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Max Kaiser

Todos los servidores públicos que niegan el derecho a ser tratado en un hospital público podrían ser acusados y sentenciados de abuso de autoridad.

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Protesta por la falta de medicamentos contra el cáncer. Foto: @MovSaludOficial/Twitter

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“Para los poderosos, un crimen es eso que otros cometen”.

Noam Chomsky

Los servidores públicos que han retardado o negado indebidamente tratamientos a los niños con cáncer en instituciones públicas cometen un delito, un crimen, cada vez que un pequeño debe recibir su tratamiento y no lo recibe por una causa injustificada. Esto no es una opinión de quien escribe este texto, está en el Código Penal Federal: comete el delito de abuso de autoridad el servidor público que indebidamente retarde o niegue a los particulares un servicio que tenga que otorgarles. Eso dice la fracción III del artículo 215 del Código Penal Federal. La pena va de uno a ocho años de prisión, por lo que el delito prescribe en 4.5 años (media aritmética, regla de prescripción para poder perseguir el delito). Así, todos los servidores públicos que niegan el derecho a ser tratado en un hospital público podrían ser acusados y sentenciados de abuso de autoridad. Hay dos claves esenciales en la hipótesis establecida en este artículo: los verbos rectores “retardar” y “negar”, y el concepto “indebidamente”. En este texto trataré de hacer una explicación sencilla de los tres, para dejar un parámetro que le sirva a cualquier ciudadano para evaluar el actuar criminal de este gobierno, y exigir justicia.

Empecemos con los verbos rectores del delito. Retardar o negar un tratamiento para el cáncer implica una acción u omisión voluntaria, es decir, consciente, y que, además, forme parte de las funciones y facultades de un servidor público. Este delito no aplica para los médicos, enfermeras y personal médico que tienen que sufrir la vergüenza de avisar a los padres que no será posible atender a su hijo, porque carecen de los medicamentos, instrumentos y tratamientos necesarios para hacer su trabajo. Su función es la atención directa de los pacientes, y no la procura de los recursos necesarios.

Quienes hoy retardan y niegan este servicio son la cadena de servidores públicos que han sido incapaces, por acción u omisión, de contar con los medicamentos, tratamientos e instrumentos necesarios, en el momento que se requieren. Se trata de una larga cadena que va desde aquellos que dieron la orden de destruir todo el sistema de abastecimiento de medicinas en el sector público, hasta el director de un hospital o sanatorio que no hizo a tiempo el requerimiento adecuado. Estas acciones han costado varias vidas humanas, y no se trata de una simple negligencia. Será fácil probar jurídicamente que alguien retardó o negó un servicio al que se tiene derecho. De ahí el análisis del segundo concepto importante: “indebidamente”. Sería imposible imputar una responsabilidad criminal a esta cadena de servidores públicos si la incapacidad para obtener medicamentos fuera producto de una escasez en el mercado, imposible de prever, o de alguna circunstancia de fuerza mayor, como fenómeno natural que destruyera grandes cantidades de medicamentos o sus rutas de abastecimiento. En este caso se trata de una decisión política, instruida por el presidente, e implementada por toda una cadena de servidores públicos serviles.

Lee también: Padres de niños con cáncer llaman a marcha nacional y bloqueo en el AICM

La instrucción fue pública, y tuvo dos vertientes. Por un lado, el 9 de abril de 2019 instruyó públicamente a su gobierno acabar con los contratos con las grandes farmacéuticas que, según él, y sin ninguna investigación formal de por medio, acaparaban ilegalmente el mercado de medicinas del sector público. Por otro lado, instruyó que todas las compras públicas de todo el gobierno se hicieran a través de la Oficialía Mayor de la Secretaría de Hacienda, que no tiene esas funciones, y nunca tuvo la capacidad de hacer bien esta tarea. Estas instrucciones y su aplicación crearon un caos monumental en el suministro de medicinas del sector público. Se rompieron años de relación y experiencia en la planeación, abasto, suministro, distribución y reparto de medicinas, entre instituciones públicas y empresas privadas. Esto generó enormes cuellos de botella en toda la cadena, que nunca fueron resueltos, desconfianza entre los distintos miembros de este proceso, y enormes riesgos de corrupción e ineficacia.

Se niegan a corregir y nada han hecho para crear un nuevo sistema que sí funcione. Las advertencias al presidente y a los miembros de su gabinete vinieron del sector privado, del sector médico, de la sociedad civil mexicana y de organizaciones internacionales. El error era obvio y evidente, y las consecuencias eran perfectamente previsibles. Muchos fuimos los que advertimos exactamente lo que hoy está pasando. Todos fuimos tachados de proteger los intereses de las grandes farmacéuticas. Creo que también será fácil de probar el concepto “indebidamente”.

Muchos padres ya perdieron a sus hijos por este delito, otros están por perderlos. Es nuestra responsabilidad ciudadana no descansar hasta que haya justicia.

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