Periodista y abogado con más de 35 años de trayectoria. Reportero, comentarista y consultor experto en temas jurídicos. Premio Nacional de Periodismo José Pagés Llergo 2011. Especialista en el Poder Judicial de la Federación y analista político.
X: @jenroma27
La incertidumbre, el caos y la esperanza
La nota es que todavía es viable una controversia en la Corte para suspender la reforma judicial por evidentes violaciones al procedimiento legislativo.
La nota es que todavía es viable una controversia en la Corte para suspender la reforma judicial por evidentes violaciones al procedimiento legislativo.
Para confirmar que la motivación personal del Nerón de Macuspana al impulsar aceleradamente la reforma judicial era una venganza, hemos visto un proceso legislativo sumarísimo y plagado de violaciones con el propósito de publicar el entuerto justo el 15 de septiembre e iniciar su vigencia un día después, como si el golpe a la democracia constitucional fuera un motivo de festejo nacional.
La ignorancia presidencial y sus rencores patológicos han dado como resultado un escenario inédito que magnifica los efectos destructivos sin leyes secundarias que permitan aterrizar de forma básica (si esto fuera posible) la operatividad del Poder Judicial de la Federación. Los aplaudidores del atropello histórico sólo se limitan a celebrar sin entender aún la dimensión de la onda expansiva que provocará la reforma constitucional más nociva desde 1917.
Ha iniciado la etapa de desmantelamiento del aparato de impartición de justicia a nivel nacional, la Suprema Corte se vio en la necesidad de someter a votación si sus dos salas seguían funcionando o, de inmediato, se suprimen como lo determina el reciente cambio constitucional mayoriteado con irresponsabilidad en el Congreso de la Unión. Un integrante del pleno me confió que los ministros resolvieron 8 a 3 que se mantengan funcionando, los votos en contra fueron de Norma Piña, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Lenia Batres. Efectos inimaginables que ya son paisaje costumbrista en la coyuntura.
¿Cuál es el dilema inmediato? Hay dos escenarios, cumplir la regresiva reforma al pie de la letra y permitir que colapse la estructura judicial en todo el país o tratar de remendar de bote pronto las cosas como se vaya pudiendo. De ese tamaño ha sido la irresponsabilidad presidencial de la mayoría legislativa absoluta lograda con traiciones.
Cientos de juzgadores federales se ocupan de su destino, sabiendo que la carrera judicial que han construido por décadas ha sido suprimida para dar paso a la elección popular de quienes lleguen a ocupar su lugar mediante condiciones de “dedazo popular”, sin los conocimientos y la experiencia básica que implica el profesionalismo de un perito en derecho calificado para tan delicada función. Secretarios de estudio y cuenta, jueces y magistrados consideran sus opciones para salir del país y buscar otros horizontes profesionales, voltean a ver a la academia como opción o incluso a la iniciativa privada. No es fácil plantearse repentinamente un cambio tan abrupto, las consecuencias personales son costosas, pero las institucionales serán catastróficas.
En junio de 2025, dentro de nueve meses, el INE que ha perdido credibilidad tendrá que realizar unas elecciones que no tienen pies ni cabeza en su logística y estructura metodológica. Bajo las condiciones aprobadas en el Legislativo, la aplanadora morenista impondrá incondicionales para hacer una simulación con apellido popular. Los “neo juzgadores” llegarán más que amarrados en su voluntad para decidir el destino de los asuntos y resoluciones por consigna política. El panorama es funesto, habrá muerto la impartición de justicia autónoma e independiente y el fuego de la hoguera inquisidora alcanzará a toda la estructura del Estado mexicano.
Prepárense ciudadanos para ver la concentración de los tres Poderes de la Unión bajo una sola voluntad autocrática que nos acerca al caos para destruir los avances de tres décadas. El colapso es tan inquietante que ha provocado la reacción de Ernesto Zedillo, quien se había mantenido al margen de opiniones políticas. No haré apologías sobre el desempeño del personaje en cuestión, a quien conocí cercanamente como reportero de la fuente presidencial hace mucho tiempo ya, sin embargo me remito a tres grandes logros incuestionables durante su mandato, entre 1994 y el 2000.
