Cabeza de Vaca pide a FGJ de Tamaulipas revisar el caso de Juana Alonzo Santizo

Francisco Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, pidió a la Fiscalía General de Justicia (FGJ) del estado que lleve a cabo la revisión del caso de Juana Alonzo Santizo, migrante originaria de Guatemala, encarcelada desde 2014 y a quien se le obligó a firmar un documento donde se autoinculpaba de un secuestro.

A través de sus redes sociales, el gobernador se sumó a la petición del presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) e hizo un llamado para a la Fiscalía, ya que aseguró que ninguna persona que sea inocente debe permanecer presa.

“Me sumo al llamado hecho por el presidente López Obrador sobre el caso de la señora Juana Alonzo Santizo. Pido respetuosamente a la FGJ de Tamaulipas a que haga una revisión expedita del expediente. Ningún inocente debe estar privada de su libertad”, señaló en su cuenta de Twitter.

Este posicionamiento llega luego de que, el 19 de mayo durante su conferencia de prensa matutina, el jefe del Ejecutivo pidiera a Cabeza de Vaca que “de manera respetuosa, que nos ayude, que se libere a esta migrante”.

López Obrador indicó que “hay todas las pruebas de que fue torturada” y que incluso la Fiscalía de Tamaulipas lo reconoce. 

“Ojalá y lo hagan porque aceptaron que era una injusticia”, llamó.

Juana Alonzo Santizo ha estado encarcelada todos estos años en prisión preventiva sin siquiera haber recibido una sentencia debido a la falta de evidencia.

Juana Alonzo intentaba cruzar la frontera con de México con Estados Unidos, viajó 2 mil kilómetros desde Guatemala y estuvo en una casa en Reynosa con otros migrantes cuando llegaron elementos de seguridad de Tamaulipas y la detuvieron supuestamente por secuestro.

Según los abogados de Juana y su testimonio, una mujer que también estaba en esa casa logró realizar una llamada telefónica y denunció que estaba privada de su libertad. Cuando los elementos de la unidad especializada llegaron, detuvieron a Juana sin garantizarle el acceso a un intérprete que le explicara lo que estaba sucediendo en su lengua natal, el chuj.

La migrante guatemalteca de origen indígena no pudo responder las preguntas que los policías le hacían y estos la habrían golpeado, le apuntaron con un arma y la obligaron a firmar una carta donde aceptaba que era parte de una banda dedicada al secuestro.