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Indignación en Japón por un informe que revela que menores fueron esterilizados a la fuerza
Junko Iizuka fue esterilizada a la fuerza cuando tenía 16 años en virtud de la Ley de Protección de la Eugenesia de Japón. Foto: Daniel Hurst/The Guardian

Los activistas en Japón reaccionaron con indignación ante un informe gubernamental que revela que niños de tan solo nueve años figuraban entre las miles de personas que fueron esterilizadas a la fuerza en virtud de una ley de eugenesia que no se abolió hasta la década de 1990.

El informe de mil 400 páginas, presentado al Parlamento esta semana, detalla cómo, entre los años 1948 y 1996, alrededor de 16 mil 500 personas fueron operadas sin su consentimiento en virtud de dicha ley, cuyo objetivo era “evitar el nacimiento de descendientes de baja calidad (…) y proteger la vida y la salud de la madre”. La mayoría de las víctimas fueron mujeres.

Otras 8 mil personas dieron su consentimiento –es casi seguro que bajo presión–, mientras que alrededor de 60 mil mujeres abortaron a causa de enfermedades hereditarias.

Los dos menores de nueve años que fueron esterilizados eran un niño y una niña, indicó el informe.

La prolongada campaña de las víctimas para obtener reparación ha destacado el maltrato que el Estado japonés infligió a las personas con discapacidades y enfermedades crónicas en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial.

En 2019, los diputados aprobaron una ley que ofrecía a cada víctima una indemnización gubernamental de 3.2 millones de yenes (unos 390 mil pesos), una cantidad que, según dicen los activistas, no refleja el sufrimiento que experimentaron las víctimas. La fecha límite para solicitar la indemnización expira en abril de 2024, sin embargo, hasta el momento solo mil 49 personas han recibido dicha suma, según informan los medios de comunicación.

Las víctimas del programa de esterilización han luchado durante décadas para obtener una indemnización económica y el reconocimiento de la angustia física y mental que soportaron.

Hasta la fecha, cuatro tribunales han concedido indemnizaciones a las víctimas, pero otros se han alineado con el gobierno, alegando que ya había prescrito el plazo de 20 años. Los abogados alegan que las víctimas se enteraron de la naturaleza de la operación cuando ya era demasiado tarde para que se respetara el plazo legal de solicitud de indemnizaciones.

Alemania y Suecia aplicaban medidas similares, pero desde entonces pidieron disculpas a las víctimas y les concedieron indemnizaciones. Las leyes de ambos países fueron abolidas décadas antes que las de Japón.

A principios de este mes, un tribunal superior rechazó las demandas de indemnización por daños y perjuicios interpuestas por dos mujeres, entre ellas Junko Iizuka, que tenía 16 años cuando la llevaron a una clínica ubicada en el noreste de Japón y la obligaron a someterse a una misteriosa operación que, según descubrió posteriormente, le impediría tener hijos.

“La cirugía de eugenesia me privó de todos mis modestos sueños de tener un matrimonio feliz e hijos”, comentó Iizuka, de 77 años, a los periodistas esta semana.

Iizuka, que utiliza un seudónimo y oculta su rostro con un sombrero y un cubrebocas en público, señaló que el procedimiento destruyó sus relaciones más importantes.

“En cuanto le conté a mi esposo, en quien confiaba, que me habían operado y que no podía tener hijos, me dejó y me exigió el divorcio”, explicó. “Me enfermé mentalmente y fui incapaz de trabajar. Me diagnosticaron trastorno de estrés postraumático. La cirugía de eugenesia trastornó mi vida”.

Tras la publicación del informe, el secretario jefe del gabinete, Hirokazu Matsuno, señaló que el gobierno “reflexiona sinceramente y se disculpa profundamente” por el “enorme dolor” que sufrieron las víctimas a causa de la esterilización forzada.

El informe indicaba que la esterilización en virtud de la ya extinta ley de eugenesia –que permitía que las autoridades llevaran a cabo el procedimiento en personas con discapacidad intelectual, enfermedad mental o trastornos hereditarios para evitar el nacimiento de niños “inferiores”– era un requisito para la admisión de algunas personas en centros de asistencia social o para contraer matrimonio.

Koji Niisato, abogado que representa a las víctimas, elogió el informe por revelar todo el horror que supuso la esterilización forzada, pero señaló que no resolvía importantes cuestiones. “El informe no reveló el motivo por el que se creó la ley, por qué tardaron 48 años en modificarla o la razón por la que nunca se indemnizó a las víctimas”, indicó Niisato, según la agencia de noticias Kyodo.

Iizuka, que apelará la sentencia en su demanda de indemnización, comentó que seguía sufriendo por el trauma más de seis décadas después de que la esterilizaran sin su consentimiento.

“Yo y las demás víctimas estamos envejeciendo, y algunas ya murieron”, señaló. “Estoy enferma y con frecuencia tengo que ir al hospital. Pero no debemos permitir que el daño que nos infligieron permanezca oculto en la oscuridad”.

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