4 activistas asesinados en lo que va de 2023 en México

En el inicio de este año se han cometido cuatro asesinatos contra defensoras/es de las poblaciones indígenas y de la tierra y el territorio, a lo que se suman dos desapariciones, 12 detenciones arbitrarias y agresiones contra activistas.

De acuerdo con la organización civil “Aluna, Acompañamiento Psicosocial”, las agresiones comenzaron el 5 de enero de este año, con el homicidio del defensor de los derechos del pueblo Ñomndaa en Guerrero, Remigio de la Cruz.  

Al respecto, Flor Goche, integrante de la organización civil, explicó a La-Lista que México se encuentra en un escenario permanente de agresión contra personas defensoras y periodistas, una constante que se ha hecho presente desde el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa. 

También detalló que de acuerdo con la información que han recopilado sobre estos casos, hay una evidente participación de grupos de la delincuencia organizada, del sector empresarial e incluso servidores públicos, cada uno por separado e incluso en contubernio, vinculados a disputas por el territorio. 

“Que los episodios episodios de agresiones y violencia no paren, es muestra contundente de que las acciones oficiales para proteger a las personas defensoras no están siendo efectivas”, condenó. 

Agregó que algunas de las personas defensoras tenían medidas de protección otorgadas por dependencias de gobierno federal o local y pese a ello fueron agredidas.

“Ha faltado el reconocimiento oficial de estas problemáticas, que se reconozca desde las más altas esferas del poder y pues la gravedad de esta situación que están enfrentando las personas que defienden derechos humanos en México que es crítica”, apuntó Flor Goche.

Así mismo, mencionó que tampoco hay un interés por parte de las autoridades en atender las causas que llevan a las y los defensores a enfrentarse con los agresores, “no eso es solo que no se atiendan, sino que incluso funcionarios públicos están involucrados en algunas de estas agresiones”.  

De defensores a víctimas 

Además del asesinato de Remigio de la Cruz, también se documentó que el 12 de enero fueron asesinados en Michoacán, tres comuneros nahuas: Isaúl Nemecio, Miguel Estrada y Rolando Magno, integrantes de la Guardia Comunal de Santa María Ostula y de la Guardia Comunitaria de Aquila.

Mientras que el 15 de enero, en los límites de Michoacán y Colima, fueron desaparecidos los defensores de la comunidad de Aquila, Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, sin que hasta la fecha hayan sido localizados. 

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Y dos días después, David Hernández Salazar, defensor del territorio binnizá, fue detenido arbitrariamente en Oaxaca y finalmente liberado tras la presión social que se ejerció.

El 11 de enero, en Campeche, fueron detenidos Joel Jiménez y Naín Camacho durante una protesta contra el Tren Maya.

Un día antes, en la Ciudad de México, fueron detenidos y golpeados por policías ocho estudiantes y un integrante de un colectivo de damnificados, cuando se manifestaban contra el choque de los trenes en la Línea 3 del Metro, que arrebató la vida a la joven universitaria Yaretzi Hernández.

La CIDH y Corte IDH vs Estado mexicano

En esta misma sintonía la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) se han pronunciado por cuatro casos que señalan al Estado Mexicano como responsable de flagrantes violaciones a derechos humanos.

Durante enero de este 2023 la CIDH otorgó medidas cautelares para tres casos de personas defensoras y comunidades en riesgo: Ricardo Arturo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia en Michoacán; la comunidad jesuita de Cerocahui en Chihuahua; y Pascuala López y su núcleo familiar en Chiapas.

En el caso de Ricardo Lagunes y Antonio Díaz, los dos defensores que desaparecieron, no hay indicios claros de su paradero, a casi un mes de que se los llevaron.

El otro caso sobre el que se pronuncia la Comisión Interamericana es el de la comunidad jesuita de Cerocahui en Chihuahua en donde fueron asesinados dos sacerdotes jesuitas en junio del año pasado. Por otro lado, el de la defensora del territorio Pascuala López, quien ha vivido hostigamiento y hechos de violencia por parte de grupos armados. 

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“Tres casos geográficamente distantes, pero no distintos en México, que representan largos procesos de ejercicio y defensa de derechos humanos en contextos en los que la delincuencia organizada ha cooptado las esferas de la institucionalidad, en donde la realidad rebasa los discursos matutinos e informes oficiales y los recursos internos que ofrece el Estado Mexicano han sido agotados e insuficientes para dar respuestas a familiares, comunidades y colectividades que exigen justicia y verdad en este país”, indica un comunicado de la CIDH del pasado 9 de febrero.

Sexenio de EPN el más violento para defensores: Comité Cerezo México

De acuerdo con el informe de la organización civil Comité Cerezo México, aunque el actual gobierno ya supera en esta materia a todo el sexenio de Felipe Calderón; el periodo de 2013 a 2018 ha sido el más violento contra defensores del que se tiene registro. 

En 2022, se reportaron 22 ejecuciones extrajudiciales de personas defensoras de derechos humanos, con lo que suman 79 asesinatos por motivos políticos en lo que va del sexenio. Esto, supera las 67 ejecuciones extrajudiciales reportadas en el sexenio de Felipe Calderón, pero está por debajo de los 189 activistas asesinados durante el sexenio de Enrique Peña Nieto. 

“Se puede explicar que en este gobierno las cifras sean más altas que en el gobierno de FCH debido a dos factores; el primero, que a nivel estatal y municipal se continúa con la estrategia de represión política como en los dos sexenios anteriores y, segundo, que desde el gobierno federal existe una política de impunidad, ya que no hay castigo a los responsables”, explica la organización en su informe publicado el 10 de enero pasado.