La Lista de los políticos perseguidos por la justicia

Algunos han logrado amparos y otros se han quedado a punto de salir de prisión. También están los prófugos de la justicia y hay uno, en particular, que generó un revuelo en las redes sociales por comer pato pekinés en un costoso restaurante de la Ciudad de México. Todos ellos son políticos perseguidos por la justicia pues enfrentan cargos por haber cometido delitos siendo servidores públicos y, ahora, enfrentan un proceso penal en su contra.

Esta es La-Lista de personajes políticos que tienen o tuvieron un proceso penal en su contra o pendientes con la justicia.

Con dos procesos penales abiertos por lavado de dinero, asociación delictuosa y cohecho por el caso de corrupción en el mundo, el relacionado con la empresa Odebrecht, y por la compra de la planta AgroNitrogenados, El exdirector general de Pemex en el gobierno de Enrique Peña Nieto, Emilio Lozoya Austin, fue detenido el 12 de febrero de 2020, en Málaga, España, con fines de extradición y trasladado a México el 17 de julio de 2020, donde se le retiró su pasaporte y se le colocó un brazalete que le permitió llevar su proceso en libertad por 15 meses. En su momento, la Fiscalía General de la República (FGR) no solicitó prisión preventiva en su contra a cambio de su colaboración en la investigación.

Después de que Emilio Lozoya fuera captado comiendo en Hunan, un restaurante lujoso en Lomas de Chapultepec, el 3 de noviembre la FGR pidió la prisión preventiva justificada en su contra, al considerar que el exfuncionario tenía las herramientas necesarias a su alcance para huir en cualquier momento del país.

Desde ese momento, el exdirector de Pemex permanece preso en el Reclusorio Norte de la Ciudad de México. Emilio Lozoya se desempeñó como coordinador de vinculación internacional de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto y para 2012, fue nombrado como director general de Pemex por el priista, puesto que ocupó hasta 2016.

El 13 de agosto de 2021, Rosario Robles Berlanga cumplió dos años de prisión preventiva justificada en el penal de Santa Martha Acatitla, en el oriente de la Ciudad de México, acusada por el delito de ejercicio indebido del servicio público, cometido dos veces: como titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol), de 2012 a 2015 y como titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) de 2015 a 2018.

A Rosario Robles se le han negado cinco amparos para salir de prisión. El último fue en octubre de 2021, pero el juez de control Ganther Alejandro Villar le negó salir de prisión por “riesgo de fuga”.

La FGR señaló que causó un daño al erario de 5 mil millones de pesos en desfalcos y desvíos de recursos públicos durante su gestión como secretaria en el sexenio de Enrique Peña Nieto, razón por la cual pide 20 años de prisión contra la exfuncionaria y el pago de la reparación del daño por 5 mil 73 millones de pesos.

La exsecretaria regresó al penal de Santa Martha Acatitla mientras la FGR recaba más imformación para imputarle nuevos delitos como delincuencia organizada.

El expriista, Javier Duarte, exgobernador de Veracruz de 2010 a 2016, fue detenido en abril de 2017 en Guatemala y extraditado a México el 17 de julio de ese año por dos procesos, uno del fuero común y otro del fuero federal por lavado de dinero y asociación delictuosa por desviar recursos durante su administración, por medio de empresas fantasmas.

En 2020 fue condenado a 9 años de prisión, que cumple en el Reclusorio Norte, y el 6 de diciembre de 2021 comenzó otro proceso en su contra, ahora por desaparición forzada con el hallazgo de restos en Veracruz. Por lo que la Policía de Investigación de la Ciudad de México ejecutó una nueva orden de aprehensión en su contra en el penal donde se encuentra.

Aunque Duarte interpuso un amparo contra la orden de aprehensión por desaparición, aún no hay resolución definitiva, y la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá una impugnación a la sentencia de 9 años de prisión.

Dirigió la Agencia de Investigación Criminal de la entonces Procuraduría General de la República, cuando Jesús Murillo Karam era procurador, en la administración de Enrique Peña Nieto, y fue estuvo al frente de la investigación por la desaparición forzada de 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, en Iguala, Guerrero, en septiembre de 2014.

