El juicio de la historia y el amparo de la Libre de Derecho

El próximo domingo se realizará una consulta que nació muerta, pero que funciona como el distractor planeado para sacar de foco los grandes pendientes y fracasos en esta primera mitad del sexenio más demagogo y populista que se recuerde en la historia reciente de nuestro país.

El ejercicio no tiene características democráticas, su pernicioso objetivo es preguntar si la ley debe cumplirse para enjuiciar a 5 expresidentes; sin embargo, tal y como la aprobó la Suprema Corte de Justicia, la pregunta carece de claridad para enredar lo que ya era intrascendente.

Hay temas en la agenda nacional que requieren ser atendidos con urgencia y resultados tangibles, tenemos un 30% del territorio nacional tomado por el crimen organizado donde no existe el Estado de derecho. La tercera ola de la pandemia nos azota en medio de la displicencia consumada de la Secretaría de Salud, con un titular que permanece ausente y un subsecretario que privilegia ideología sobre eficacia con costos humanos catastróficos que alcanzarán en los próximos días más de 240 mil decesos.

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La maestría para usar distractores por parte de Andrés Manuel López Obrador logra su máxima expresión con la llamada consulta popular. Tan golpeado está nuestro régimen de legalidad, que se les ocurre preguntar si la ley debe aplicarse e involucran a la Corte para hacerla comparsa de un absurdo. El ejercicio carece de importancia, su resultado no será vinculatorio y ha manchado el prestigio del Máximo Tribunal para darle gusto a AMLO, que además no quedó satisfecho con un texto que mueve a burla.

¿Cuáles son las acciones pertinentes, con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento sobre decisiones políticas tomadas en años pasados por los actores políticos? La pregunta aprobada por la mayoría en la Corte, es una marca negativa en la historia de la justicia federal, independiente y objetiva a la que aspiramos.

¡Si AMLO tiene elementos y pruebas, es su deber investigar a los expresidentes y se acabó el dilema! Si diversos funcionarios de alto rango de la administración pasada enfrentan procesos penales, que investigue también a Enrique Peña Nieto. El Presidente quiere hacernos creer que su manto purificador selectivo, libra de indicios de corrupción a colaboradores de su partido y de su administración, la pretensión insulta nuestra inteligencia.

Si hay conductas ilícitas que no han prescrito sobre los sexenios de Fox y Calderón que los llame a cuentas, sin darle vueltas o evadir el costo político.

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La consulta logrará distraer a quienes dispongan de su tiempo el próximo domingo y crean que la participación sobre una obviedad se puede considerar ejercicio democrático. Un burdo truco para evitar el juicio sobre la incapacidad del gobierno federal en el combate a la delincuencia; la pobreza y el rezago educativo, con el abandono del sistema de salud, una política energética regresiva, el desplome de los indicadores de competitividad para México, desempleo desbordado e inflación que ya enciende focos rojos. Es un régimen que se disfraza de izquierda, con la esencia más negativa de la derecha autoritaria que pretende imponer una sola visión en un país que ya cambió y que en su justificado hartazgo, abrió la puerta a profesionales vendedores de espejitos que enfrentarán sin absoluciones el severo juicio de la historia.

En lo personal esas son mis razones para no participar de un engaño, calculado con frialdad para imponer una agenda carente de contenidos constructivos.

Llegará la hora en que los pregoneros del juicio al pasado se sienten en el banquillo de los acusados, la soberbia les hace olvidar que el poder es efímero y las instituciones perduran mientras haya quienes estén dispuestos a la legítima aspiración de una nación decidida a vencer sus retos sin volver al autoritarismo que creíamos superado.

Edictos

Vaya revuelo ha causado entre la comunidad jurídica y académica el amparo presentado por la Escuela Libre de Derecho a través de su Rector, Ricardo Silva Díaz, en contra de leyes que reglamentan la Reforma Judicial, defendida con vehemencia por el ministro Arturo Zaldívar, Presidente de la Suprema Corte y exalumno de esa casa de estudios.

Desde el punto de vista de esa comunidad, las recientes reformas no se apegan a la Constitución, ni a las Convenciones Internacionales que garantizan la independencia de los poderes judiciales. El Rector de la Escuela Libre de Derecho ha dicho en diversas entrevistas que considera que la reforma otorga excesivas facultades discrecionales para sancionar a juzgadores federales y cambiarlos de adscripción.

Otro punto de inconformidad es el tristemente célebre artículo XIII transitorio, que amplió el periodo de consejeros de la Judicatura Federal, entre ellos el del propio ministro Zaldívar. Para Silva Díaz, el amparo se presenta para honrar los principios de la institución ante la reforma, que desde su perspectiva viola derechos fundamentales. La polémica cuestiona directamente a Zaldívar, quien además ha sido catedrático de licenciatura y posgrado en esa Universidad, en la que obtuvo el título de abogado.

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Hace unos días la consejera de la Judicatura Federal, Loretta Ortiz Ahlf, también egresada de la Libre de Derecho, hizo público a través de redes sociales, su desacuerdo por el amparo presentado desde la Universidad en la que también dio clases. Las reacciones fueron adversas para la consejera que aspira a ser ministra, ya que afirmó que la presentación del juicio tiene fines políticos. Loretta Ortiz sería beneficiada por la ampliación del periodo como consejera y su rechazo al amparo podría constituir, incluso una presión para los jueces federales que conozcan de ese litigio.

A partir de la próxima semana, tras el receso de verano, el pleno del Tribunal Constitucional discutirá la ampliación del periodo de Arturo Zaldívar y los demás consejeros de la Judicatura Federal a través de la consulta extraordinaria analizada en el proyecto de resolución del Ministro Fernando Franco González Salas, otro egresado y catedrático de la Escuela Libre de Derecho, quien en diciembre dejará de ser ministro en activo y podría ser sustituido por la propia Loretta Ortiz, mujer cercana al Presidente de la República.