En una nueva página del peculiar momento que viven las instituciones encargadas de la procuración de justicia alrededor del país, esta semana pudimos ser testigos de la renuncia de quien estuvo al frente de la Fiscalía General del estado de Veracruz por más de 6 años en una primera etapa de manera interina y, luego, siendo ratificada por el congreso local para ocupar el cargo por 9 años.
En tiempos en los que las complejidades relacionadas con la delincuencia siguen presentes y en algunos lugares incluso se han agudizado, uno de los reclamos que más persisten es el de las áreas de oportunidad con que cuentan las fiscalías o procuradurías, en su caso. Debemos recordar que en el caso de México existen una Fiscalía General de la República y 32 instituciones locales encargadas de la procuración de justicia, cada una de ellas con particularidades en su diseño y en los problemas regionales que enfrentan.
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Algunas de las razones que con más fuerza se escucharon cuando se decidió realizar las profundas reformas a los poderes judiciales federal y estatales, fueron relacionadas con los problemas de inseguridad que se vive alrededor del país, sin embargo, en el caso de las instituciones de procuración de justicia no se ha planteado realizar cambios que lleven a que esta tarea de los gobiernos federal y estatales se haga de mejor manera de lo que podemos ver. Ello a pesar de la importancia que éstas tienen para lograr un respeto irrestricto a la ley y una convivencia armónica entre las personas integrantes de la sociedad.
Así, hoy podemos observar que estas instituciones están sufriendo importantes cambios que han resultado no de una deliberación, sino que han respondido a cuestiones coyunturales, lo que en momento alguno garantiza un mejoramiento automático en el desempeño de sus labores.
Desde luego, las ideas de estas instituciones van estrechamente ligadas a la idea del Ministerio Público, encontrando que en nuestro país éste cuenta con diversos antecedentes pero que, fue a partir de la Constitución de 1857, en que su concepción se acercó más a lo que es hoy. En aquellos tiempos, estas estructuras eran designadas libremente por el Poder Ejecutivo por un periodo de 4 años.
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A lo largo de los años estas instituciones sufrieron diversas reformas, no obstante, una de las más profundas llegó al momento en que se consideró que era necesario separarlas del poder político lo más posible (es decir, de la enorme influencia que en ellas ejercían las personas titulares de la Presidencia de la República y de las gubernaturas y jefatura de gobierno de las entidades federativas).
Esto viene a colación toda vez que la comentada renuncia esta semana de quien ocupaba la titularidad de la fiscalía veracruzana se dio en un contexto en el que el congreso local reformó la Constitución y a pesar de tratarse de una institución con autonomía constitucional, brindó un peso específico muy grande a la persona titular del Poder Ejecutivo Local tanto en su designación, como en su ratificación y remoción; así como también redujo el periodo en el encargo a 4 añosy permitió su “ratificación” por una ocasión. Es decir, creó los incentivos para que la incipiente autonomía de esta institución se redujera y se volviera a la idea de dependencia del Ejecutivo que había en el Siglo XIX.
De esta manera, se puede notar que a una institución que hace casi 11 años le fue otorgada su autonomía constitucional (30 de enero de 2015) se le está convirtiendo, de facto, en una dependencia del Poder Ejecutivo Local en Veracruz, lo cual es un franco retroceso cuyas consecuencias se podrán observar muy pronto.
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Mientras no exista un consenso acerca del modelo de fiscalías que el país requiere, la coordinación entre las mismas será lejana y su proclividad a atender lógicas políticas será muy cercana.