A 107 años de la promulgación de la constitución de 1917: la reforma administrativa propuesta por el presidente López Obrador

Fue precisamente en el marco de la conmemoración del 107 aniversario de la promulgación de la Constitución de 1917, que esta semana el presidente López Obrador anunció un ambicioso paquete de iniciativas de reforma constitucionales y legales para ser enviadas al Congreso de la Unión con el propósito expreso de “afianzar valores, ideales y volver a imprimirle a la Constitución su carácter democrático y, sobre todo, eminentemente social”; además, busca que si “los reaccionarios logran regresar al poder, que sea mucho lo que tengan que echar atrás y que la regresión les resulte muy difícil, ardua, hasta el punto de que les sea imposible el cancelar los beneficios que estamos estableciendo en bien del pueblo”.

El robusto conjunto de propuestas que desde el lunes pasado se conoció requerirá, sin duda, de un análisis y debate objetivos, pues lo que ahí se plantea demuestra que, a la llegada al poder de la administración actual, ésta no contaba con un diagnóstico claro de lo que recibía ya que luego de más de 5 años de estar en funcionamiento, continúa proponiendo cambios que normalmente son manifestados al principio de cualquier proyecto para ser implementados ahí mismo.

No es el objetivo que se persigue con este texto (ni de los que se expondrán próximamente) el de hacer un estudio acucioso de las implicaciones que conllevan los 20 puntos propuestos por el jefe del Ejecutivo, sin embargo, considero pertinente destacar algunos de los puntos que tienen un impacto directo en la estructura administrativa del Poder Ejecutivo y, desde luego, en la de los demás órganos del Estado a los que el presidente López Obrador propone reformar: desde la conformación del Congreso de la Unión, pasando por cambios al Poder Judicial de la Federación y terminando por buscar la eliminación de algunos de los 9 Organismos Constitucionales Autónomos.

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Al momento de leer las exposiciones de motivos de las propuestas que se comentan, es clara la importante carga ideológica que éstas tienen, así como también lo es el sesgo e incluso imprecisiones respecto de los antecedentes y realidad actual de las instituciones que hoy se pretenden reformar o eliminar, lo cual no contribuye en mucho a la deliberación indispensable para realizar cambios en entes públicos que han significado una inversión de muchos años y recursos por parte de la sociedad mexicana.

Llama la atención que a 8 meses de concluir este sexenio, se busque realizar un importante adelgazamiento de la Administración Pública Federal que por definición se encuentra a cargo del propio Poder Ejecutivo Federal, ello por medio de la eliminación importantes órganos desconcentrados, organismos públicos descentralizados, así como de los órganos reguladores coordinados en materia energética a partir de criterios que prácticamente se limitan a buscar un ahorro en el gasto y que no son exhaustivos en analizar los efectos que dichas eliminaciones pueden producir en la cobertura y calidad de los servicios públicos que actualmente prestan. Y es que luego de experiencias como el fracaso claro que fue la creación del Instituto de Salud para el Bienestar, seguramente como sociedad deberemos ser menos obsequiosos y más analíticos que lo que ha sido el Poder Legislativo Federal a lo largo de estos años con respecto a las propuestas del Poder Ejecutivo Federal.

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Hoy no debemos regatear la esencia democrática y social de nuestra Constitución de 1917, pues a más de un siglo de vigencia, sus aportaciones son reconocidas alrededor del mundo y ello solo se debe a toda una generación de personas brillantes que marcaron al constitucionalismo y lo enriquecieron con la inclusión de los derechos sociales. La primera en el mundo.