Diputados modifican uno de los artículos más impugnados del ‘plan b’ electoral

La Cámara de Diputados aprobó la modificación al artículo 26 de la Ley General de Comunicación Social en materia de límite de gastos de las entidades federativas, uno de los más impugnados de la primera parte del “plan b” de la reforma electoral impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO).

Con 470 votos a favor de todas las fuerzas políticas (Morena, aliados y la oposición) y el voto en abstención de la diputada de Morena Lidia García Anaya, se derogó el último párrafo del artículo mencionado, el cual limitaba el gasto de las entidades y municipios en materia de Comunicación Social a sólo el 0.1 por ciento de sus respectivos presupuestos de egresos anuales.

Esta reforma a la Ley General de Comunicación, que previamente se aprobó en la Comisión de Gobernación y Población, no tuvo mayor discusión en el Pleno y representa la primera corrección que realiza Morena a la reforma electoral ante la posibilidad de representar una inconstitucionalidad.

El único diputado que subió a tribuna para dar su punto de vista de la reforma fue Julio César Moreno Rivera, del partido guinda, quien aseguró que esta modificación se “garantiza el ejercicio del derecho a la información y se establece la verdadera democracia donde el pueblo siempre está informado”.

“Con esta reforma se les faculta a las entidades para establecer sus propios límites de gastos en materia de Comunicación Social, lo que reivindica los principios republicanos por los cuales se erige el Estado Mexicano”, sostuvo el legislador morenista durante la sesión.

No obstante, advirtió que gobernadores, gobernadoras, presidentes y presidentas municipales deberán sujetarse a los principios de austeridad republicana en lo que respecta al gasto en comunicación social.

“Para que no se confunda la libertad con la discrecionalidad arbitraria, el límite presupuestario se sujeta a los principios establecidos en el artículo 5 bis de la propia ley, es decir, al principio de austeridad republicano para evitar el despilfarro de los bienes y recursos públicos”, apuntó.

En ese sentido, indicó que el Gobierno Federal sí deberá mantenerse en el límite de 0.1 por ciento en gastos de comunicación social.

Este artículo en particular del “plan b” de la reforma electoral fue el que varios gobiernos municipales y estatales encabezados por la oposición, particularmente por el PAN y PRI, impugnaron ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) por considerarlo una invasión en sus facultades por parte del Legislativo.