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Derechos Humanos

El Protocolo Alba, de desaparición de niñas y mujeres, sigue sin aplicarse en todo el país

Tras la sentencia de “Campo Algodonero” de la CIDH contra México en 2009, se debió implementar este mecanismo de búsqueda en todos los estados. Su aplicación está lejos de ser la misma en todas las entidades.

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Foto: Pixabay/fsHH

La implementación del Protocolo Alba, que coordina a los tres órdenes de gobierno cuando una mujer o niña está desaparecida o no puede ser localizada, no se activa de manera pareja en todo el país. Además hay 9 estados que no lo implementan: Aguascalientes, Baja California, Campeche, Durango, Hidalgo, Nuevo León, Oaxaca, San Luis Potosí y Sonora, según información obtenida vía Transparencia por la organización civil I(dh)eas.

“El Protocolo Alba es el mecanismo específico de mujeres y niñas desaparecidas o no localizadas. Ahí radica su importancia, porque existen otros protocolos de búsqueda pero éste es específico y atiende a los riesgos asociados a la desaparición de una mujer como puede ser el feminicidio, la trata o la violencia sexual, entre otros. Además está diseñado bajo una perspectiva de género,” dice Arely Varela Baltier abogada especialista en género de I(dh)eas.

Varela Baltier señala que cuando se trata de la desaparición de una mujer hay que considerar los riesgos asociados, sobre todo cuando se trata de niñas que puede ser con fines de trata de personas lo que implica que se tienen que activar las búsquedas con las autoridades fronterizas o entre estados para ver si fueron trasladadas fuera o dentro del país. También muchas veces la desaparición puede haber ocurrido para esconder un feminicidio.

Tras la sentencia de ‘Campo Algodonero” de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (IDH) contra México se le pide al país que implemente el Protocolo Alba. “En 2009 que se emite la sentencia: este Protocolo sólo existía en Chihuahua y la Corte pidió a México que se implemente en todo el país, precisamente por su importancia en la búsqueda de mujeres y niñas al ser un protocolo especializado en el tema”. Esta sentencia histórica condenó al Estado mexicano como responsable en la desaparición y muerte de las jóvenes Claudia Ivette González, Esmeralda Herrera Monreal y Laura Berenice Ramos Monárrez, cuyos cuerpos fueron hallados en un campo algodonero de Ciudad Juárez el 6 de noviembre de 2001.

¿Por qué no se ha logrado unificar en todo el país este Protocolo en una década? “Nos señala la falta de voluntad política, porque efectivamente ya van más de 10 años y todavía existen estados que ni siquiera lo han adoptado y respecto a la práctica homogénea distamos aún mucho más. Entonces nos manda el mensaje de que las mujeres y niñas desaparecidas o no localizadas no importan”, afirma la abogada.

En su mayoría, las entidades federativas aplican el Protocolo Alba de manera inmediata tras recibir la noticia o denuncia sobre la desaparición de mujeres y niñas. Además, pese a que la búsqueda e investigación son consideradas actividades esenciales y no fueron suspendidas ante la pandemia, pero sí hubo complicaciones.

Pero, según un informe de I(dh)eas, cada entidad tiene su propio ‘modo’ de activar este Protocolo. En el caso del Estado de México, éste Protocolo solo se activa después de que Ministerio Público “gira oficio a la coordinación de ODISEA para la elaboración de la cédula de búsqueda”. En Querétaro ocurre después de haber solicitado el rastreo y búsqueda de registros de la víctima en el Departamento de Localización Telefónica sin haber obtenido resultados favorables. Sinaloa, por su parte, lo aplica 12 horas después de la denuncia, noticia o reporte de desaparición y Puebla lo activa después de 24 horas.

México será evaluado por el Comité para la Discriminación Contra la Mujer (CEDAW por sus siglas en inglés) del 15 al 25 de febrero. En avance, I(dh)eas envió el pasado 1 de febrero una serie de recomendaciones al organismo para mejorar los procedimientos de búsqueda de niñas y mujeres. “Los procedimientos de búsqueda de mujeres y niñas desaparecidas no son homogéneos ni ágiles en todas las entidades federativas, lo que trae como consecuencia la protección desigual contra el fenómeno de la desaparición y la ineficiente actuación de las autoridades de búsqueda e investigación”, dice I(dh)eas acerca del análisis que realizó sobre la Alerta Amber,  el Protocolo Alba y la Alerta de Violencia de Género.

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Sólo 11 estados entregaron -vía transparencia- el desglose de edad, sexo y municipio de las víctimas. “Ello a pesar de que estos datos son indispensables para diseñar medidas de prevención y reducir las desapariciones de mujeres y niñas”, afirma la abogada de I(dh)eas. Destaca que sólo Oaxaca, Chiapas, Durango, Michoacán y Puebla dieron el detalle del lugar de desaparición y de localización de las mujeres y niñas, datos importante para detectar patrones de movilización con fines de explotación sexual o de trabajo forzoso.

“El Comité CEDAW analiza el informe del estado, el cual se presenta antes que nuestros informes sombra o alternativos y lo coteja con la información que nosotros como organizaciones civiles, particulares y academia presentamos sobre los mismos datos que está reportando el estado. El comité luego evalúa ambas informaciones y, en función de ello, emite recomendaciones finales al estado. Puede ser que retome nuestras recomendaciones, se las plantea al estado y le pide que en un plazo específico reporte el cumplimento”, dice Arely Varela Baltier.

La-Lista de recomendaciones para los estados sobre desaparición de niñas y mujeres en México

  • Promover la adopción e implementación nacional del Protocolo Alba, así como su homologación con otros protocolos como la Alerta Amber y el Protocolo Homologado de Búsqueda.
  • Recopilación y sistematización de información relevante sobre las víctimas, lugar y circunstancias de desaparición.
  • Elaborar mecanismos homogéneos de rendición de cuentas respecto de la implementación del Protocolo Alba.
  • Adoptar medidas necesarias derivadas de las dificultades por el Covid-19 en la activación e implementación de protocolos de búsqueda de mujeres y niñas.
  • Creación de un mecanismo que pueda evaluar el impacto del mecanismo de la Alerta por Violencia de Género contra las Mujeres.

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