Entre los muchos factores que históricamente han caracterizado a la economía mexicana ha estado la presencia de monopolios en varios de sus sectores.
Entre otras cosas, la etapa colonial estableció algunos que fueron otorgados directamente por la Corona y que, de manera clara, tenían una finalidad recaudatoria. Posteriormente, la existencia de monopolios privados si bien no eran otorgados por el Estado de manera expresa, la tolerancia que este último demostró hizo que estos crecieran y que la evolución institucional del gobierno fuera claramente débil en lo que a la política de competencia se refiere.
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Con la Constitución de 1917 esto cambió y en su artículo 28 se pudo observar que estos se prohibieron de manera expresa, lo cual significó un cambio muy profundo en aras de contar con una economía competitiva que abriera a México al mundo, no obstante, el Estado se siguió reservando sectores muy importantes de la economía que a la postre generarían la existencia de un Estado desarrollando actividades empresariales de forma directa y constituyendo verdaderos monopolios.
Sin embargo, hacia finales del siglo pasado el Estado mexicano comenzó a vender diversos activos entre los que se encontraban empresas dedicadas a la producción y prestación de distintos bienes y servicios, mismas que al ser adquiridas comenzaron a producir una buena cantidad de monopolios privados ante la carencia de una promoción real de la competencia. Ya para esos años, la sofisticación y diversificación que comenzaban a caracterizar a las diversas industrias en México, produjeron la necesidad de contar con instituciones públicas que dejaran de ser débiles y cuyo eventual fortalecimiento derivara en mejores condiciones de competencia y, con ello, con un mayor acceso de la población a más y mejores bienes y servicios que vieran decrementados sus precios para las personas consumidoras finales.
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Así, ya en la segunda década del siglo que corre se presentaron las conocidas como “reformas estructurales”, mismas que incluyeron profundos cambios en la política de competencia en México al poner al día la legislación aplicable y al fortalecer a dos instituciones principalmente: la Comisión Federal de Competencia (COFECE) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). El fortalecimiento de ambas instituciones se debió sobre todo a que se les separó del Poder Ejecutivo y por ello se logró mitigar el riesgo del uso de criterios estrictamente políticos en su toma de decisiones.
Como es bien sabido, la calidad autónoma de ambas instituciones tuvo una mejorable implementación y también una corta duración, pues durante las dos más recientes administraciones federales se les debilitó y, finalmente, las funciones que ejercían fueron reasumidas por el propio Poder Ejecutivo Federal.
Ahora, la política de competencia en México estará sujeta a importantes pruebas siendo una de ellas la constitución de un grupo aéreo por parte de las aerolíneas Volaris y Vivaerobús, empresas que cuentan con más del 70% de la participación de ese mercado y que, en conjunto, estarían en condiciones de acceder a economías de escala extraordinarias y a profundizar las de por sí altas barreras de entrada existentes para una industria como la aeronáutica. Es decir, podrían dominar ese mercado sin competencia a la vista.
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Será interesante observar la fuerza y solvencia técnica regulatoria de la recién creada Comisión Nacional Antimonopolios (sustituta de la COFECE), institución ahora dependiente del Poder Ejecutivo Federal y con ello más susceptible de sufrir presiones políticas. Al final, una concentración de más del 70% de un mercado es inaudita en los tiempos actuales, por lo que se esperaría que ésta en cualquier economía importante del mundo no fuera aprobada, mucho más en tiempos en los que se llevará a cabo la revisión del T-MEC.