Los Extraditables: Tomás Zerón de Lucio, inalcanzable para la FGR

Tomás Zerón de Lucio, acusado de tortura y alterar evidencias en el caso Ayotzinapa mientras fue director de la Agencia de Investigación Criminal, parece inalcanzable para la Fiscalía General de la República (FGR), que no ha logrado obtener su extradición de Israel a México en los últimos años.

A pocas semanas de que fueron desaparecidos los 43 normalistas de Ayotzinapa, en 2014, el exfuncionario del gobierno de Enrique Peña Nieto fue captado en un video mientras recorría un tramo a la orilla del río San Juan, en el estado de Guerrero, con uno de los detenidos sin que el acusado estuviera acompañado por un representante legal ni se registrara esa visita en las investigaciones del caso.

Después del recorrido, Tomás Zerón, principal funcionario a cargo de las investigaciones, difundió ante medios la versión de que los 43 normalistas desaparecidos la noche del 26 de septiembre habían sido asesinados, incinerados en el basurero del municipio vecino de Cocula, y que sus cenizas fueron esparcidas en el río San Juan, según testimonios de las personas detenidas hasta entonces.

Pero su versión quedó desmantelada en abril de 2016, cuando el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), comisionado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, exhibió el video donde se mostraba que alteró evidencias en la zona del río San Juan, por lo que fue removido del cargo, pero se mantuvo en el gobierno de Enrique Peña Nieto como secretario técnico del Consejo de Seguridad Nacional.

Cuando concluyó la administración de Peña Nieto y Andrés Manuel López Obrador asumió el gobierno, el presidente fijó como uno de sus compromisos esclarecer el caso Ayotzinapa.

La tortura

En 2020 se difundió otro video que involucraba al funcionario intocable de la administración de Peña Nieto. En un cuarto a media luz se podía ver a Tomás Zerón haciendo un interrogatorio a Felipe Rodríguez Salgado, “El Cepillo”, presunto integrante del grupo criminal Guerreros Unidos, imputado por la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Para entonces, la PGR se había transformado en un órgano autónomo para ser la Fiscalía General de la República, encabezada por Alejandro Gertz Manero, quien fue propuesto por AMLO y ratificado por el Senado.

En marzo de 2020, la FGR obtuvo la primera orden de aprehensión en contra de Tomás Zerón por la posible violación a los derechos humanos y fabricación de pruebas, ya que las irregularidades que cometió en las investigaciones del caso Ayotzinapa permitieron que 60 detenidos obtuvieran su libertad debido a la falta de apego al debido proceso.

La huída

Para entonces, Tomás Zerón ya estaba en Canadá y de ahí voló a Israel, país con el que México no tiene acuerdo de extradición.

La relación de Tomás Zerón con Israel tiene antecedentes. Una investigación del diario The New York Times dio a conocer que él autorizó la compra de sistemas de vigilancia de origen israelí, como Pegasus, diseñado por el grupo NSO para prevenir actos de terrorismo, pero que en México se usó para espiar a periodistas y defensores de derechos humanos.

El medio israelí Calcalist Tech dio a conocer en mayo de 2022 que Tomás Zerón vivía en la lujosa torre de condominios en Tel Aviv, junto con el empresario David Avital, socio de la compañía de tecnología Rayzone, con presencia en México.

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Torre Neve Tzedek, ubicada en la capital de Israel, Tel Aviv, donde un medio israelí reportó en mayo de 2022 que vivía Tomás Zerón, junto con el empresario David Avital, socio de la compañía Rayzone, con presencia en México. Foto: Wikimedia Commons

La segunda orden de aprehensión que obtuvo la FGR fue por los actos de tortura en contra de “El Cepillo” en abril de 2020, cuando las autoridades ya sabían que se encontraba en Israel.

La oportunidad que no tuvo Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, sí la tuvo Tomás Zerón. Hasta Israel llegó el subsecretario de Derechos Humanos, Población y Migración, Alejandro Encinas, en febrero de 2022 para plantearle la posibilidad de colaborar con las investigaciones a cambio de no enfrentar un proceso penal.

“Establecimos contacto con los abogados de Tomás Zenón de Lucio, que permitió llevar a cabo un encuentro en Tel Aviv, los días el 16 y 17 de febrero del presente año (2022), donde se le ofreció un criterio de oportunidad que no aceptó”, confirmó el mismo Encinas cuando dio a conocer el informe preliminar de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del caso Ayotzinapa en agosto pasado.

En contraste, Murillo Karam, el exfuncionario de más alto nivel de la administración anterior que investigó el caso Ayotzinapa, fue aprehendido en agosto pasado y se encuentra en el Reclusorio Norte, acusado de desaparición forzada, tortura y contra la administración de justicia.

