Recursos opacos en la lucha por la igualdad de género

En el sector público las decisiones sin presupuesto son solo buenas intenciones. Esto aplica también para la existencia de áreas que, aunque aparecen en los organigramas y estructuras organizacionales, muchas veces no cuentan con los recursos suficientes para operar.

México es el tercer país de América Latina con menor presencia de mujeres en puestos de mando en el sector público. Ante este panorama, aparecieron las Unidades de Género al interior de las instituciones de la Administración Pública Federal, que buscan promover mejores condiciones laborales para las servidoras públicas. Algunas de las actividades que realizan estas unidades consisten en publicar estadísticas para informar sobre los avances de la institución en materia de igualdad de género y coordinar una certificación para el personal en esta materia.

De acuerdo con una medición del desempeño administrativo de 13 instituciones públicas realizada por el IMCO, la existencia de una Unidad de Género es un elemento clave en el marco normativo para mejorar el desempeño de estas organizaciones. Ya que, promover la igualdad entre las mujeres y los hombres abona a construir instituciones capaces de responder a los retos actuales.

Pero, en la práctica, ¿estas unidades cuentan con la capacidad para cerrar las brechas de género? Una forma de saberlo es analizar si cuentan con el presupuesto suficiente para operar. Comentarios en este sentido apuntan a que estas unidades no tienen recursos, sin embargo, analizar esto con base en evidencia no es posible dada la opacidad en la información presupuestal. Hoy no hay transparencia en los recursos públicos destinados a estas áreas.

Únicamente dos de 13 instituciones estudiadas por el IMCO dieron a conocer estos recursos. En 2022, el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) asignaron 24 millones 457 mil pesos y 4 millones 263 mil pesos a las Unidades de Género. Esto equivale a 0.001% y 0.002% del presupuesto total aprobado para cada institución respectivamente. ¿Es mucho o poco? Si bien es cierto que las características de cada institución son únicas, la falta de información impide hacer un análisis comparativo que trascienda el carácter anecdótico.

¿Qué alternativa queda? Se podría utilizar la información presupuestal de programas específicos para medir la efectividad de las Unidades de Género —como el de Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género—. Sin embargo, esta información no permite conocer aspectos clave como cuánto dinero destinan las unidades a la compra de insumos, al pago de personal o cómo ha evolucionado su presupuesto total. En última instancia, no sabemos si las Unidades de Género cuentan con los recursos necesarios para cumplir con la tarea que se les asignó.

Para alcanzar una sociedad más equitativa se necesita institucionalizar la política de género, empezando por las organizaciones públicas. Si la transparencia presupuestaria es siempre una necesidad, aquí se vuelve más importante por la tendencia a simular algunas acciones de igualdad en el sector público. No basta con que existan las estrategias en lo normativo, pero en la práctica carezcan de recursos y mecanismos de rendición de cuentas. Al fin, alcanzar la igualdad de género será con presupuesto suficiente o no será.

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