Zerón participó en la indagatoria que apuntaba a que los restos de los 43 normalistas habían sido calcinados en un basurero del municipio de Cocula, versión que fue desmentida por un grupo de expertos forenses. También es acusado de manipular evidencias del caso Ayotzinapa, y conseguir testimonio bajo tortura

Ahora se encuentra en Israel y no ha podido ser extraditado, ya que México no tiene tratados firmados con dicho país para colaboración judicial, aunque el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, aseguró que ya se tienen conversaciones con las autoridades de Israel para avanzar en la extradición de Tomás Zerón.

El ingeniero y exdirector de Proyecto Metro, a cargo de la construcción de la Línea 12 del Metro, enfrenta un proceso por homicidio culposo, lesiones culposas y daño a la propiedad por el colapso de un tren y una trabe en tramo Olivos-Tezonco, el 3 de mayo de 2021, en el que murieron 26 personas, entre ellas, un menor de edad y más de 90 personas resultaron heridas.

La investigación es realizada por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, sin embargo, aún no se le imputan los delitos, pues los abogados de las víctimas y el defensor de Horcasitas no han terminado de estudiar la carpeta de investigación.

El 7 de marzo de 2022 es la fecha límite para realizar la acusación formal contra Enrique Horcasitas y nueve funcionarios más, todos servidores públicos en la administración de Marcelo Ebrard como Jefe de Gobierno de la capital del país, de 2006 a 2012, periodo en el que se construyó la Línea Dorada.

Fue delegado de Coyoacán por el PRD, de 2012 a 2015, y en 2018 se convirtió en diputado federal, pero en agosto de 2021, fue desaforado, pues la Fiscalía General de Justicia capitalina lo acusa de enriquecimiento ilícito cuando fue funcionario de la Ciudad de México.

Toledo viajó a Chile en agosto pasado y desde entonces ha permanecido allí. Contra el exfuncionario hay una ficha roja de la Interpol y las autoridades ya solicitaron una orden de extradición, por lo que el 24 de diciembre se resolverá su situación jurídica.

El secretario de la Defensa en el sexenio de Enrique Peña Nieto, Salvador Cienfuegos, fue detenido el 15 de octubre de 2020 en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles, en Estados Unidos, a raíz de una investigación de la Administración de Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés) del Departamento de Justicia estadounidense.

A Cienfuegos se le acusó de narcotráfico y lavado de dinero, pero el gobierno del presidente Andŕes Manuel López Obrador aseguró que nunca fueron notificados de esta investigación en contra del exsecretario de la Defensa Nacional.

En cuanto la Fiscalía General de la República tuvo conocimiento de esto, abrió una investigación y solicitó a la jueza de Estados Unidos que se desestimaran los cargos contra Cienfuegos para que México llevara a cabo su propia indagatoria, de acuerdo a lo informado por el canciller Marcelo Ebrard, el 18 de noviembre de 2020.

Aunque la DEA envió más de 700 pruebas que sustentaban los vínculos que el general tenía con una organización criminal, el presidente López Obrador solicitó que Cienfuegos fuera enviado de regreso a su país. El exfuncionario regresó a México a mediados de noviembre, para llevar su proceso en el país. En enero de 2021, la FGR declaró que Salvador Cienfuegos no tenía vínculos con alguna organización criminal, por lo que exoneró al exsecretario.

“Luego de analizar los elementos probatorios enviados por las autoridades norteamericanas y los aportados por el Gral Salvador Cienfuegos; la #FGR concluyó que él no sostuvo encuentro ni comunicación con grupo delictivo alguno. Por lo que se determinó no ejercer acción penal”, informó la Fiscalía.

El presidente, Andrés Manuel López Obrador dijo entonces que “es una decisión que toma la fiscalía pero que el gobierno que represento secunda, es decir, avala, respalda. Nosotros sostenemos que debe de terminarse la impunidad, desde luego la corrupción pero también que no pueden haber represalias, venganzas y que no se pueden inventar delitos”.

Fue secretario de seguridad en el sexenio de Felipe Calderón, de 2006 a 2012, y ahora está acusado de recibir dinero por parte del Cártel de Sinaloa, razón por la que fue detenido en diciembre de 2019, en Texas.

