La desaparición forzada en México también es un asunto de género

El pasado 27 de septiembre, la Fiscalía General del Estado de Zacatecas informó que encontró los cuerpos sin vida de seis jóvenes, que habían desaparecido en la madrugada tres días antes, Sergio Yobani Acevedo (17 años) fue el único sobreviviente. Sus nombres eran Jorge Alberto René Ocón Acevedo (14 años), Óscar Ernesto Rojas Alvarado (15 años), Diego Rodríguez Vidales (17 años), Héctor Alejandro Saucedo Acevedo (17 años), Gumaro Santacruz Carrillo (18 años) y Jesús Manuel Rodríguez Robles (18 años). 

Esta noticia se suma al caso de os jóvenes Roberto Olmeda, Diego Lara, Uriel Galván, Jaime Martínez y Dante Cedillo que se difundió por una fotografía y un video del secuestro de los muchachos, su familia, además, encontró en redes sociales fotografías y videos sobre el brutal asesinato de ellos a manos de personas que forman parte del crimen organizado.

Las imágenes son indescriptibles y abren la discusión sobre el tratamiento de información tan delicada como aquella que retrata la realidad de las personas que sufren una desaparición forzada y los efectos que tienen no sólo en sus familiares, sino en la población en general.

La principal forma de reproducción y circulación de ese material fueron las redes sociales, en ese mismo espacio se crearon muchas conversaciones al respecto. Una de ellas llamó particularmente mi atención: un usuario en Twitter dijo que la desaparición sí era cuestión de género y que los hombres la sufrían más.

Mi primera reacción fue enojarme, como cada vez que un macho responde a las consignas en contra del feminicidio que a los hombres los matan más (México ocupa en séptimo lugar en feminicidios registrados en América Latina, con una tasa de 1.4 por cada 100 mil mujeres, según el último informe del Observatorio de Igualdad de Género de América Latina). 

Pese a mi enojo, me quedé leyendo todo su hilo y comprendí que no se trataba de otro macho tratando de invisibilizar la realidad del feminicidio, sino que era un hombre con genuina preocupación y una experiencia personal basada en el miedo de ser víctima de una desaparición forzada. Dijo que vivía en Monterrey, Nuevo León, cuando era adolescente y que en 2008, luego de que el impresentable expresidente de México, Felipe Calderón, declarara su guerra parcial en contra del narcotráfico, se desató una crisis de seguridad en esa entidad durante todo su sexenio (2006-2012). 

Esta persona narró cómo sus amigos, él y otros adolescentes en el norte adoptaron ciertas medidas para garantizar su seguridad como dejar de asistir a centros nocturnos, bares, etc. y, en cambio, se reunían  en casas de conocidos; también contó que cuando necesitaban acudir a la tienda para comprar bebida, botanas o cualquier otro artículo, sólo iban hombres, no mujeres, pero sólo  en pareja, pues asegura que era un casi certero que si iban en grupos de más de dos hombres (como Roberto, Diego, Uriel, Jaime y Dante) algún grupo delictivo los detendría para despojarlos de sus pertenencias o en el peor de los casos, secuestrarlos para reclutarlos en sus filas.

Leer eso, como mujer que vivió su adolescencia relativamente segura en Ciudad de México, me impactó porque pese a que conozco las cifras de violencia provocadas por la fallida política de seguridad de Calderón y su narcogabinete, nunca viví estos cambios en mis dinámicas por esos motivos. 

Aun así, es necesario destacar que en México hay por lo menos 111 mil personas desaparecidas en el país, de las cuales por lo menos 26 mil son mujeres y el resto son hombres; sin embargo, en el caso de desapariciones de menores de edad (entre 12 y 17 años), hay más registradas de niñas que de niños, de acuerdo con Tania Ramírez, directora ejecutiva de la Red por los Derechos de la Infancia en México (Redim).

Y como no es una cuestión de analizar quién es más víctima ni de tener una visión maniquea de a quién desaparecen más, es necesario que como personas en medios responsables de transmitir la información que retrata esta horrible realidad y narra estos sucesos, tenemos la obligación de comprender las diferencias entre factores de riesgo que hay entre cada grupo demográfico. 

Por ejemplo, Juan Martín Pérez García, coordinador de Tejiendo Redes en Infancia en América Latina y el Caribe, explica que en el caso de mujeres, están en riesgo adolescentes de 14 a 19 años, con un factor agravante si se es delgada, tiene tez claro o cabello largo.

Mientras que en el caso de los hombres, los casos más frecuentes de desaparición forzada son de hombres jóvenes entre 20 y 27 años, precisamente el rango de edad de los jóvenes que fueron secuestrados en Lagos Moreno en agosto pasado. 

Asimismo, las consecuencias de esas desapariciones forzadas también son distintas. De acuerdo con el informe Desapariciones de mujeres y violencia por razón de género en Guerrero, las niñas y mujeres secuestradas son víctimas de trata, de esclavitud, labores domésticas y relaciones afectivas forzadas. Lo desgarrador en este caso, sí diferenciado de los hombres, es que quienes perpetran estas violencias no siempre son grupos delictivos, sino familiares, hombres sobre todo.

Pero también es importante esta diferenciación para que autoridades actualicen sus mecanismos de búsqueda e investigación precisamente con una perspectiva de género, que recordemos una vez más no es sinónimo de mujeres sino todos aquellos factores relacionados con la identidad de género, y muchas veces hasta orientación sexual, que pueden en mayor riesgo a ciertas personas.

Se tienen que actualizar para hacerlos más eficientes, pero también para evitar la revictimización y la violencia institucionalizada a las familias que buscan a sus familiares, como apenas lo expuso Baruc Sánchez, quien desde 2021 busca a su hermana desaparecida Wendy Sánchez, se lamentó de que la fiscal responsable de Búsqueda en Nayarit y que llevaba el caso de Wendy, fuera detenida junto a otros exfuncionarios de la Fiscalía por desaparición forzada.

Asimismo, desde la academia se puede aportar mucho valor para comprender y documentar mejor estos procesos. Por ejemplo, Ivonne Roldán León, doctorante en Estudios Críticos de Género por la Universidad Iberoamericana, propone en su tesis crear la categoría socio-jurídica ‘Desaparición por género’, para que se estudie el fenómeno como una violencia específica, equiparable a lo que el feminicidio es al homicidio. Y uno de los principales motivos para considerar esta nueva categoría es la cifra negra en este delito, que a su vez se debe a dos motivos: las personas no denuncian por temor a que lastimen a su hija o familiar desaparecida porque autoridades pueden estar vinculadas y también la negligencia institucional de funcionarios que catalogan -deliberadamente o no- mal las denuncias pues aseguran, sin investigación de por medio, que no se tratan de desapariciones forzadas sino de ausencias voluntarias lo que pierde tiempo valiosísimo para su aparición.