Quien fue jefe de Zerón de Lucio, estaba en su domicilio, en la Ciudad de México, cuando agentes de la FGR fueron a su casa con una orden de aprehensión y él decidió acompañarlos sin poner objeción. En sus primeras declaraciones en la audiencia de vinculación a proceso, defendió la “verdad histórica”.

Mientras tanto, el presidente Andrés Manuel López Obrador sigue en busca de caminos para lograr que el Estado de Israel otorgue la extradición de Zerón de Lucio a México. Esta semana llegó al nivel de señalar que “el gobierno de Israel no puede darle protección a un torturador” e hizo un llamado a la comunidad judía en México para que se sumen a su reclamo.

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Jesús Murillo Karam, exprocurador general de la República, preso por varios delitos por el caso Ayotzinapa. Foto: AFP

Una Fiscalía incompetente: Santiago Aguirre

Santiago Aguirre, director del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, principal abogado de las familias de 43 normalistas, comentó a La-Lista que la investigación del caso Ayotzinapa se encuentra en un impasse difícil de remontar a poco más de un año de que concluya la administración de AMLO y apunta a que las fallas han estado en la FGR.

“A nosotros nos consta que el subsecretario Encinas ha hecho lo que ha podido para que se avance en este tema, pero hay un rezago que es fundamentalmente imputable a la Fiscalía General de la República, que demoró demasiado la tramitación de los documentos necesarios para pedir que venga a rendir cuentas”, comentó el abogado.

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Santiago Aguirre, director del Centro ProDH durante una audiencia de la CIDH en 2015. Foto: CIDH

Desde que inició el gobierno de AMLO hasta que al FGR comenzó a tomar acciones para investigar y aprehender a Tomás Zerón pasaron varios meses y hasta marzo de 2020, el gobierno pidió a la Interpol emitir una ficha roja para conocer su ubicación.

Fue muy incompetente porque el fiscal general de la República se ha rodeado de gente muy incompetente y ahora (la investigación) está en riesgo porque los bloqueos a la investigación del Ejército derivaron en la salida del fiscal que estaba inmerso en el tema”, dijo Aguirre en referencia a Omar Gómez Trejo, quien era el fiscal especial para el caso Ayotzinapa y que decidió renunciar el año pasado luego de que la FGR se negó a solicitar 16 órdenes de aprehensión en contra de militares posiblemente involucrados en el caso Ayotzinapa.

En su lugar fue nombrado Rosendo Gómez Piedra, que “desconoce el caso, no tiene ninguna experiencia en temas internacionales, que con su propio manejo poco prolijo de la investigación seguramente generará desconfianza en sus pares de Israel”, expresó el abogado Santiago Aguirre.

Los orígenes de Tomás Zerón

El director del Centro de Derechos Humanos ProDH refirió que el pasado de Tomás Zerón parece haberse dado en las sombras porque el caso Ayotzinapa fue en el que se hizo más visible mediáticamente.

La-Lista halló registros de su origen en la administración pública. De ser ejecutivo de tres empresas de 1993 a 2006, Tomás Zerón dio el salto al servicio público como director general de la Policía Federal Preventiva en 2007, cuando Genaro García Luna estaba al frente de la Secretaría de Seguridad Pública en el gobierno de Felipe Calderón.

Pero su salida fue meteórica en mayo de 2007 cuando un grupo armado tomó el control de las instalaciones de la PFP en Cananea, Sonora, dejando a 16 hombres armados, cinco policías y dos civiles sin armas muertos a tiros.

Zerón llegó a presentar su declaración patrimonial ese año, cuando reportó tener un auto BMW con valor de 19 mil 465 dólares, un Mini Cooper de 29 mil 290 dólares y otros tres vehículos con un valor total de un millón 275 mil pesos, además de joyas y una casa de la que no reportó el valor.

Declaración patrimonial de Tomás Zerón de Lucio en 2007

Y así, sin tener experiencia en la administración pública, entró con el cargo de Director General en la PFP, con un sueldo de 153 mil pesos, mientras que en el sector privado reportó que ganaba 30 mil al mes.

Después de la tragedia de Cananea, Zerón de Lucio formó parte de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México, cuando Peña Nieto era el gobernador, y junto a él, regresó al gobierno federal en diciembre de 2012 al frente de la AIC, adscrita a la PGR y supuestamente creada para combatir el crimen a través de labores de inteligencia.

Zerón de Lucio no mostró antecedentes de poseer grandes capacidades como policía de investigación y en sus manos quedó uno de los casos más dolorosos de la desaparición forzada en los últimos años en México que sigue entrampado en un pacto de silencio y blindaje al Ejército.

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