la que los gobernantes elegidos por el voto popular, una vez que asumen el poder, chocan de frente con quienes realmente lo ejercen y usan sin necesidad de muchos reflectores. Las agendas de los civiles votados en las urnas quedan supeditadas al proyecto que delinea y empuja la institución castrense.

¿Qué tan normal es este panorama en una democracia? Una de las principales hipótesis que existen al respecto y particularmente sobre el estudio de países latinoamericanos advierte que dicha dinámica tiene mayor arraigo en países corruptos. La lógica es sencilla: mientras más descompuesto y corrupto sea el régimen gobernante más dependerá del apoyo militar para conservar su poder. Es una fórmula peligrosa en donde ambos se encubren y dependen del otro para su supervivencia. ¿Aplica para México?

A 9 años de la desaparición de los 43 normalistas de la normal de Ayotzinapa la exigencia sigue siendo verdad y justicia. Hoy no hay ninguna de las dos, peor aún, continúan las desapariciones perpetradas por los representantes del Estado, llámense políticos, policías municipales o estatales. Personas que reciben un salario con dinero público que eligen delinquir, matar o aniquilar.

El caso de Ayotzinapa, a pesar de haber ocurrido en el sexenio de Peña Nieto, es posible verlo también como un fracaso para la administración de AMLO, uno tal vez más angustioso y doloroso por la esperanza implícita que representó para los familiares y padres la llegada de un gobierno que se asume de izquierda. Esperanza que se difuminó. En sentido estricto, la ideología es y seguirá siendo un estorbo para la aplicación de la justicia. El uso del tema por cualquier partido político es propaganda y debe reprobarse.

En los hechos, aquellos que hoy están despachando en el gobierno y que hace 9 años salieron a marchar por los estudiantes desaparecidos no han podido hacer nada. Los familiares y padres de los estudiantes se sienten defraudados con justa razón. La “nueva” verdad de la administración de AMLO está por salir. Pero más allá de los pormenores, la única constante durante los largos 9 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es que: aquí manda el Ejército.