Jueza otorga suspensión provisional a transferencia de la GN a la Sedena
La suspensión provisional para evitar la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena fue otorgada por una juez de Guanajuato.
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La suspensión provisional para evitar la adhesión de la Guardia Nacional a la Sedena fue otorgada por una juez de Guanajuato.
Un juez federal otorgó una suspensión provisional a un grupo de organizaciones para frenar la transferencia operativa y administrativa de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).
La decisión fue tomada por Karla María Macías Lovera, titular del juzgado noveno de Distrito con sede en Guanajuato, y se dio a organizaciones como Uniendo Caminos México, Unión Cívica 1, Firma Jurídica AC&AC Asociados, Toril, EeK y otras.
Con la suspensión provisional, la Guardia Nacional quedará bajo el mando de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y no de la Sedena, y en caso de que ya se hayan destinado ruchos para el cambio, estos deberán ser restituidos a la dependencia al mando de Rosa Icela Rodríguez.
En su petición, las organizaciones aseguraron que los militares no cuentan con la formación necesaria para llevar a cabo tareas de seguridad pública.
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La suspensión provisional sobre el pase de la Guardia Nacional a la Sedena se mantendrá hasta que se lleve a cabo la audiencia incidental, en la cual se determinará si se otorga la suspensión definitiva.
En un comunicado, las organizaciones aseguraron que desde septiembre de este año han presentado 53 amparos colectivos y que han luchado jurídicamente contra la Ley de Seguridad Interior de Enrique Peña Nieto y los acuerdos sobre Seguridad Pública del presidente López Obrador.
El pasado 10 de septiembre, el mandatario mexicano publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el decreto por el cual la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) asume el control operativo y administrativo de la Guardia Nacional.
Mientras, la Alta Comisionada interina de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Nada Al-Nashif, expresó también su preocupación por la aprobación de esta reforma y consideró que es un “retroceso” para la seguridad pública basada en los derechos humanos.