En 2013, México dio un salto histórico en materia de telecomunicaciones. La reforma constitucional impulsada por el gobierno de Enrique Peña Nieto tenía tres objetivos: democratizar el acceso, romper monopolios y consagrar derechos digitales. Para ello, se creó el Instituto Federal de Telecomunicaciones como órgano autónomo, se invistió con la facultad de identificar Agentes Económicos Preponderantes e imponerles medidas asimétricas para limitar su dominio, abrió el mercado a la inversión extranjera y permitió la llegada de nuevos jugadores, como AT&T. Se licitaron cadenas de TV abierta para romper el duopolio y se eliminó el cobro por larga distancia nacional. Apenas un año después, los precios del servicio telefónico e internet habían caído en más de 13%.
La reforma no fue perfecta: en la práctica, el IFT no logró frenar la concentración de mercado de América Móvil; de hecho, esta se intensificó durante su gestión. Sin embargo, el objetivo de la reforma se cumplió en cuanto al impulso de la competencia, inversión y beneficios tangibles para los usuarios. El Estado regulaba, sí, pero sin controlar el mensaje. Se equilibraron las reglas del juego.
Hoy, doce años después, el gobierno de Claudia Sheinbaum propone una Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión que busca un cambio de 180 grados. La extensa iniciativa legislativa, con más de trescientas páginas, opta por eliminar el IFT y concentrar el poder en una única “Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones”, la cual, de aprobarse, estará subordinada directamente al Ejecutivo. Lo que antes hacían varios entes técnicos e independientes, ahora quedaría en manos de una sola oficina con rango de secretaría de Estado.
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El IFT contaba con atribuciones para establecer reglas, frenar abusos de poder e imponer medidas asimétricas a gigantes como América Móvil y Televisa. Si se aprueba la nueva ley, ya no habrá árbitro independiente. Las decisiones regulatorias quedarían en manos del gobierno, que también podrá operar redes, asignar concesiones, bloquear contenidos y definir qué información es a su forma de pensar e intereses, sujeta a ser publicada.
Ese nivel de control es inédito desde la apertura democrática en telecomunicaciones. La justificación oficial suena bien: llevar Internet a zonas marginadas, combatir la propaganda extranjera, y cerrar vacíos legales. Pero el método preocupa. Porque, en el intento por fortalecer la soberanía digital, la nueva ley arriesga debilitar pilares fundamentales: la libertad de expresión, la privacidad y la competencia.Uno de los puntos más polémicos está basado en el artículo 109, que permite a la ATDT bloquear plataformas, redes sociales o aplicaciones sin orden judicial. La redacción es vaga. Bastaría que una autoridad considere que se incumple alguna norma para desconectar un sitio, una app o incluso una red social entera. Esto abre la puerta a la censura discrecional.
La ATDT podría, además, definir la “veracidad” de los contenidos difundidos en medios y plataformas. Colocar al gobierno como árbitro de la verdad resulta altamente riesgoso, más aún en un país con antecedentes de control informativo y espionaje. Se suma el regreso del padrón obligatorio de usuarios móviles, una medida ya declarada inconstitucional, y la posibilidad de realizar apagones de red por razones de “seguridad”. Ninguna de estas medidas requeriría control judicial. Todo quedaría bajo el criterio exclusivo de la ATDT.
Cuando la solución es el problema
La ley incluye elementos positivos, como la intención de cerrar la brecha digital. Pero esos avances no justifican el costo en libertades y autonomía institucional. El fondo del problema es cómo se concentran las facultades, no solo qué se quiere lograr. Si el Estado decide operar redes, puede hacerlo, pero debe regirse por las mismas reglas que los demás actores del sector. Si quiere evitar propaganda extranjera, puede regular con transparencia y límites claros. Lo que no puede hacer es controlar el espectro, definir el contenido y castigar a quien incomode, todo desde una perspectiva e intereses generados desde un escritorio en Palacio Nacional.
Organismos civiles como R3D y Artículo 19 encendieron las alertas y advierten que la ley contradice principios constitucionales y tratados internacionales. Incluso el T-MEC podría estar en juego: el tratado exige un regulador autónomo, no uno subordinado. La industria tampoco está tranquila. Medios tradicionales temen censura y multas desproporcionadas. Empresas digitales temen bloqueos y burocracia. Algunas podrían retirarse del mercado mexicano. Y paradójicamente, los viejos no han protestado públicamente; lo que algunos analistas interpretan como una señal de que podrían recuperar margen de maniobra sin un IFT fuerte.
La clave está en el equilibrio. No se trata de elegir entre conectividad o libertad, soberanía o competencia. Hay formas de mejorar la regulación sin imponer censura. El Congreso puede mantener un regulador autónomo, establecer límites judiciales a los bloqueos, asegurar reglas equitativas para el espectro y evitar registros de usuarios que vulneren la privacidad. Todo esto puede hacerse si se abre el debate y se escucha a todas las voces, no solo a la del poder.La nueva ley de telecomunicaciones nos confronta como país y como sociedad: la democracia se construye con una red que conecte a todos, no con una que responda a una sola voz. La transformación digital no se logra controlando el mensaje, sino garantizando que todos puedan tener uno.
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México no puede darse el lujo de retroceder en derechos bajo la bandera del progreso. La conectividad no debe ser el precio de la libertad, ni la soberanía digital una excusa para concentrar el poder. Esta ley no solo define el futuro de nuestras telecomunicaciones, sino el alcance de nuestras libertades en la era digital. El Congreso aún tiene la oportunidad de corregir el rumbo. Pero la presión no puede venir solo desde los organismos civiles o la industria. Este es un debate que nos toca a todos: periodistas, usuarios, emprendedores, académicos y ciudadanos.
La red debe ser libre, no obediente. Hoy, más que nunca, toca defender el derecho a estar conectados sin ser controlados.