Una promesa circular

Reducir, reusar, reciclar, retirar.

Estas cuatro acciones (o 4Rs) constituyen los ejes de la economía circular del carbono, el concepto que los ministros de energía del G20 adoptaron el año pasado bajo la presidencia y propuesta de Arabia Saudí, con el fin de promover un desarrollo equilibrado y contribuir en el combate al cambio climático.

Reducir emisiones de carbono disminuyendo el consumo energético -elevando la eficiencia- y adoptando fuentes más limpias de energía, como las renovables o la nuclear.

Reusar el carbono como insumo en la química, la fabricación de combustibles sintéticos o materiales de construcción, entre otros.

Reciclar aprovechando el proceso natural de absorción de carbono en las plantas y los océanos, y después producir biocombustibles o biomasa.

Retirar carbono capturándolo y almacenándolo en el subsuelo, mediante procesos químicos o potenciando el reciclado natural.

La idea es actuar en estos cuatro frentes al mismo tiempo, cada país en la medida de sus capacidades, conforme a su propia matriz energética. Y como los combustibles fósiles juegan un papel preponderante en la economía moderna, la propuesta es encontrar fórmulas para utilizarlos de manera sustentable. Esto ayudaría a los países cuya principal fuente de ingreso proviene de la venta de petróleo, gas o carbón a participar de lleno en la construcción de la nueva economía mundial.

Suena difícil y lo es. Más allá del debate sobre el grado en que esta agenda, que depende del progreso tecnológico, reduzca efectivamente la acumulación de carbono en la atmósfera, un desafío medular radica en el establecimiento de instituciones que sostengan a lo largo del tiempo las reglas y los estímulos a las cuantiosas inversiones para cumplir con esta agenda multidimensional, multilateral, multigeneracional.

El problema involucra la capacidad de empresas y gobiernos sucesivos para comprometerse de manera creíble, por décadas, a no aprovecharse el uno del otro una vez desembolsados los recursos, construidas las instalaciones, puestas las máquinas que activarán las 4Rs. La consistencia en las reglas del juego, gobierno tras gobierno, propietario tras propietario de empresa, es clave.

Por ejemplo, una planta de generación eléctrica cuesta, dependiendo de la tecnología, cientos o miles de millones de dólares, y es imposible reconvertirla para fabricar autopartes o zapatos; solo es rentable si genera electricidad. Un proyecto de captura y almacenamiento de carbono, si lograra llegar a la etapa comercial, está dedicado a un sitio. Se requieren veinte a treinta años de ventas estables para recuperar costos y obtener una tasa de ganancia competitiva.

La estabilidad de las reglas que fija el gobierno es crucial para las empresas en su toma de decisiones. Evidentemente, las inversiones serán más rentable mientras sea menor el riesgo de que el gobierno las altere, más altos sean los precios y las tarifas de los servicios energéticos, más bajos los impuestos, o más suaves las regulaciones. Entre los parámetros relevantes para la rentabilidad de proyectos para las 4Rs destacan el impuesto al carbono, la autorización a comprar y vender derechos para emitir emisiones dentro de un límite (de donde emerge un precio del carbono), el pago por el almacenamiento subterráneo de ese carbono, o la tarifa para procesar el carbono de manera que pueda emplearse en aplicaciones industriales.

Los gobiernos enfrentan su propio desafío para interpretar la confiabilidad de las empresas. Pueden buscar más inversiones, pero también desconocer el verdadero costo de los proyectos que ejecutarán. Un escenario sería que la empresa ofreciera deshonestamente un precio de la electricidad o de captura de emisiones artificialmente bajo para conseguir un contrato del gobierno y, una vez obtenido, declarara que en realidad es más alto y que cobrarlo es la única de mantener el servicio en pie. En este caso, la empresa se apropiaría de manera oportunista de los beneficios que se suponía debían llegar al gobierno o la población.

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Aunque gobierno y empresas procuran evitar este tipo de oportunismo firmando contratos que especifican fórmulas de precios y volúmenes y condiciones de suministro, lo cierto es que es prácticamente imposible contemplar de antemano todas las contingencias. Con el paso del tiempo las cosas pueden cambiar a grado tal que el contrato ya no aporta una referencia para resolver disputas.

No es extraño que un nuevo gobierno baje los precios pactados para proyectos de infraestructura especializada después de construida. Tampoco que las empresas, a pesar de su interés en proteger su reputación, intenten apropiarse de más beneficios que los acordados a la firma del contrato. La renegociación se convierte en la única opción. En los casos más drásticos, cuando es imposible acordar una fórmula para manejar la compleja relación, la integración vertical -la combinación de las empresas- es la otra salida. Si predomina el criterio económico, se tratará de una reestructuración privada; si por el contrario se impone una visión política, hasta la toma de control por parte del gobierno -una nacionalización- es posible.

Los economistas y politólogos apuntan a cuando menos tres rutas para intentar salvar este problema, ninguna infalible. Una es forjando una reputación de confiabilidad y firmar contratos solo con quienes también cuentan con ese tipo de reputación. Eso requiere un precedente de numerosas transacciones que ambas partes solo consiguen con el tiempo. Otra opción es delegar la toma de decisiones a terceros independientes, por ejemplo, a instituciones que no estén sujetas a los cambios de ánimo de votantes y políticos. Otra más es una combinación de las dos anteriores: comprometer la reputación del país al respeto de tratados internacionales cuyo cumplimiento vigilan los demás países que también lo firmaron.

Los antecedentes inmediatos a este tipo de soluciones provienen de la política monetaria delegada a un banco central autónomo, que establece una tasa de interés con independencia de los ciclos electorales, o de acuerdos comerciales internacionales, que comprometen a un país a mantener un nivel máximo de aranceles sin importar el gobierno en turno.

En el sector energético, los ejemplos son las comisiones autónomas que regulan el precio de transporte de gas natural o tarifas eléctricas. Menos común, si acaso, es crear una institución que fije sin injerencia política el nivel de emisiones o el impuesto al carbono. Los gobiernos no han querido renunciar al control de esta variable porque afecta directamente a sus ingresos tributarios y al ritmo de crecimiento de la economía. Hace falta más progreso parecido al promovido por las 4Rs para producir más con menos energía – liberando menos carbono a la atmósfera. En el ámbito internacional, es preciso esperar un poco más para evaluar el éxito de los acuerdos multilaterales sobre emisiones como el de París.

Con todo, el éxito de estos arreglos depende de intangibles como la legitimidad, las normas y costumbres. Un contrato, una política, o una ley percibidos como ilegítimos -adoptados mediante procesos incongruentes con las normas de comportamiento nacionales- tienen pocas esperanzas de vida. Lo mismo ocurre con la delegación de decisiones a un tercero independiente. Si los actores políticos no respetan esa autonomía, entonces solo existe en el papel. Un apoyo social y político amplio debe imperar para el éxito de estos mecanismos.

¿Podrían los gobiernos del G20 comprometerse en conjunto a crear instituciones nacionales que aceleren la marcha hacia una economía circular del carbono? El primer e importante paso lo han dado, señalando el valioso potencial de las 4Rs. En las próximas reuniones de ministros serán llamados a compartir sus avances en esta agenda. Los pasos siguientes son claramente más complejos. Pero de ellos depende la promesa de la economía circular del carbono.