Centralización de la salud: una crisis dentro de otra

Hace dos semanas, comenté en este espacio sobre la terrible decisión del Ejecutivo de terminar con los poco más de 40 años de evolución positiva del sistema de salud de México, acabando con la -verdadera- federalización y dando origen a un sistema de decisiones centralizadas, apropiándose de los recursos, de las entidades, con el fin de controlarlo todo desde el Gobierno Federal.

Como lo he mencionado en varios foros, detrás de esta medida no existe, ni mínimamente, el propósito de beneficiar a la población o a los pacientes, sino que refleja, tanto una posición ideológica, como la urgente necesidad de manejar a discreción, todos los recursos de salud; desde los presupuestos de los programas más básicos, hasta el hoy saqueado “fondo de gastos catastróficos” del extinto Seguro Popular.

En un país con las características de México, la centralización del sistema de salud representa un retroceso significativo en términos de eficiencia, equidad y calidad en la atención médica y, con ello, el presidente ignora las vastas diferencias regionales y las necesidades específicas de la población, con una serie de desventajas y retos que comprometen el bienestar de sus ciudadanos.

La centralización conlleva a una asignación de recursos que no siempre corresponde con las necesidades locales. En un país tan diverso como México, lo que funciona en una región puede no ser adecuado en otra. Esto puede resultar en una gran ineficiencia, que dé como resultado una escasez de recursos en áreas críticas, mientras que otras pueden experimentar un exceso innecesario, afectando la calidad del servicio y la satisfacción del usuario. Desde la creación del extinto INSABI, no fueron pocos los médicos que me comentaron como recibían medicamentos que no solicitaron, con la amenaza explícita de que no podían devolverlos ni permitir que se caducaran, mientras que continuaban en desabasto con lo que realmente necesitaban.

La capacidad de respuesta rápida es crucial en la gestión de emergencias de salud. La centralización implica una burocracia más pesada y tiempos de respuesta más lentos, ya que las decisiones deben pasar por varios niveles de aprobación antes de implementarse. Esto puede tener consecuencias fatales en situaciones de crisis, donde cada segundo cuenta. El ejemplo más claro de la falla de las decisiones centrales la vivimos en los años duros de la pandemia, donde claramente se perdió tiempo valioso al realizar censos y “encuestas” por parte de los “Siervos de la Nación”, mientras la población requería de insumos, equipos de protección personal para médicos y personal de salud; y con la muy torpe “estrategia” de usar las “Brigadas Correcaminos” para el inicio de la vacunación.

Sistemas de salud centralizados en países de gran tamaño y diversidad, como Rusia, pueden enfrentar dificultades para responder adecuadamente a las necesidades de salud locales. La centralización puede llevar a un enfoque “de talla única” que no considera las diferencias regionales en términos de prevalencia de enfermedades, determinantes sociales de la salud, o acceso a servicios médicos.

Como lo comenté en mi columna pasada, las entidades federativas y los municipios tienen la capacidad de ser laboratorios de innovación, probando y adaptando modelos de atención y gestión en salud que mejor se ajusten a sus contextos específicos. La centralización desincentiva (o penaliza) la innovación y la adaptación de prácticas exitosas, homogeneizando el servicio de salud, con criterios políticos o ideológicos, pero sin considerar las particularidades locales.

Un sistema de salud eficaz requiere de la participación activa de la comunidad en la planificación y gestión de los servicios. La centralización aleja la toma de decisiones de las comunidades locales, disminuyendo su capacidad para influir en cómo se prestan los servicios de salud, lo que puede llevar a una menor aceptación y adecuación de los servicios ofrecidos.

Como lo hemos visto desde hace más de cuatro años, la concentración del poder y de los recursos en una sola entidad incrementa los riesgos de corrupción y mal manejo. La falta de transparencia y rendición de cuentas en un sistema centralizado puede llevar a la asignación ineficiente de recursos, sobrecostos y, en última instancia, a una disminución en la calidad del servicio de salud. Los ejemplos en México abundan hoy en día, con un sistema de adquisiciones de medicamentos e insumos, donde más del 70% se compra hoy en día mediante asignación directa y a proveedores oscuros.

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Venezuela, por ejemplo, ha experimentado un grave desabasto de medicamentos e insumos médicos, exacerbado por una administración centralizada que controla la importación y distribución de productos farmacéuticos. La falta de transparencia y la gestión ineficaz han contribuido a una crisis humanitaria, con impactos devastadores en la salud de la población.

En contraste, un sistema de salud verdaderamente federalizado, que distribuya el poder y los recursos de manera equitativa entre las entidades federativas, podría adaptarse mejor a las necesidades específicas de cada región, promover la innovación, mejorar la eficiencia en la asignación de recursos, y aumentar la participación comunitaria. Esto no solo mejoraría la calidad de la atención sanitaria en México, sino que también fortalecería la autonomía de las entidades federativas y fomentaría un sentido de responsabilidad y pertenencia entre los ciudadanos hacia su sistema de salud.

Este último punto suele ser controversial, ya que es normal que traiga a la memoria los abusos y malversación que varios gobernadores hicieron con los recursos asignados desde el Seguro Popular, incluyendo la tristemente célebre compra de bevacizumab falsificado, por un gobernador de Veracruz. Sin embargo, este y otros problemas no son inherentes al manejo estatal de los recursos, sino a la falta de mecanismos de fiscalización y auditoría, que se han reconocido como la debilidad principal del Seguro Popular.

La realidad es que, con un sistema verdaderamente federalizado, cada estado cuenta con incentivos para el manejo exitoso de la salud de sus ciudadanos como ha sido el caso en los estados de México, Guanajuato, Jalisco y Nuevo León, los tres últimos, por cierto, serán obligados a afiliarse y entregar sus recursos al IMSS-Bienestar.

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La centralización del sistema de salud en México es una estrategia que ignora las complejidades y la diversidad del país y, como lo he comentado, es solo una decisión ideológica que busca adueñarse del control y los recursos de la salud de los mexicanos. En lugar de avanzar hacia un modelo más centralizado, notoriamente retrógrada, México debería esforzarse por fortalecer un sistema que sea inclusivo, adaptable y eficiente, capaz de responder a las necesidades únicas de su población y garantizar el acceso equitativo a servicios de salud de alta calidad para todos sus habitantes.