La Corte exhibe la mitomanía de López Obrador

Antes del impacto de Otis en Acapulco, el principal objetivo del gobierno federal y sus mayorías en las cámaras del Congreso fue aniquilar presupuestalmente al Poder Judicial. A pesar de la evidente inconstitucionalidad, se consumó el golpe para extinguir fideicomisos por 15 mil millones de pesos destinados a sustentar parte importante de la operatividad en el Consejo de la Judicatura Federal y proveer fondos de jubilaciones y diversos derechos adquiridos de aproximadamente 50 mil trabajadores que hacen posible el funcionamiento del sistema nacional de impartición de justicia.

Tras la devastación, la narrativa cambió y la intensidad de las expresiones de odio contra los jueces amainó temporalmente porque el huracán también damnificó a López Obrador que dio la espalda a los afectados e indolente declaró terminada la emergencia en un puerto destruido a la vista de todo el mundo.

Con perversidad lanzó un reto a la ministra Norma Piña para destinar el dinero de los fideicomisos a la atención de la tragedia en Guerrero. Es necesario darle el contexto preciso a esta maniobra, porque lo que menos preocupa al presidente son los damnificados y sus necesidades, así quedó demostrado en la aprobación del Presupuesto de Egresos para 2024 que pudo modificarse para atender la grave contingencia. Ni un peso para Acapulco, pero a la hora de planear una trampa, el presidente es maestro. Bueno para lo malo y malo para lo bueno.  

El reto público fue aceptado por la ministra, tendió la mano, mostró disposición. El Estado mexicano está obligado a responder ante una calamidad para auxiliar a la población y también para garantizar la operatividad del Poder Judicial de la Federación. Contestar negativamente como algunos sugerían, hubiese sido doblemente aprovechado para lastimar a la presidenta de la Corte.

AMLO y su secretaria de Gobernación no entienden de derecho, ni pretenden hacerlo, lo suyo es promover la ignorancia. La intriga es la atmósfera donde les gusta operar y esos no son los parámetros de Norma Piña que obviamente tampoco podría negociar la resolución de amparos presentados por miles de trabajadores afectados por el recorte o desactivar la Acción de Inconstitucionalidad presentada por los partidos de oposición para impugnar la barbaridad aprobada en el Congreso.

Cualquier estudiante de derecho sabe que la presentación de una demanda de amparo ante un juez de distrito puede traer como consecuencia una suspensión provisional para evitar que la afectación que sufre el quejoso se sostenga en el tiempo, hasta en tanto se dé la resolución de fondo del asunto. Era natural y normal que un juez federal concediera la medida precautoria para evitar, por el momento, la entrega a la tesorería del dinero de los fideicomisos extinguidos por Morena y sus rémoras.

¿Cuál fue la reacción de la comunicación desde el gobierno federal? La acostumbrada, mentir como lo mostró un comunicado en el que se puede leer “Jueces y Magistrados del Poder Judicial de la Federación se niegan a devolver recursos públicos para reconstruir Acapulco”. Una joya para dar ejemplo en las escuelas de periodismo sobre lo que significa calumniar oficialmente.

Es muy claro lo que viene respecto a la Acción de Inconstitucionalidad presentada ante el Máximo Tribunal.  Una mayoría calificada de 8 de los 11 integrantes del pleno (ahora 10 con la decisión de Arturo Zaldívar para dejar de simular y entregarse formalmente a los brazos de Claudia Sheinbaum) anulará el atropello contra el Poder Judicial.

La Corte revertirá la extinción de los fideicomisos en el ámbito de sus competencias como única instancia capacitada constitucionalmente para expulsar del sistema jurídico mexicano normas que violentan la división de poderes. Ahora se sabe que será el ministro Javier Laynez el encargado de elaborar el proyecto de resolución sobre el asunto y esto es garantía de que la propuesta vendrá por invalidar la extinción de los fideicomisos. ¿Por qué?  Es muy claro que se violó la Carta Magna que además establece con claridad el procedimiento a través del cual la Suprema Corte, preserva el principio de supremacía, lo que queda muy claro en la fracción segunda del artículo 105.

¿Qué sigue? La demanda fue turnada a Laynez Potizek el lunes 13 de noviembre, acordará su admisión a trámite y realizará un proyecto que si se trabaja durante día y noche como ocurre con frecuencia en Pino Suárez 2, podría estarse presentando ante el pleno en las últimas sesiones del año antes del primer informe anual de labores de la ministra Piña, entre el 11 y 14 de diciembre, es decir dentro de un mes.

