PRI sanciona a diputada que votó contra la reforma militarista en Guanajuato

Por votar en contra de la reforma constitucional en materia de Guardia Nacional que extiende la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública hasta 2028, el Partido Revolucionario Institucional (PRI) impuso una sanción a su diputada local de Guanajuato, Yulma Rocha Aguilar.

A través de una carta, la legisladora denunció que el partido tricolor le retiró los apoyos administrativos y económicos a los que tiene derecho por sus funciones como diputada, bajo el argumento de que había incumplido con una línea partidista.

“Esto me traerá también consecuencias al interior de mi partido, el PRI, y también las enfrentaré, pero es importante que ya se empiece a hablar sobre la línea que existe entre la disciplina partidista y la libertad política”, escribió en sus redes sociales, acompañada de la carta donde explicó las sanciones que le impusieron, así como los motivos de su voto en contra de la reforma militarista.

Rocha Aguilar argumentó que votó en contra de la militarización de la seguridad pública por convicción propia y por congruencia con el Programa de Acción Priista, el cual califica como “un retroceso el hecho de que la seguridad pública debe ser una terea del Ejército”.

La diputada priista fue la única de su grupo parlamentario en oponerse a la extensión de la participación del Ejército en tareas de seguridad pública, reforma que fue rechazada por la mayoría panista del Congreso de Guanajuato.

“Castigarme por ejercer mi derecho y defender mis principios es un acto arbitrario e ilegal que busca limitar y menoscabar el ejercicio de las atribuciones inherentes al cargo de diputada”, acusó en la carta.

“Utilizar los recursos públicos como un instrumento de represión, coacción o amenaza política para restringir derechos es un acto perverso e ilegal y es un indicador de descomposición institucional política”, criticó.

Además, la legisladora adelantó que emprenderá “las acciones necesarias al interior del Congreso y ante las instancias que corresponda”, con el fin de que se respete su autonomía y capacidad para tomar decisiones como diputada.

“Los principios de libertad y lealtad no son excluyentes, pero cuando sólo queda la disciplina, el debate se elimina y la pequeñez política prevalece”, sentenció.