Democracia en peligro: la iniciativa que politiza a la justicia federal

Una Suprema Corte de Justicia con 9 ministros para hacer más sencillo el control de los votos de sus integrantes, la desaparición de sus 2 salas especializadas, la disminución de los periodos de los togados a 12 años para elegirlos en la boleta electoral de un proceso controlado por un órgano a modo que reemplazaría al INE, candidatos a jueces de distrito, magistrados de circuito, ministros y magistrados electorales propuestos directamente por el presidente en turno y las cámaras del Congreso contaminadas por los intereses de los partidos políticos. La eliminación del Consejo de la Judicatura Federal para crear un “tribunal de disciplina judicial” también votado con propuestas presidenciales. Controversias y acciones descafeinadas para evitar la suspensión de normas que violen la Constitución, juzgadores y ministros vulnerables al juicio político de las mayorías en San Lázaro y muchas barbaridades más que aniquilarían la independencia del único poder que fija límites efectivos a un Ejecutivo de convicción dictatorial.

Esa es la propuesta de reforma judicial de Andrés Manuel López Obrador para direccionar la campaña de Claudia Sheinbaum en los próximos 3 meses. Una iniciativa digna de Nicolás Maduro en Venezuela o de Evo Morales en Bolivia, diseñada para eliminar los equilibrios y formalizar las bases de un neo maximato regresivo en pleno siglo XXI.

Después de leer detenidamente el documento entregado por Luisa María Alcalde que consta de 135 páginas, la conclusión confirma la perversa intención del obradorato. La propuesta pretende erradicar perfiles de carrera judicial para asociar la impartición de justicia a personajes agradecidos con sus patrocinadores y replicar las prácticas vergonzantes de legisladores sin criterio propio que ponen precio a su dignidad. Jueces a modo para obedecer a ciegas, investidos bajo criterios políticos a pesar de su ignorancia y para muestra tenemos el prototipo de Lenia Batres Guadarrama.

Vamos al fondo, se plantea que para designar ministros cada poder postularía 10 candidatos, es decir, se aplicarían cuotas para vulnerar la autonomía del judicial.

La elección por voto directo en las urnas a nivel nacional sería supervisada por el denominado Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC) un Frankenstein que reemplazaría al INE todavía autónomo. Los candidatos a ocupar sitial en una Corte de 9 integrantes podrían hacer campaña para convencer a los electores y tendrían derecho a tiempos oficiales en medios de comunicación para promoverse. No es necesaria la experiencia jurisdiccional, la votación se realizaría de forma concurrente con la elección intermedia o la presidencial.

Se alteran las condiciones para blindar a los togados de persecuciones como la que enfrenta el ministro Alberto Pérez Dayán con la amenaza de un juicio político que por el momento y las condiciones vigentes no procederá. De aprobarse la propuesta de AMLO quedaría al alcance de la mano la procedencia ante la Cámara de Diputados para sancionar a ministros que afecten los intereses del gobierno en turno.

Se intentará suprimir la efectividad del Máximo Tribunal para anular leyes violatorias de la Constitución ¡faltaba más! Para lograrlo, en los casos de controversias y acciones que impugnen normas generales, en ningún caso su admisión daría lugar a la suspensión de las leyes cuestionadas. Si violan la Carta Magna ¡no importa!

En caso de que algún ministro se ausente por más de 1 mes, falleciera o renuncie sin mediar causa grave para su separación definitiva del cargo, el Ejecutivo integraría una terna que sería valorada por el Senado para designar a un ministro interino que cubriría la vacante por lo que resta del periodo. Si, escucharon bien ¡ministro interino!

La iniciativa también plantea desaparecer el Consejo de la Judicatura Federal, así de plumazo. Sería reemplazado por 2 órganos compuestos cada uno por 5 integrantes electos también por voto popular. Un “Tribunal de Disciplina Judicial” y otro para administrar el ejercicio de la impartición de justicia a nivel nacional. Este entuerto para “disciplinar” juzgadores investigaría y sancionaría a jueces de distrito, magistrados de circuito, magistrados electorales y ministros; sus resoluciones serían definitivas e inatacables. ¡Ministros supeditados a un tribunal interno de disciplina con atributos inquisitorios!

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Los juzgadores federales electos en las urnas durarían en el encargo 9 años con posibilidad de reelección por uno o varios períodos adicionales (no especifica cuantos) lo que propiciaría que jueces de menor jerarquía tendrían más posibilidades de continuidad que los propios ministros de la Suprema Corte cuyo periodo máximo sería de 12 años improrrogables.  

Un auténtico golpe de Estado con falsa apariencia popular para borrar los diques vigentes al presidencialismo más autoritario que se recuerde desde Gustavo Díaz Ordaz.

Curiosamente en el paquetazo de iniciativas de AMLO no hay una sola línea que proponga corregir el rumbo de una Fiscalía General de la República que actúa por consigna, fabrica culpables, ejecuta venganzas privadas, presiona jueces, propicia la impunidad y pone precio a la procuración de justicia más devaluada en las últimas décadas. Alejandro Gertz es el héroe de una película de infamias que le compite a Torquemada un sitio de honor en el infierno.

¿Ustedes desean un país sin equilibrios donde el poder político extinga la posibilidad de que jueces constitucionales fijen límites a un Ejecutivo todopoderoso? Si la respuesta es no, entonces les sugiero que nos ocupemos de concientizar el voto informado para evitar una catástrofe irreversible que encamina a nuestra democracia hacia el patíbulo de una “transformación” basada en las mentiras y la demagogia.

Indudablemente defender la independencia de un Poder Judicial amenazado con tanta rabia, es ubicarse del lado correcto de la historia.

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EDICTOS

Hay señales claras de que las cosas no van bien en el Instituto Federal de Especialistas en Concursos Mercantiles (IFECOM) órgano auxiliar del Consejo de la Judicatura Federal. Bajo la dirección de Edgar Manuel Bonilla del Ángel, quien llegó a esa esa posición durante la administración de Arturo Zaldívar (junio de 2019) el instituto ha diluido su compromiso con la imparcialidad. Resulta que el exvicepresidente Jurídico de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y exabogado de la firma Deloitte, tiene muchos compromisos con funcionarios en el sector bancario y con socios de diversos despachos que litigan asuntos ante la institución que dirige. Fuentes internas dentro de este órgano me han confiado que Bonilla incide para inclinar la balanza en la resolución de asuntos en los que se busca quebrar a la mala a diversas empresas con el beneplácito de despachos de alta gama y poca honra.

El director del IFECOM ha organizado mesas de análisis y encuentros públicos a los que ha invitado con tapete rojo a socios de bufetes que están litigando ante esa institución, mostrando abierta preferencia y cercanía también con las áreas jurídicas de algunos bancos cercanos a las mismas firmas.

Hay indicios de sentencias concursales en las que se favorecen los intereses de acreedores y sus despachos, afectando el derecho a una intervención imparcial de las empresas bajo concurso mercantil. Se dice en los pasillos de la Judicatura Federal que Bonilla del Ángel tiene los días contados bajo la presidencia de la ministra Norma Piña, a quien se le reconoce, entre otras cosas, por su convicción de cero tolerancia contra quienes comprometan la objetividad e imparcialidad dentro del Poder Judicial de la Federación.