El presidencialismo estadounidense y su exacerbación
Perístasis

Jefe de la División de Educación Continua de la Facultad de Derecho de la UNAM, socio de la firma Zeind & Zeind y miembro del Sistema Nacional de Investigadores.

X: @antoniozeind

El presidencialismo estadounidense y su exacerbación
Imagen de la Casa Blanca y la bandera de EU. Foto: EFE

“El presidente no goza de inmunidad por sus actos no oficiales, y no todo lo que hace el presidente es oficial. El presidente no está por encima de la ley. Pero el Congreso no puede criminalizar la conducta del presidente en el desempeño de las responsabilidades del Poder Ejecutivo según la Constitución”. El anterior, se trata de un extracto de la sentencia dada a conocer recientemente por la Suprema Corte de los Estados Unidos sobre las responsabilidades que, por los actos realizados en el ejercicio de sus funciones, puede tener el titular del Ejecutivo en aquel país.

Ampliamente comentada y de alcances aun indeterminados, la resolución que se comenta parece ampliar el blindaje con que cuenta quien encabeza ese poder en Estados Unidos más allá de lo demostrado a lo largo de la historia, pues en esta ocasión esa protección pudiera funcionar tiempo después de haberse cumplido el mandato constitucional por parte, ahora sí, de la persona en cuestión.

Apostando por contar con “un Ejecutivo enérgico e independiente”, 6 de las 9 personas juzgadoras que forman parte de esa Corte, decidieron dejar clara la inmunidad judicial con que cuenta la persona que ocupa ese sitial en el ejercicio de sus funciones. Efectivamente, respecto de esa inmunidad quedan cada vez menos dudas respecto de su indiscutible presencia y de las situaciones ante las que opera (al realizarse actos oficiales), sin embargo, es a la hora de definir cuáles son actos oficiales y cuáles no, donde se ha comenzado a abrir una gran discusión, pues por momentos la línea entre los actos realizados por la persona servidora pública al ejercer funciones de ese tipo y los actos llevados a cabo fuera de esa función pública suele ser muy delgada y por lo tanto confusa. Sobre todo, el hecho de que una persona que ocupe la presidencia de Estados Unidos tenga la posibilidad de cometer ilícitos llevando a cabo actos oficiales, le daría a esta la posibilidad de cometer delitos sin consecuencia alguna siempre que lo haya hecho ejerciendo sus facultades constitucional y legalmente atribuidas.

Es específicamente en el caso de Donald Trump, en dónde esta interpretación judicial le puede ser muy beneficiosa a una persona en concreto, pues al estar inmerso el expresidente y ahora candidato presidencial en diversos procesos penales, dicha inmunidad podrá ser alegada por su defensa y la dilación que de por sí han tenido esas causas podrá prolongarse todavía más tiempo, pudiendo presentarse el hecho de que Trump obtenga la victoria electoral el próximo mes de noviembre y los actos ilícitos por lo que ha sido y sea hallado culpable finalmente queden impunes y la conocida como “persona más poderosa del mundo” lo sea más al prácticamente estar por encima de la ley.

Y es que la composición que se fue confeccionando en los últimos años para la Corte Suprema estadounidense ha despertado serias dudas respecto de su eventual imparcialidad, pues su integración mayormente identificada con las causas conservadoras hace que sentencias como la señalada lleven, de acuerdo con muchas voces, importantes cargas en beneficio de los republicanos y en este caso de Trump.

Los retos que alrededor del mundo se están presentando para la democracia, para la división de poderes y para el Estado de derecho son muy importantes y complejos de superarse, no obstante, se debe señalar los posibles riesgos que estos últimos sucesos traerán para las sociedades democráticas, y cómo frases como rex non potest peccare o the king can do no wrong, podrían estarse reviviendo e impactando contundentemente en algunas de nuestras decisiones políticas fundamentales al promover a través de la conocida como “inmunidad soberana” poderes ejecutivos potencialmente imperiales.

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