¿Al presidente AMLO y la 4T le importan los derechos de niños, niñas y adolescentes?
Historias del campo ciego
¿Al presidente AMLO y la 4T le importan los derechos de niños, niñas y adolescentes?
Foto: @SIPINNAMX.

Corrían los últimos días de 2017. Como Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes (Sipinna), Ricardo Bucio Mújica daba otro paso necesario en el trabajo iniciado al llegar ahí, en 2015, con la meta clara de modificar la cultura política e institucional adultocéntrica de México donde prevalecía la idea de que su voz ni se escuchaba ni contaba.

En el marco del aniversario 3 del joven Sippina –cuyo decreto de creación fue en diciembre de 2014 y su arranque operativo en 2015– , ese año Bucio Mújica comenzó a hablar sobre la necesidad de un nuevo paradigma ante la trata, el turismo sexual y otros delitos cometidos contra niñas, niños y adolescentes (NNA) en el país, en un contexto donde todas las autoridades tenían que hacerse cargo. 

El reto, afirmaba con toda razón: “que los NNA sean una inversión, no un costo”.

Los pendientes en el horizonte de la construcción de una política integral y con perspectiva de derechos humanos hacia la infancia, al menos ya eran visibles para gobiernos y autoridades en en turno, tras años y años de omisión por parte del Estado, gracias a las contribuciones mayoritarias de personas y grupos de la sociedad civil que por décadas empujaron esfuerzos titánicos para lograrlo.

Para entonces, y aunque Bucio reconocía que esa construcción de políticas públicas era un proceso en avance pero tardado, desde el Sipinna –como órgano desconcentrado del gobierno federal– ya había un registro de promoción y creación de las 32 leyes estatales derivadas de la Ley General de Derechos de NNA que se promulgó en 2014 y que destaca entre sus mandatos: generar políticas públicas desde el más alto nivel de decisión gubernamental, para que este grupo vulnerable ejerza sus derechos, ya no como objeto de asistencia, sino como sujeto de derechos.

Durante un lustro y en dos periodos distintos, el correspondiente al priísta Enrique Peña Nieto, y el actual primer presidente izquierdista Andrés Manuel López Obrador, Sipinna fue liderado por Bucio Mújica hasta el pasado viernes 5 de febrero, cuando de forma sorpresiva la Secretaría de Gobernación (SG) anunció salida “de común acuerdo” y su permanencia en el cargo sólo hasta el próximo lunes 15 de febrero, cuando Patricia Colchero Aragonés lo relevará como encargada de despacho al día siguiente.

“Cierra Ricardo Bucio estapa como secretario ejecutivo del Sipinna”, destacó la SG. Y no fue sino hasta dos días después, ayer 7 de febrero, que Bucio Mújica se expresó por la noche al respecto a través de redes sociales:

¿”Ahorrar mucho dinero al erario público” a través de manotazos que arruinen esfuerzos por construcción de políticas públicas necesarias?

La salida de Bucio Mújica del Sipinna, se da en un contexto polémico de declaraciones puestas en entredicho del propio AMLO, a partir de su propuesta de “austeridad” que ha alcanzado en incertidumbre de existencia también a diversas instituciones que, sin evaluación previa, simplemente podrían desaparecer.

Sobre todo a partir de que anunció, el pasado 4 de enero, que durante 2021 se realizaría una revisión a los organismos autónomos, pues en sus propias palabras “todos estos aparatos administrativos los crearon para simular”. Entre ellos, según AMLO, el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFETEL) y el Instituto Nacional de Transparencia Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI), cuyas acciones, según el presidente, “podrían ser realizadas por el gobierno federal y de esta forma ahorrar mucho dinero al erario público”.

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En el caso específico del Sippina, en el que participan gobiernos estatales y 8 dependiencias federales, López Obrador –quien de hecho debiera participar y no ha asistido a ninguna de sus sesiones desde que arrancó su gobierno, de acuerdo con los representantes de la sociedad civil en el Sipinna–, sólo dijo: “…hay en Gobernación un instituto para la protección de niñas, niños y adolescentes, y existe el DIF”. Como si la existencia de ambas fuera una duplicación de funciones.

López Obrador quizá no se había informado lo suficiente al respecto. Ojalá lo haya hecho ya y eso pese sobre una posible inclinación por decidir desaparecer al Sipinna. Porque –aunque una gran mayoría reconoce el desempeño de Bucio Mújica y su salida representa una posible cancelación de continuidad a acciones de política pública impulsada desde su llegada ahí–, preocupa mayormente que esto signifique una mala señal frente a la posible la desaparición de una institución que hace lo que no hace el DIF, y radica fundamentalmente en lo que el propio ex titular del Conapred destallaba a quien esto escribe en diciembre de 2017:

“El DIF atiende situaciones muy específicas, pero no resuelve los casos de violaciones a derechos humanos de los niños migrantes y refugiados, situaciones que tiene el país además de algunas nuevas, como la pornografía infantil, la trata de personas y el turismo sexual. Nunca fue agenda del DIF ni de ninguna otra dependencia, crecieron estos fenómenos de manera grave y no hay autoridades que intervengan”.

En respuesta a las declaraciones del presidente sobre esta posibilidad, los representantes de la sociedad civil en el Sipinna, manifestaron su desacuerdo a través de un comunicado en esos primeros días de este año, argumentando que su eliminación “no generará ahorro ni eficiencias presupuestales” para el actual gobierno. Y que proponer desaparecerlo sólo “muestra prejuicio, desinformación o voluntad de invisibilizar a niñas, niños y adolescentes.

¿En realidad a López Obrador y la 4T le importan los derechos de niñas, niños y adolescentes en este país? ¿Aquellos que realizan trabajo forzado y/o peligroso? ¿Los que crecen en contextos de violencia? ¿Las y los que enfrentan abuso sexual? 

¿Las niñas que enfrentan embarazos no planeados ni deseados? ¿Los y las que no encuentran justicia penal siendo adolescentes? ¿Aquellos que no tienen acceso a la educación ni a servicios de salud? ¿Los que viven en situación de calle o los que se integran a pandillas?

¿Los que no encuentran alternativas para cambiar sus vidas?
  
Las preguntas están en el aire. ¿Quién dará respuestas?

En MX casi 40 millones son niñas/os y adolescentes. Han vivido el efecto histórico de no ser vistxs integralmente, ni reconocidos como sujetos de derecho. Más de la mitad viven en pobreza, y tienen + carencias sociales y condiciones de vulnerabilidad que las personas adultas.Ricardo Bucio

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