El ejercicio presupuestal 2024 entra en vigor el uno de enero, lo que significa que estamos frente a un contexto extraordinario y con el balón en la cancha de los togados.

Para revertir la anulación de los fideicomisos serán necesarios los 8 votos que han sido consistentes en este tipo de asuntos, dando por descontado que las dos ministras afines a la 4T, Loretta Ortíz y Yasmín Esquivel vayan en contra. Aunque el relevo de Zaldívar llegue pronto y condicionada, me permito adelantar que se lograría mayoría calificada para llegar a esta determinación que jurídicamente no tiene mayores complicaciones por lo burdo que fue la operación en las cámaras del Congreso para asfixiar presupuestalmente al Poder Judicial.   

Es obvio que la narrativa desde el púlpito mañanero, como ya ocurrió, repetirá mil veces que los ministros se convierten en juez y parte para quitarle dinero a los damnificados de Guerrero, lo que sabemos es una calumnia. Se dirá también que los integrantes del pleno están impedidos a resolver la Acción de Inconstitucionalidad porque versa sobre un tema del propio Poder Judicial.

Al respecto es pertinente establecer lo siguiente:

• Ninguno de los fideicomisos extintos otorga beneficios a los ministros, ni se refieren a ellos, ya que sus pensiones de retiro son determinadas por la propia Constitución y no dependen de estos instrumentos.

• No hay causal de impedimento para ninguno de los integrantes del pleno en este asunto, ya que hace varios años se resolvió que tratándose de Acciones Inconstitucionalidad no se debe admitir ninguna excusa, ni impedimento por parte de los ministros, dada la votación calificada requerida en estos casos.

• Ningún órgano jurisdiccional puede juzgar asuntos en los que la Corte o el Consejo de la Judicatura Federal sean parte. Por ese motivo en todos los casos la competencia será para el Máximo Tribunal, aunque sea parte interesada en el juicio y tenga manifiesto interés en el asunto. Así se resuelven los litigios laborales con sus servidores públicos y las demandas con los contratistas de la Corte y el Consejo, porque la intervención del Tribunal Constitucional es terminal y no puede quedar sujeta a instancias inferiores.

• Los juzgadores de esta jerarquía, salvo excepciones ya conocidas, saben salvaguardar su imparcialidad a pesar de que una eventual resolución pudiera ser contraria a la institución como puede verificarse en centenares de casos en los últimos años.

Me atrevo a asegurar que la extinción de los fideicomisos será revertida. La Constitución no se negocia, por eso le urge al régimen sostener sus mayorías en el Congreso para 2024, sólo así podrán pasarle por encima al Poder Judicial de la Federación. Por eso la subsistencia de la democracia en México depende de que la Suprema Corte se sostenga autónoma e independiente a pesar del tufo a dictadura que se percibe en nuestro país.

EDICTOS

Ha reiniciado la artillería mediática de los personeros de Jesús Ramírez Cuevas para desacreditar al INAI, órgano autónomo que funciona gracias a la Corte para combatir la opacidad de un gobierno especialista en campañas negras. Los guasones que alaban la incapacidad presidencial y aplauden sus abusos, son los mismos que ahora intentan revivir un caso revisado y sancionado ¡hace más de 7 años! Jamás defendería a un funcionario que presuntamente usó recursos públicos para colmar sus ansias de novillero trasnochado en un table dance. Eso le debe costar la cabeza a cualquier servidor público en donde sea. Lo que no se vale, es usar el caso para golpear a un órgano autónomo particularmente incómodo al régimen que con otra vara tolera la arbitraria extinción de Notimex, es permisivo con los excesos de muchos funcionarios en el gobierno que aprovechan el año de Hidalgo, hacen guardaditos electorales y además usan dinero público para “recompensar” la obediencia de lambiscones que se ostentan como periodistas.

El escándalo del ex comisionado Oscar Guerra Ford se remonta a 2016, en esa época el actual pleno del INAI no tuvo intervención, como no la tiene el actual. El Órgano Interno de Control ya hizo una investigación con las sanciones correspondientes y ahora algunos barbajanes que cobran en Palacio Nacional quieren también involucrar sin ninguna prueba al actual comisionado Adrián Alcalá que no tuvo o tiene nada que ver. Todo es para desprestigiar y sostener la metralla contra el INAI cuyas resoluciones provocan grandes malestares por allá en los rumbos del zócalo capitalino.