Como una de las novedades que el gobierno de Donald Trump trajo a la escena gubernamental de los Estados Unidos, fue la inclusión de Elon Musk encabezando del Departamento de Eficiencia Gubernamental (DOGE por sus siglas en inglés). Con un argumento que ya se ha escuchado en México y en otros países, el DOGE se está encargando de generar ahorros en el ejercicio del presupuesto del gobierno federal estadounidense a partir de, básicamente, despedir a personas servidoras públicas.
Si bien buscar la eficiencia de una organización debe ser un objetivo permanente por parte de quienes la administran, el enfoque utilizado por Musk es claramente erróneo y las consecuencias negativas que con el paso del tiempo traerá están por verse. Es erróneo toda vez que no buscar conciliar esos ahorros con una prestación de servicios públicos caracterizada por la calidad y por de alguna manera garantizar la continuidad de estos tiene solo como resultados posibles serios conflictos laborales, choques entre las instituciones y un debilitamiento de la estructura de este. No está de más recordar que la experiencia de Musk se ha dado solamente en el sector privado, lo que lo hacen ajeno al quehacer de la función pública.
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En distintas latitudes y en diferentes momentos se ha intentado asimilar a la administración de instituciones privadas con la administración de instituciones públicas, sin embargo, no se conoce prácticamente un solo ejemplo donde esta empresa haya resultado exitosa. Hoy en Estados Unidos y en varios países, somos testigos de un adelgazamiento de la estructura gubernamental del Estado a partir de diversas razones esgrimidas por sus protagonistas, aunque con ciertas diferencias, todas dicen hacerlo porque el pueblo así lo exige.
Con una metodología desconocida y a partir de actos que son claramente contrarios a la Constitución estadounidense y a las leyes aplicables, en los últimos días el DOGE llevó a cabo envíos masivos de correos electrónicos a personal del gobierno federal a través de los que básicamente y sin intervención de sus superiores jerárquicos respectivos.
Por medio de este correo intitulado “¿Qué hiciste la semana pasada?”, el DOGE (en un claro ejemplo de intimidación) consultó a las personas servidoras públicas destinatarias qué acciones habían realizado en su trabajo, entendiendo que la ausencia de respuesta sería asumida como una renuncia a su cargo. Cabe destacar que ya sea en México o en los Estados Unidos, este intento de acto administrativo carecería de elementos esenciales y de requisitos de validez por múltiples razones, lo cual lo haría fácilmente impugnable y lo convertiría en solamente un ejemplo de cómo no se deben hacer las cosas.
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Lo anterior, obviamente ha generado un descontento en las personas trabajadoras y en sus sindicatos, además de que algunas agencias a las que se encuentran adscritas les han ordenado no contestar y algunas otras han hecho lo contrario. Lo cierto es que este tipo de acciones al menos están produciendo desconcierto y de ello, seguramente, resultarán administraciones públicas muy reducidas y con una pérdida clara de profesionalización, lo que es una mala noticia para el propio gobierno federal y para el país mismo.
Probablemente estemos presenciando las primeras de muchas acciones mediante las cuales la administración Trump buscará reducir de manera sustancial el tamaño del gobierno y, con ello, el poder del Estado. En una época en la que la política exterior estadounidense se ha modificado y por la cual este país se enfrentará a sus tradicionales rivales y también a sus históricos aliados en un entorno en el que las grandes tecnológicas han ganado más poder económico y más poder político, un gobierno famélico no es una buena manera de afrontar retos que desde hace muchos años el mundo occidental no ha enfrentado.