La hasta hoy denominada Secretaría de la Función Pública se convertirá en la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno en la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.
A partir de un diagnóstico en el que destacó algunos de los efectos negativos que implica la existencia de actos de corrupción en el gobierno, la titular de esta dependencia expresó que “la corrupción, no solo por cuestiones éticas, sino también pragmáticas, tiene que ser erradicada por el bien de todos”. Por supuesto, todas y todos estamos de acuerdo con lo perniciosa que es la corrupción para toda la sociedad y en la necesidad de reducirla de manera importante.
Entre las acciones que la secretaria Raquel Buenrostro detalló que se implementarán de manera transversal en todas las dependencias de gobierno se encuentran:
- Dignificar la carrera del servicio público a través de la formación en integridad.
- Acompañamiento preventivo a las instituciones y blindar programas prioritarios desde el comienzo para inhibir la corrupción.
- Modernizar la Administración Pública Federal (APF) con ayuda de la digitalización y sistematización que realizará la Agencia de Transformación Digital.
- Consolidar compras públicas transparentes a precios justos.
- Transparencia proactiva.
- Sumar a la sociedad y al sector privado en el combate a la corrupción.
- Enfocar a los Órganos Internos de Control (OIC) en áreas de mayor impacto y relevancia.
- Fortalecer la cultura de la denuncia.
- Realizar investigaciones que inhiban la corrupción.
- Combatir la impunidad al hacer que violar la ley sea más caro que cumplirla.
No obstante, para que la política de anticorrupción y de buen gobierno se convierta en una política de Estado, nuestro país requiere de mayores esfuerzos que crucen a todos los poderes y órdenes de gobierno y que también alcancen al sector privado, pues es bien conocido que existen prácticas contrarias a estas políticas en ámbitos que van más allá del Poder Ejecutivo Federal.
Si bien estas acciones parecen ser en principio muy generales, sin duda una realización eficaz de las mismas tiene buenas posibilidades de dar resultados positivos por lo que hace a ese Poder Ejecutivo Federal. Sin embargo, llama la atención por su cobertura lo ambicioso que puede ser este plan y que, a la vez, no incluya a la profesionalización de las personas servidoras públicas como un factor fundamental para contar con una buena administración.
Aún cuando en diversos ámbitos de la Administración Pública Federal se han realizado esfuerzos a veces superficiales y otras veces profundos para lograr la profesionalización de los recursos humanos de la misma, lo cierto es que en muy pocas áreas de esta estructura se encuentran normas realmente aplicadas, procedimientos verdaderamente respetados e instituciones claramente funcionales en aras de lograrlo.
Actualmente el conocido como “Servicio Profesional de Carrera” se ha convertido en un sistema que pocas veces funciona y sus normas y procedimientos en aspectos que pueden o no observarse de acuerdo con lo convenientes que puedan ser.
Por lo anterior, resultaría ideal que la “formación en integridad” señalada por la primera de las acciones de la renombrada dependencia incluya esfuerzos por la profesionalización en el servicio público (no solo dentro del Poder Ejecutivo Federal sino en todos los poderes y órdenes de gobierno). Sin duda, esto conllevaría un importante esfuerzo cuyos frutos no podrían disfrutarse en lo inmediato pero que, definitivamente, fortalecerían a la función pública en los años por venir.