La cena de Emilio Lozoya causa ‘agruras’ al gobierno de AMLO

La cena del exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), Emilio Lozoya, en un restaurante de lujo no solo generó indignación sino que obligó al gobierno de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) a explicar la situación legal del exfuncionario peñista implicado en los casos Odebrecht y Agronitrogenados. 

La periodista Lourdes Mendoza difundió el fin de semana unas fotografías de Lozoya, quien afronta su proceso en libertad gracias a un acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), en un restaurante de la adinerada zona de Lomas de Chapultepec de la Ciudad de México.

El primero en salir a reaccionar este lunes fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, tachó este lunes de “inmoral”, “imprudencia” y “provocación” el que Emilio Lozoya fuera a comer al restaurante Hunan.

El mandatario pidió al titular de la FGR dar celeridad al caso y rendir un informe sobre el caso de Emilio Lozoya.

“Yo tengo confianza en el fiscal Alejandro Gertz Manero, y espero que alcance el tiempo y que todo esto se aclare y se haga justicia, desde luego que también como todos los mexicanos y como lo exige la ley, tiene que haber justicia pronta y expedita, pero yo espero que la fiscalía investigue cómo va el juicio y se analice la importancia que tiene la transparencia”, dijo el presidente en conferencia de prensa en Palacio Nacional, la mañana de este lunes.

Horas después, la Fiscalía General de la República sacó un breve informe en el que recordó que el exdirector de Pemex “sigue siendo procesado” judicialmente por la trama de sobornos de Odebrecht.

“Los tiempos que se le han dado para aportar las pruebas terminan en fecha 3 de noviembre, según el acuerdo del Juez de Control del Reclusorio Norte, que lleva el caso”, detalló la institución en un breve comunicado.

La Fiscalía recordó que, tras ser extraditado desde España el año pasado, el exdirector de la petrolera estatal mexicana “solicitó el criterio de oportunidad”, una figura jurídica que le permite beneficios procesales a cambio de colaborar con la justicia.

La FGR relató que Lozoya denunció el 11 de agosto del año pasado a sus “socios y encubridores”, y aportó “diversas pruebas que se han ido desahogando; lo que permitió judicializar a un primer grupo de legisladores que recibieron sobornos millonarios para votar en favor de las pretensiones de Odebrecht”.

Posteriormente, el Instituto Nacional de Migración (INM) informó que mantiene en las listas de control migratorio a Emilio Lozoya.

“Lo anterior, con el propósito de verificar y registrar los movimientos de la persona mencionada en los puntos destinados al tránsito internacional de personas, ya sea aéreos, marítimos o terrestres, así como informar de los mismos a las autoridades internacionales”, afirmó la autoridad migratoria también en un boletín.

A su vez, el titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, criticó el actuar del exfuncionario federal.

“No me toca hacer la evaluación al respecto, pero es muy chocante ver esa imagen por no decir (otra cosa), pero a nivel internacional lo que cuenta es el reconocimiento a la Presidencia y a su gobierno en la lucha por la corrupción”, sostuvo en conferencia de prensa por la tarde de este lunes.

Quien no fue tan directo, pero se posicionó desde el domingo, apenas unas horas después de que las fotografías del restuarante de la periodista Lourdes Mendoza se viralizaran, fue Santiago Nieto Castillo, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), que ha denunciado a Emilio Lozoya.

“La impunidad es siempre una afrenta”, escribió en su cuenta de Twitter el funcionario quien acusó en años pasados a Lozoya de haber intentado amedrentarlo a su paso por la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

La trama de corrupción de Odebrecht, que ha afectado a varios países latinoamericanos, estalló en México el año pasado tras el arresto en España y la extradición a territorio mexicano de Lozoya.

El que fuera director de Pemex entre 2012 y 2016, acusado de recibir 10.5 millones de dólares en sobornos de la constructora brasileña a cambio de contratos, cerró un acuerdo con la Fiscalía mediante el cual delató a buena parte de la élite política mexicana a cambio de afrontar su proceso en libertad.

Denunció que Peña Nieto y su secretario de Hacienda Luis Videgaray le ordenaron a usar los sobornos de Odebrecht para comprar el voto de legisladores opositores a favor de la reforma energética que abrió el sector a la inversión privada.

Por esta denuncia, un juez impuso en abril pasado prisión preventiva contra el exsenador Jorge Luis Lavalle, única persona que hasta la fecha se encuentra en la cárcel por este asunto.

Con información de EFE