Terna militante para la Corte y el ridículo de Estela Ríos

El Ejecutivo ha dado a conocer la última terna de este sexenio para un relevo en el pleno de la Suprema Corte. En 2018 nadie podría haber anticipado que además de las tres vacantes que se generarían por el escalonamiento de sus integrantes, veríamos dos renuncias de ministros en activo, algo inédito desde la gran reforma de 1995 impulsada por Ernesto Zedillo que convirtió a esa institución en Tribunal Constitucional para fortalecer sus atribuciones y la división de poderes.

En el primer año de la administración que está por concluir, Juan Luis González Alcántara Carrancá fue electo en la primera terna propuesta por AMLO. Posteriormente, para el relevo de Margarita Luna Ramos fue designada por el Senado, Yasmín Esquivel Mossa.

Tras la sorpresiva renuncia de Eduardo Medina Mora, en la que se sentó el precedente de no explicar la causa grave que determina la Constitución para estos casos, resultó electa Margarita Ríos Farjat.

En 2021 para ocupar la vacante que dejó Fernando Franco González Salas, se envió una terna en la que fue favorecida Loretta Ortiz.

Vimos llegar noviembre con otra renuncia de la que se escucharon rumores desde hace varios meses, pero no dejó de ser también sorpresiva. Por primera vez un togado abandonó el cargo para incorporarse a un proyecto político, en este caso el de la candidata presidencial de Morena. Para cubrir esa vacante se ha elaborado la quinta terna de la presente administración, cuya única virtud es que la componen mujeres, pero sin duda la más desafortunada de todas por el famélico nivel de sus integrantes y su militancia dentro del partido de Estado. Hay mujeres de un extraordinario perfil para llegar al máximo Tribunal, pero ese atributo no está en el radar de decisión de AMLO, porque exige obediencia y condicionamiento absoluto para las decisiones jurisdiccionales, lo que es un despropósito para una responsabilidad que implica por naturaleza autonomía a prueba de líderes mesiánicos.

Es momento oportuno para reflexionar sobre el desempeño de González Alcántara Carrancá y Ríos Farjat, notables por el equilibrio con el que se han conducido en sus funciones, con carácter irreprochable e independiente que enfureció al presidente al extremo del insulto y la descalificación pública sobre sus propias decisiones que reconoce como errores. La coyuntura nos impide olvidar el tino involuntario para incorporarlos a la Corte, los aciertos de López Obrador no alcanzan a ser contados con los dedos de una mano y dos de ellos los cataloga como equivocaciones, así de limitada ha sido su capacidad para decidir los asuntos más relevantes del país.

Es claro que todos los presidentes tienen predilecciones personales en la terna que deciden, sin embargo, habíamos visto con Vicente Fox, Felipe Calderón y hasta Enrique Peña Nieto un esfuerzo por seleccionar perfiles con atributos profesionales incuestionables. El principal requisito no escrito es ser jurista, conocer a profundidad el derecho procesal constitucional como herramienta básica de estructura, quien entiende eso no es capaz de hipotecar su trayectoria para lograr el beneplácito presidencial. Así lo asumió Zaldívar Lelo de Larrea con Calderón en su momento, aunque la virtud se deterioró hasta desaparecer por la ambición del poder político, lo que irónicamente es antítesis de la objetividad que debería mostrar un juzgador de esa jerarquía.

Sí hay una quinta mala en la composición de la última terna formal del presidente López Obrador. Las características profesionales de Bertha Alcalde, Lenia Batres y María Estela Ríos son francamente pobres para aspirar a un sitial en Pino Suárez 2, pero vivimos una aguda degradación en detrimento de las instituciones. Lo único que cuenta es el ánimo rencoroso de un presidente sin categoría para gobernar el país y tal parece que lo seguirá haciendo a través del teatro morenista que encubrirá un Maximato inadmisible en los años por venir.

El golpazo a Claudia Sheinbaum desde Palacio Nacional para eliminar de la ecuación a Omar García Harfuch en la aspiración al gobierno de la Ciudad de México dejó claras las lecturas sobre el reducido margen de maniobra de la presidenciable de Morena al recibir un bastón de mando astillado. Eso deja luces sobre la incidencia del líder supremo hacia el futuro, siempre y cuando su partido sea capaz de mantener el poder en 2024, algo que no está garantizado ni escrito en piedra.

La intención del gran “decididor” es que su consejera jurídica llegue a la Corte teniendo la certeza de que vivirá arrodillada al Ejecutivo para sumar a su tercera incondicional en el Tribunal Constitucional que resiste la campaña negra más intensa en su historia.

Sólo a través de la alternancia política, la Corte tendrá la posibilidad de seguir ejerciendo control de constitucionalidad. Si Morena gana la presidencia, la terna que seguirá para relevar a un ministro será para la vacante de Luis María Aguilar en noviembre del año entrante. Vendría otro perfil incondicional al régimen y esto rompería la posibilidad de una votación calificada de 8 ministros para anular leyes inconstitucionales. Si Morena logra mayorías en las integraciones de las cámaras del Congreso, activarán de inmediato su iniciativa para desarticular al Poder Judicial.

La vida futura del Máximo Tribunal dependerá como nunca del resultado electoral ante la falta de escrúpulos de la clase gobernante. El sistema federal de impartición de justicia nunca había transitado tan cerca del abismo.

Como preámbulo de la vergüenza e incitación a la pena ajena se ordenó a la principal aspirante a la Corte (todavía Consejera Jurídica de Presidencia) sacarse de la manga un absurdo intento para evitar que el ministro Javier Laynez fuera el ponente y vote en el caso de los fideicomisos del Poder Judicial. Ocurrió lo que indica la lógica más básica, fue desechado por unanimidad y sin debate alguno el impedimento promovido por el Ejecutivo por ser notoriamente improcedente. La barbaridad de la señora Ríos fue tan monumental que ni Yasmín Esquivel o Loretta Ortiz se atrevieron a respaldarla.

Parece natural que se operará lo que sea necesario en el Senado para que Ríos González sea el reemplazo de Zaldívar. La carta de presentación de la consejera del obradorato fue un gran ridículo que mostró de qué está hecha y lo triste que sería su papel como jueza constitucional.

EDICTOS  

El caso sobre la fallida inducción a la quiebra de la empresa naviera TRESE es el preludio de un gran escándalo a nivel global que involucra a PEMEX, al banco más importante de Singapur y a la empresa malaya Coastal que opera maniobras sucias a través de los despachos de litigantes que los representan en México. Resulta que el United Overseas Bank será demandado por TRESE y sus acreedores para que restituyan las cantidades de dinero que los malayos y Nuvoil le transfirieron a este banco valiéndose de diversas ilegalidades y simulaciones. El banco de Singapur tendrá irremediablemente que devolver el dinero a la empresa mexicana como corresponde en justicia y a su vez demandar a Coastal. La cadena de corruptelas involucra a los operadores jurídicos de Octavio Romero en la paraestatal.

La Fiscalía General de la República en su afán de rastrear toda irregularidad en la que presuntamente haya participado Julio Scherer, ex Consejero Jurídico de la Presidencia, investiga para exhibir los vínculos de los despachos relacionados a éste. Una trama de complicidades digna de Stephen King que es bien monitoreada desde el Poder Judicial de la Federación, particularmente desde la oficina de Lilia Mónica López Benítez, Consejera de la Judicatura responsable de la Comisión de Disciplina.