Cada enero, el mundo pone la mirada en el Foro Económico Mundial. Davos no firma tratados ni impone reglas, pero sí cumple una función clave: anticipa hacia dónde se mueven las decisiones globales. Lo que ahí se discute suele convertirse, meses después, en política pública, alianzas estratégicas o nuevos equilibrios de poder. En 2025, como analicé en mi columna México en Davos 2025: Oportunidades estratégicas en un contexto de transformación global, el foro fue un espacio de diagnóstico. En 2026, en cambio, fue algo más: una vitrina donde comenzaron a mostrarse soluciones paralelas.
En ese escenario apareció la Junta de Paz (Board of Peace). Impulsada por Donald Trump, la propuesta partió de un diagnóstico que hoy resulta fácil de entender incluso para quienes no siguen la geopolítica de cerca: los conflictos armados se prolongan, las crisis humanitarias se agravan y los mecanismos tradicionales tardan demasiado en responder. La Junta de Paz se presentó, así, como un intento por acelerar decisiones, coordinar actores y pasar del acuerdo político a la acción en el terreno.
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Para dimensionar el alcance del anuncio conviene explicar, sin tecnicismos, cómo se plantea su funcionamiento. La Junta de Paz no sería un organismo universal como la ONU. Sus estatutos prevén membresías por invitación, reglas propias y una dirección central fuerte. La permanencia y el peso dentro del mecanismo estarían ligados al compromiso político y financiero de cada integrante. En términos simples, se trataría de un esquema más cerrado, diseñado para actuar rápido, aunque eso implique renunciar al consenso amplio.
Las reacciones no tardaron en evidenciar tensiones. Algunos países aceptaron participar desde el inicio; otros prefirieron declinar o mantener distancia. Esa división refleja una preocupación legítima: para ciertos actores, la Junta de Paz podría ser una vía pragmática frente a la parálisis; para otros, un riesgo de fragmentar esfuerzos y debilitar reglas comunes. No es un debate menor, porque de fondo está la pregunta sobre quién decide, con qué legitimidad y bajo qué controles.
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Este punto conecta directamente con otra reflexión previa. En Es tiempo de mujeres: capítulo ONU advertí que la Organización de las Naciones Unidas mantiene legitimidad normativa, pero enfrenta límites operativos cada vez más visibles. Vetos, bloqueos y procesos prolongados han dificultado que sus resoluciones se traduzcan en resultados concretos. Davos 2026 confirmó esa lectura: ya no solo se habla de reformar al multilateralismo, sino de rodearlo con mecanismos alternativos.
Desde México, donde en los últimos años se ha insistido en que las instituciones deben servir a las personas y ofrecer resultados tangibles para mexicanas y mexicanos, este debate resulta especialmente relevante. La eficacia importa, pero también importan las reglas, la inclusión y la rendición de cuentas. El desafío consiste en encontrar un equilibrio que no sacrifique legitimidad en nombre de la rapidez, ni condene a la inacción por exceso de procedimientos.
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La Junta de Paz no es una anomalía ni un gesto aislado. Es, más bien, el síntoma más visible de un sistema internacional en plena transición. Su aparición confirma que, frente a la parálisis operativa, el orden mundial comienza a ensayar reemplazos funcionales que privilegian la ejecución sobre el consenso y el liderazgo sobre la colegialidad. En este escenario, la Organización de las Naciones Unidas no pierde su legitimidad normativa ni su valor histórico, pero sí enfrenta el riesgo real de quedar desplazada en la práctica si no logra adaptarse a un mundo que ya no espera. El mensaje de fondo es claro: la ONU no será sustituida por un solo actor, sino rodeada progresivamente por mecanismos alternativos que, sin derrocarla, podrían volverla prescindible. Ese es el verdadero punto de inflexión que deja Davos 2026.
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