En febrero de 2018, Jesús Zambada, socio de “El Chapo” Guzmán, dijo en audiencia en Estados Unidos que el cártel sobornó a García Luna para operar con libertad en el país, en medio del combate contra el narcotráfico de Calderón, al nombrar a un jefe de la policía de Culiacán afín al grupo criminal.

Por su parte, la Unidad de Investigación Financiera de México investiga desvío de recursos públicos a cuentas relacionadas con García Luna, por al menos 2 mil millones de pesos.

El juicio de Genaro García Luna en Estados Unidos está programado para el 24 de octubre de 2022 luego de que el Departamento de Justicia estadounidense pidió al juez Brian Cogan, de la Corte federal de Nueva York, una prórroga para preparar el caso por su complejidad. Mientras tanto, el exsecretario de seguridad permanece en prisión. 

Cuando Emilio Lozoya pactó un acuerdo de colaboración con la Fiscalía General de la República, se comprometió a dar nombres de más involucrados en los casos Odebrecht, AgroNitrogenados y la aprobación de reformas del Pacto por México, de Enrique Peña Nieto. En agosto de 2020, la denuncia del exdirector de Pemex fue filtrada y en ella aparecía el nombre de Ricardo Anaya, quien fue candidato a la presidencia por el PAN, en 2018.

A Anaya se le acusa por asociación delictuosa, cohecho y lavado de dinero, así como por supuestamente recibir 7 millones de pesos por votar a favor de la Reforma Energética, cuando el panista era presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

En noviembre de este año, Ricardo Anaya tuvo una audiencia a la que se presentó por videollamada, pues se encontraba en Nueva York. Su abogado pidió al juez una prórroga para terminar de revisar la carpeta de investigación y su proceso de imputación se aplazó al 31 de enero de 2022, aunque el juzgador solicitó que para ese evento, Anaya estuviera en territorio mexicano.

Juan Collado fue detenido en 2019 por delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita y encarcelado en el Reclusorio Norte, en la Ciudad de México. Aunque el abogado no fue servidor público, sí fue defensor legal del expresidente Enrique Peña Nieto y del líder sindical de Pemex, Carlos Romero Dechamps.

El monto por el que se le investiga asciende a 36 millones de pesos, así como por 13 millones de pesos con daño al Gobierno de Chihuahua. La hermana del abogado, Lucía Collado, también está siendo investigada por cuentas en Andorra, abiertas a su nombre, que supuestamente era usada por el Cártel de Sinaloa para lavar dinero.

La Fiscalía General de la República le ofreció un criterio de oportunidad en diciembre de 2021 para salir de prisión a cambio de cooperar y aportar información sobre casos de corrupción, en los que estén inmiscuidos políticos, pero hasta el momento Collado no ha respondido.

En la administración de Andrés Manuel López Obrador, dos de sus colaboradores han sido señalados.

Santiago Nieto, quien fue el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público hasta noviembre de 2021, fue señalado por acumulación de bienes por la compra de cuatro propiedades y un vehículo de más de 35 millones de pesos. Nieto estuvo al frente de la UIF por 25 meses, con un sueldo de 107 mil pesos mensuales. 

El exfuncionario del gobierno federal indicó “Aumentaron mis deudas, no mi patrimonio”.

En noviembre, Santiago Nieto renunció a su puesto, luego de que Reforma difundiera cómo fue su boda con la consejera electoral Carla Humphrey, en Antigua, Guatemala, y la detención de la entonces secretaria de Cultura de la Ciudad de México, Paola Félix Díaz; Juan Francisco Ealy, presidente de El Universal y el productor de teatro, Alejandro Gou, quienes viajaban en un avión privado con 35 mil dólares en efectivo, a la boda de Humphrey y Nieto.

Alejandro Gertz Manero, fiscal general de la República, también acusado por tener un departamento en Nueva York, ubicado en la Quinta Avenida y Central Park, que asciende a los 3 millones de dólares, de acuerdo con El Universal. Sin embargo, el fiscal aseguró en entrevista con Univisión que sus bienes están declarados ante la Función Pública y las autoridades tributarias y se negó a hacer pública su declaración patrimonial para evitar extorsiones.

El 8 de diciembre, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió a la Secretaría de la Función Pública que indague la procedencia de los bienes de Nieto y del fiscal Gertz Manero y aseguró que ambos son personas íntegras.