Propició una auténtica reforma judicial progresista que convirtió a la Corte en Tribunal Constitucional, el paradigma cambió favorablemente y sentó las bases de un sistema profesional de carrera que impulsó reales contrapesos que, por primera vez en la historia moderna, afianzaron una real división de poderes en México. Otra convicción de Zedillo fue desprenderse de su partido para propiciar una necesaria y civilizada alternancia, esto lo costó en su momento el adjetivo de traidor entre los priistas más duros y tradicionalistas. Durante ese sexenio también se fortaleció al entonces IFE hasta convertirlo en un árbitro confiable y reconocido a nivel internacional.
Ahí están los hechos, la frustración del expresidente es evidente porque 30 años después se clausuran con perversidad inaudita esos avances de nuestra democracia. El obradorato justo ha dado vuelta en “U” para decapitar a la Corte autónoma, anular la separación de poderes y construir los cimientos de una nueva dictadura que jamás soltará por cauces pacíficos e institucionales el enorme poder que ya detenta. El espíritu honorable del constituyente de 1917 ha sido ejecutado en el paredón del populismo de esta tercera década del siglo XXI.
Como sicario de la justicia, Andrés Manuel López Obrador dio orden de ejecución antes de un juicio justo con diagnósticos serios ¿Hacía falta una reforma al Poder Judicial? Claro que sí, pero una para mejorar y corregir insuficiencias sistémicas que Arturo Zaldívar aseguró corregir durante su presidencia en la Corte. Se aprobó con prisa y sin cambiarle una coma una reforma que no tiene como aterrizar y propicia una incertidumbre que será terriblemente costosa en términos de confianza hacia nuestro país, pero por encima del destino institucional está el ajuste de cuentas del peor de todos los presidentes.
Antes del 15 de diciembre deberá estar armonizada la legislación secundaria con la reforma de López Obrador, imaginense la clase de parches que vendrán para tratar de ajustar 18 leyes a semejante barbaridad.
¿Quiénes dentro del Poder Judicial ganaron con el golpe? Los magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral cuyos nombramientos se han prolongado hasta 2027 como premio a su docilidad ante el régimen, además Mónica Soto y Felipe de la Mata tendrán el adicional de la toga que sin vergüenza portarán como pago a su entreguismo.
Los ministros de la actual integración, excepto Luis María Aguilar que termina su periodo en noviembre, tendrán que decidir antes del cierre de la convocatoria electoral si aceptan renunciar para quedarse en el puesto hasta agosto de 2025 a cambio de garantizar sus haberes de retiro. Margarita Ríos Farjat ha externado públicamente que no aceptará dicho ofrecimiento y les puedo anticipar que ministros como Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán lo están valorando.
A mediados de octubre, la Cámara de Senadores deberá lanzar la convocatoria para que desde los tres poderes se integren las listas de candidatos a participar en la elección de juzgadores a través del voto. Nueve ministros y los titulares de los nuevos órganos de disciplina y administración que reemplazarán al Consejo de la Judicatura Federal.
Veremos en los próximos meses ese penoso episodio de las campañas políticas de cerca de 850 aspirantes a jueces y magistrados en todo el país, en ese bizarro concurso de popularidad forzado en la ley para menosprecio de la carrera judicial, inventado para que incondicionales morenistas se conviertan en la justicia de cuarta transformación.
Cierro esta columna con la novedad más reciente en el frente de la Suprema Corte que se resiste a morir. Al mediodía del miércoles 18 de septiembre, la ministra Norma Piña abrió una nueva consulta entre sus colegas para determinar la procedencia de una controversia prevista en el artículo 11 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, interpuesta por magistrados y jueces federales para suspender la aplicación de la reforma judicial que ya se encuentra en vigencia.
El argumento, por demás válido, es el amplio catálogo de violaciones al procedimiento legislativo que hemos atestiguado en días recientes. El asunto que implica esta consulta de obvia urgencia ha sido turnado al ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, quien analizará el caso para someter a consideración del pleno un proyecto de resolución que podría descarrilar la venganza del Nerón macuspano. Para fortalecer esta posibilidad, el ministro cuenta con sólidos precedentes. El episodio final de esta historia aún no está escrito, la Corte que preside Piña Hernández no claudica.
EDICTOS
No hay que perder de vista que las enérgicas declaraciones del expresidente Ernesto Zedillo se dieron en el contexto de la Conferencia Mundial 2024 de la International Bar Association (IBA), que congregó en la Ciudad de México a instancias de la Barra Mexicana Colegio de Abogados a los presidentes de las principales barras del mundo. En el encuentro hubo un consenso arrollador de indignación por el golpe al Poder Judicial de nuestro país, un tema que ya es de dominio público global.
Síguenos en
