Militares y la protección del medio ambiente: ¿nueva forma de greenwashing en México?

Investigador en el área de Incidencia Política de México Unido Contra la Delincuencia A.C. (MUCD). Politólogo Internacionalista por el Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE). Ha colaborado como asistente de investigación en proyectos de derecho internacional humanitario, protestas por mega proyectos y energías limpias. En MUCD investiga temas relacionados con la militarización y política de drogas en México. @MUCDoficial

Militares y la protección del medio ambiente: ¿nueva forma de greenwashing en México?
La fecha límite para que el Gobierno de México cumpliera con la desmilitarización de la GN fue el 1 de enero. Foto: Gobierno de México.

Entre 2006 y 2023, gobiernos de todos los niveles han firmado 258 convenios para transferir funciones y presupuestos civiles a las Fuerzas Armadas. Así lo reveló el Inventario Nacional de lo Militarizado, una radiografía de cómo se han militarizado cada vez más actividades civiles en el país.

Una de las sorpresas con las que nos encontramos en este ejercicio fue la cantidad de convenios que firmaron las fuerzas armadas en tareas que no les corresponden, relacionadas a la protección y restauración ambiental. El Inventario Nacional de lo Militarizado documenta 22 convenios que implicaron la transferencia de más de dos mil millones de pesos entre 2007 y 2019. Entre las funciones transferidas se encuentran la instalación de centros de conservación para especies en riesgo de extinción, la protección y vigilancia de áreas naturales protegidas, el apoyo en el control de incendios forestales, el cultivo y transferencia de árboles frutales para tareas de reforestación y, más recientemente, uno de los programas insignia de la última administración: Sembrando Vida.

Esto es relevante porque, a diferencia de otras tareas que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador les ha entregado a las fuerzas armadas –como la administración de aduanas o el manejo y construcción de obras públicas–, la gestión y protección del medio ambiente ha recibido mucha menor visibilidad en la agenda pública, a la vez que se observa un debilitamiento de las instituciones civiles encargadas de esta tarea.

Sin embargo, la transferencia de tareas ambientales a los militares no es exclusiva de esta administración. En los sexenios de Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto se realizaron cambios que abrieron la puerta a una mayor participación de las instituciones militares en estas tareas y en la toma de decisiones de política climática, como cuando en 2012 se incluyó a la Secretaría de Marina en la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático o en 2014 se lanzó la declaratoria del cambio climático como un fenómeno que puede tener un impacto sobre la seguridad nacional.

Ciertamente podrían surgir supuestos para la participación extraordinaria de las fuerzas armadas en caso de siniestros, cada vez más relacionados con los efectos del cambio climático, como son el Plan DN-III-E y el Plan Marina, que permiten a las autoridades civiles disponer de las fuerzas armadas en esos casos. Sin embargo, es fundamental diferenciar la posible necesidad de participación de los militares en apoyo a situaciones catastróficas de la gestión medioambiental propiamente dicha, ya sea en la formulación o ejecución de políticas relacionadas a la naturaleza.

La transferencia de funciones y presupuestos a las fuerzas armadas para actividades estrictamente relacionadas con la conservación o atención al medio ambiente -no sólo a los efectos catastróficos del cambio climático- deben considerarse igual de preocupantes que las transferencias registradas en tantas otras áreas de la administración pública, pues existen riesgos de corrupción y violaciones a derechos humanos, especialmente hacia poblaciones rurales, indígenas y afromexicanas.

Abrir la puerta a la participación de las fuerzas armadas en estas tareas es riesgoso, especialmente si el gobierno permite su intervención en la toma de decisión sobre política pública. Ello podría llevar a atender estos problemas bajo una lógica de seguridad nacional, lo que implicaría que las prioridades fueran mantener el orden y la integridad del Estado a través del uso desproporcionado de la fuerza, dejando a las políticas de adaptación y mitigación en un segundo plano. Así, esta lógica tendería a beneficiar políticas de reacción frente a las políticas de prevención basadas en la evidencia científica, que son las que permiten generar resiliencia ante los efectos del cambio climático.

Una de las justificaciones que se han dado para emplear a las fuerzas armadas en este tipo de tareas es su supuesta capacidad para hacer frente a todo tipo de delitos, incluyendo los ambientales. Sin embargo, las experiencias internacionales muestran lo contrario. Por ejemplo, en Sudáfrica se demostró que la militarización de las áreas naturales protegidas no contribuyó a atender los problemas socioeconómicos latentes que llevan a la explotación de estos espacios ni redujo la caza furtiva. Por el contrario, esta política llevó a carreras armamentistas y al escalamiento de la violencia asociada con la caza furtiva.

Paradójicamente, al mismo tiempo que el gobierno de López Obrador asigna tareas de protección al medio ambiente le entregó a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) la construcción y administración de proyectos que tienen un grave impacto  en el medioambiental, como el Tren Maya, y también estableció que las posibles ganancias de este proyecto se destinarán a las pensiones de quienes integran estas instituciones.

En suma, lejos de implicar un compromiso real con la formulación de políticas de adaptación y mitigación del cambio climático por parte de las fuerzas armadas, su participación genera lo que se denomina greenwashing o “eco blanqueo”, que sirve para limpiar la imagen de estas instituciones ante actividades que impliquen una degradación del medio ambiente, sin tener que establecer un compromiso real hacia la protección del mismo.

Además, implica una concentración del presupuesto en manos de los militares, con frecuencia a costa de instituciones civiles efectivamente capacitadas para realizar estas tareas, como la Semarnat. En 2024, mientras que la Sedena recibió 126 mil millones de pesos del anexo de “Recursos para la adaptación y mitigación de los efectos del cambio climático” para la “Prestación de Servicios Públicos de Transporte Masivo de Personas y Carga Tren Maya, y Proyectos de Transporte Masivo de Pasajeros”, la Semarnat tan sólo recibió 7 mil 158 millones de pesos de este anexo.

Es necesario que las instituciones a cargo de la gestión y protección del medio ambiente sean civiles y no tengan de por medio intereses que las lleven a preferir inherentemente políticas que impliquen la degradación del ambiente. En ese sentido, es importante tomar los hallazgos del Inventario Nacional de lo Militarizado como una oportunidad para visibilizar estos riesgos y exigir un alto a la participación de las fuerzas armadas en tareas medioambientales y aquellas que corresponden a instituciones civiles.

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