Ley contra vapeadores

Desde el gobierno federal no hay quien esté a favor de dar vía libre a los vapeadores y por ello ya hay reuniones para fortalecer la iniciativa de ley para regular y gravar el uso de cigarrillos electrónicos y vapeadores en México.

En la exposición de motivos se afirma que van con la evidencia que ha demostrado que gravar los sistemas alternativos sin combustión es una manera de lograr que estos productos se encarezcan, para que así sean menos accesibles a los menores de edad.

La clave en todo esto es tasas impositivas firmes que contribuyan a disminuir el consumo de tabaco, pero además recaudar mayores ingresos para las finanzas del Estado mexicano.

Lo que hoy tenemos en México, el modelo prohibicionista, ha incentivando la creación de un mercado negro que ha contribuido a una distorsión de este negocio y evade controles sanitarios y de calidad. Se ha detectado la manipulación de los dispositivos y la venta de sustancias no reguladas altamente dañinas para la salud de las personas.

Y mire usted, se habla que existen más de 460 marcas diferentes de cigarrillos electrónicos en el mercado, teniendo cautivos a adolescentes y adultos jóvenes por los diseños novedosos, socialmente aceptados y que encubren el daño y la adicción que pueden causar. Además, si usted quiere probar a qué saben o su funcionamiento, hay tienditas que se lo prestan por cierto periodo para coquetear y que se vuelva uno de sus clientes.

La advertencia va a que este tipo de dispositivos son perjudiciales para la salud, pues no son inocuos, ya que entre los efectos asociados a su utilización están algunos daños al aparato respiratorio, al aparato cardiovascular, al aparato reproductor y en la cavidad oral.

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La señalización hacia las empresas ya está, teniendo en una carpeta los nombres de aquellas que como dicen le “juegan al vivo”, por ello van con reglas más estrictas para la importación de vapeadores y productos electrónicos de tabaco, con la intención de evitar violaciones por parte de empresas tabacaleras.     

Por si usted no lo recuerda, la administración de Andrés Manuel López Obrador tiene un veto a estos productos, cuya importación y exportación está prohibida bajo decreto presidencial desde el 20 de febrero.

Pero con gran enojo, personajes de la Secretaría de Salud, critican que se presuma que estos instrumentos de tecnología sirvan como evidencia para dejar de fumar. De hecho hay una carpeta de investigación donde se consigna que hay compañías que han abusado queriendo evadir la prohibición y donde ya se dice lo que se impulsa ya no tendrá carácter permisivo.

Ahora se irá sobre la distinción y clasificación de los vapeadores y cigarrillos electrónicos, y se propone dejar en claro que sí son perjudiciales para la salud, y que no podrán ser usados por menores de edad ni en instituciones educativas públicas y privadas de educación básica y media superior.

Se prohibirá toda forma de patrocinio, promoción y publicidad de cualquier producto del tabaco y de los sistemas alternativos sin combustión en forma directa o indirecta, a través de cualquier medio de comunicación o difusión, incluidas plataformas digitales y las redes sociales, que fomenten la compra y el consumo de estos productos por parte de la población.

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El fin de ello es castigar hasta con nueve años de prisión el contrabando, adulteración, falsificación, contaminación y alteración de cualquier sistema alternativo sin combustión. El debate se pondrá interesante y todo parece que las tabacaleras serán las que pierdan más con esto sino aceptan las nuevas condiciones en el país.

A la que más le tienen la mira puesta es a la más grande del mundo que es manejada por dos sociedades específicas para sus operaciones en Estados Unidos y el resto del mundo.

El Fiscal no baja la guardia 

Ante la solicitud que presentó la FGR, de Alejandro Gertz Manero, a la Cámara de Diputados en diciembre del 2020 para desaforar a Uriel Carmona Gándara, fiscal general en el estado de Morelos, por no haber presentado exámenes de control de confianza antes de asumir el cargo, el morelense interpuso un amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en esa entidad, mismo que le fue concedido. 

Y es que, a pesar de que los legisladores acordaron suspender el proceso debido al juicio de amparo, se rumora que por presiones políticas el diputado Pablo Gómez Álvarez busca aprobar un acuerdo para desconocer el fuero constitucional del cual goza el fiscal, con lo que se violaría la autonomía de la FGE de Morelos, entre otros. Se dice que su desafuero fue impulsado por venganzas y caprichos de actores políticos, entre ellos del gobernador Cuauhtémoc Blanco Bravo. 

Voz en Off 

Hoy que se conmemora el Día Mundial de la Salud y Seguridad en el Trabajo, se debe reflexionar sobre los esquemas para salvaguardar la integridad de los trabajadores mexicanos. Aquí NYCE, de Carlos Pérez, ha permitido que la industria cuente con cascos, calzado y respiradores en base a las pruebas de laboratorio y el proceso de certificación que realiza conforme a las Normas Oficiales Mexicanas (NOM), de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, de Luisa María Alcalde. Su filial de Sistemas de Gestión ha traído a México y Sudamérica la certificación del estándar ISO45001 de Salud y Seguridad en el Trabajo, con validez internacional que integra protocolos de seguridad que se adaptan al giro de cada empresa, identificando los riesgos y desarrollando soluciones en cada centro de trabajo. Al implementar este tipo de herramientas, las compañías demuestran su compromiso con la Responsabilidad Social Empresarial…

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