Internacionalista por el Tecnológico de Monterrey y Maestra en Historia y Política Internacional por el Graduate Institute of International and Development Studies (IHEID) en Ginebra, Suiza. Investigadora invitada en el Gender and Feminist Theory Research Group y en el CEDAR Center for Elections, Democracy, Accountability and Representation de la Universidad de Birmingham, en Reino Unido.
Miembro de la Red de Politólogas. X: @tzinr
Neutralidad vs. Imparcialidad: el valor de posicionarse ante la crisis
La imparcialidad es el principio ético que orienta las acciones de aquellos comprometidos con la justicia.
La imparcialidad es el principio ético que orienta las acciones de aquellos comprometidos con la justicia.
Hace unos días, durante una rueda de prensa con Francesca Albanese, Relatora Especial de la ONU para los territorios palestinos ocupados, un periodista lanzó una pregunta incisiva, que sin buscarlo, le brindó un espacio para capturar la esencia de los dilemas éticos en la arena internacional: “¿no sería más efectivo un relator especial que sea y además se muestre neutral y capaz de dialogar con ambas partes?”. La respuesta de Albanese, firme y pedagógica, subrayó que a los expertos independientes con un mandato de observación de derechos humanos, no se les requiere ser neutrales, sino imparciales. Sentenció enseguida: “imparcialidad y neutralidad no son lo mismo”, e invitó al periodista a revisar el mandato de la ONU que orienta su labor. Esta afirmación toca un nervio crítico en el análisis de los conflictos contemporáneos, donde la “neutralidad” se usa para excusar la inacción frente a la injusticia.
El Mandato de la Relatora
El mandato de Francesca Albanese, establecido por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU, le encomienda investigar y reportar de manera imparcial las violaciones de derechos humanos cometidas por Israel en los territorios palestinos ocupados desde 1967. Este rol exige objetividad y un compromiso inequívoco con la verdad y por lo mismo no le impone una postura neutral.
La Relatora debe precisamente evaluar – emitir un juicio- sobre la situación de los derechos humanos correspondientes a su mandato e informar públicamente sobre sus hallazgos, además de colaborar con gobiernos, sociedad civil y otros actores para fomentar la cooperación internacional que ayude a la denuncia, documentación y esclarecimiento. El mandato, que deriva de una resolución de 1993 del Comité de Derechos Humanos, especifica que el Relator Especial debe investigar las violaciones de los principios del derecho internacional, del derecho humanitario internacional y de la Convención de Ginebra de 1949 relativa a la protección de civiles en tiempos de guerra. Esto incluye recibir comunicaciones, escuchar testimonios y utilizar los métodos que considere necesarios para llevar a cabo su misión. Además, el Relator está obligado a presentar sus conclusiones y recomendaciones ante el Consejo de Derechos Humanos, manteniendo esta labor hasta que se ponga fin a la ocupación israelí de los territorios.
Imparcialidad: el compromiso con la verdad
La imparcialidad es el principio ético que orienta las acciones de aquellos comprometidos con la justicia. Significa reconocer, analizar y condenar con base en evidencias verificadas. Francesca Albanese honra este principio en su labor, señalando sin ambigüedades, en su último informe titulado Situación de los derechos humanos en los territorios palestinos ocupados desde 1967, las agresiones y documentando la situación humanitaria devastadora que enfrentan los palestinos frente a patrones de violencia sistémica desde hace décadas.
Entre los puntos clave del informe se destacan:
- El genocidio en curso como “medio para alcanzar un fin”: Albanese detalla cómo la orden de Israel de desplazar a 1.1 millones de palestinos desde el norte de Gaza al sur en 24 horas marcó uno de los desplazamientos masivos más rápidos de la historia.
- Extensión de la violencia a otras regiones: la violencia israelí se extendió más allá de Gaza, incluyendo Cisjordania y Jerusalén Oriental, donde las dinámicas de apartheid y depuración étnica han sido orquestadas durante años por fuerzas israelíes y colonos. Esta expansión refleja un patrón sostenido de desposesión y control territorial.
- Respaldo de altos funcionarios y políticas de deshumanización: el informe señala que las declaraciones y medidas de los líderes israelíes han fomentado la represión y el despojo de los palestinos, creando un entorno de violencia ideológica legitimada que se ha traducido en política de Estado. Este respaldo oficial contribuye a un sistema donde la impunidad prevalece y las violaciones de derechos humanos se normalizan.
- Ataques indiscriminados y devastación masiva: el documento registra más de 93 masacres y la muerte de más de 13,000 niños en el último año. Los ataques dirigidos contra infraestructura civil, incluyendo mercados, hospitales y escuelas, han dejado un saldo devastador. La crisis sanitaria se intensifica con la contaminación y el brote de enfermedades, debido a la destrucción de la infraestructura básica de saneamiento.
Albanese propone, además, un marco interpretativo basado en la triple totalidad, que evalúa la intención genocida de los actos de Israel mediante el análisis de tres aspectos:
- Totalidad del territorio: la Relatora detalla que la estrategia israelí de control y anexión abarca todo el territorio palestino ocupado, incluyendo Gaza y Cisjordania. La ambición de un “Gran Israel” impulsa acciones orientadas a desplazar y eliminar la presencia palestina.
- Totalidad del grupo: la intención genocida se refleja en el trato hacia la población palestina como un grupo cohesionado. El informe destaca cómo los actos de destrucción, desde bombardeos hasta desplazamientos forzados, buscan erosionar la capacidad de los palestinos para mantener su identidad y cohesión social.
- Totalidad de la conducta: Albanese subraya que los actos de violencia y las políticas represivas no son incidentales, sino parte de una estrategia deliberada de deshumanización y destrucción. Este análisis triple revela la intención genocida, según la relatora, al demostrar que las acciones van más allá de los objetivos militares y responden a una agenda de eliminación.
La Relatora enfatiza que la prevención y el castigo del genocidio requieren un reconocimiento temprano de la intención detrás de estos actos. Su informe insta a la comunidad internacional a actuar, no solo como un observador imparcial, sino como un defensor activo de la justicia, recordando que la inacción ante tales crímenes equivale a complicidad.
Neutralidad es complicidad
En la práctica, la neutralidad se convierte en una herramienta que legitima la opresión. Como recuerda Albanese, el derecho internacional exige a los observadores denunciar las violaciones flagrantes. Pretender neutralidad ante desplazamientos masivos y violencia sistemática, como en Gaza, es dar paso a la impunidad y perpetuar la injusticia.
Lejos de ser sinónimo de objetividad, la neutralidad es en realidad permisividad y, por ende, complicidad. Tragedias como el Holocausto y los genocidios en Ruanda y Bosnia prosperaron bajo el manto de la inacción internacional. La lección es clara: la neutralidad frente a la injusticia favorece al agresor y perpetúa la agresión.
Optar por la imparcialidad, como lo hace Albanese, es actuar con integridad y firmeza, alineada con el propósito último de proteger la dignidad y los derechos humanos. La diferencia entre imparcialidad y neutralidad no es solo semántica; la neutralidad ante la injusticia es, en sí misma, una elección perversa.
Síguenos en
