El absurdo populismo judicial de AMLO

Cada ocurrencia supera a la anterior hasta pulverizar nuestra capacidad de asombro, bajo una descabellada justificación se pretenden eliminar las facultades de objetividad e independencia del Poder Judicial de la Federación.

Ahora se plantea que el reformón populista de Andrés Manuel López Obrador para 2024 contemple la creación de un tribunal especial para juzgar la actuación de los jueces, ya que muchas decisiones lo tienen irritado y eso siempre es corregible con barbaridades que aprueban sus lacayos legislativos en el Congreso.

¿Qué sistema judicial quiere el presidente?

• Uno que sea formalmente susceptible de obedecerlo para suprimir la posibilidad de resoluciones que vayan contra sus proyectos, aunque estos sean inconstitucionales.

• El que permita elegir a los ministros de la Suprema Corte, magistrados y jueces federales a través del voto popular directo con candidatos palomeados por él o su eventual sucesora, sin importar la preparación jurídica, ya que lo más importante es la obediencia sin limitaciones.

• Ese que tenga como modelo a seguir perfiles como los de Yasmín Esquivel, Loretta Ortiz o Arturo Zaldívar.

• Uno en que los criterios para mantenerse en funciones de juzgador admitan la reelección para aplicar criterios políticos a la impartición de justicia, pisoteando el diseño de una Constitución que protege la autonomía de un poder que tiene la capacidad de contener los abusos del Ejecutivo y corregir leyes mal hechas por el Legislativo.

• Aquel que permita la revocación de mandato para jueces, magistrados y ministros. Porque el que se atreva a resolver contra las órdenes presidenciales será descartado de la cofradía en el poder.

Ese es el diseño que se anhela implantar en México, aunque sea totalitario, populista y disfrace la voluntad del pueblo con toques de supuesta legitimidad democrática.

Lo cierto es que el Consejo de la Judicatura Federal ejerce todos los controles que para López Obrador son novedades, desde su arrogante ignorancia. Lo inadmisible para él es que sus instrucciones no permean en la estructura vigente porque quien preside esa institución y la Suprema Corte es una juzgadora que lo ha desafiado con la Constitución en la mano. Norma Piña tiene el carácter idóneo para defender la independencia judicial, que ciertamente tiene muchas áreas de oportunidad pendientes, pero es el sistema diseñado en una democracia siempre perfectible que tiene como atributo principal el respeto a la división de poderes.

Para el obradorato la medicina más amarga es someterse a un gobierno de leyes, diseñadas para acotar el poder político que tiene como premisa el sometimiento de las minorías. Se pretende un verdadero asalto contra la estructura que brinda soporte a las garantías individuales de los ciudadanos.

Hace falta recordarle al régimen morenista que el Estado de derecho que tanto les indigesta es aquel en el que se respetan las decisiones de juzgadores independientes y donde prevalece la capacidad de contener el abuso que imponen los autoritarios con fachada de demócratas.

En la estructura vigente la Judicatura Federal se evalúa el desempeño de todos los juzgadores en el país, se les aplican medidas disciplinarias para sancionarlos e incluso destituirlos y someterlos a procesos como ha ocurrido en diversos casos documentados. Existen comisiones de adscripción, carrera judicial y disciplina para dar marcos de referencia a su desempeño. En el Consejo, López Obrador tiene 3 incondicionales: Bernardo Bátiz, Verónica de Gyvés y Celia Maya, sin embargo, considera que su margen de actuación es insuficiente para controlar la institución porque ahí predominan los jueces de carrera, bajo el liderazgo de una ministra que con rigor ha impuesto límites al exacerbado presidencialismo.

El populismo judicial de AMLO ha provocado diversos pronunciamientos de organismos internacionales que evalúan la calidad de las democracias, es el caso de la Asociación Mundial de Juristas que en meses recientes alertó sobre los incesantes ataques contra el Poder Judicial en México. En un mundo globalizado se hace más evidente la intencionalidad de los regímenes totalitarios que atentan contra el imperio de las leyes que restringen su marco de actuación.

Otro aspecto que actualiza el atentado contra la autonomía es la terna militante enviada por el Ejecutivo al Senado, cuya minoría de oposición pareciera impedirá los acuerdos necesarios para obtener la mayoría calificada necesaria para designar a la mujer que ocupará la vacante de Arturo Zaldívar, sin embargo, la apuesta presidencial es detonar el rechazo no de una sino de dos ternas distintas para que por primera vez en la historia el Ejecutivo designe de forma directa a la nueva togada que indefectiblemente, tendrá cuerda de mando desde Palacio Nacional. Otro despropósito con el sello de una transformación fanática de las simulaciones.  

Es importante precisar que en el caso de que la terna que componen Lenia Batres, Bertha Alcalde y María Estela Ríos sea rechazada como probablemente ocurrirá, se enviará una nueva que podrá contemplar a uno de los perfiles inicialmente repudiados. Si esta segunda terna tampoco alcanza mayoría calificada entre los senadores el presidente podrá designar directamente sin ninguna complicación. Así está calculado para ungir a Estela Ríos u otra impresentable como Ernestina Godoy, funesta fiscal de la capital.

Lo interesante es que hace unos días Loretta Ortiz mostró un coqueteo con la coherencia en una declaración que causó seños fruncidos entre los más radicales obradoristas. La ministra manifestó públicamente su rechazo a la posibilidad de que sus colegas puedan ser electos a través del voto popular ¿Habrá sido un desahogo efímero o estamos frente al viraje de una togada que aún tiene la oportunidad de honrar su investidura?  

EDICTOS

Este jueves el jurista español Javier Cremades, recibirá el Premio Nacional de Jurisprudencia otorgado por la Barra Mexicana Colegio de Abogados, uno de los galardones más importantes en el mundo del derecho. Cremades García es el presidente de la World Jurist Association y uno de los litigantes más reconocidos a nivel internacional, obtuvo la licenciatura en la universidad de Málaga y el doctorado en Derecho Constitucional por la universidad de Regensburg, Alemania.

Es el segundo extranjero en recibir este premio instituido en 1987 con el que se ha laureado a figuras de la talla de Héctor Fix Zamudio, Felipe Tena Ramírez, Ignacio Burgoa Orihuela y Jesús Zamora Pierce, entre otros.

¡Enhorabuena!