Tribunal electoral en crisis: remoción de Vargas que puede remover a todo el órgano

El miércoles pasado fue depuesto como presidente del tribunal electoral el magistrado José Luis Vargas, luego de que una mayoría de cinco de siete magistradas y magistrados votaran removerlo y designar en su lugar a Reyes Rodríguez Mondragón. Vargas desconoció esa decisión y asegura que continúa siendo presidente, pide a la Suprema Corte intervenir en este episodio vergonzoso en el que dos magistrados, simultáneamente, se asumen presidente en funciones a pocos días de que se resuelvan casos polémicos y eventuales nulidades de contiendas 2021.

Sin importar los tiempos, estalló esta inédita crisis en la Sala Superior del Tribunal y podría ser el inicio del fin para su actual integración. El presidente Andrés Manuel López Obrador ya anunció que en su opinión debiera cambiar el órgano entero, aunque no basta el ánimo presidencial, se requiere reforma constitucional y, por lo tanto, un acuerdo político con legisladores de oposición para sumar las dos terceras partes del congreso federal y también de los locales. Esa ruta se asoma, aunque podría frenarla una intervención de Corte que se ha mantenido al margen hasta hoy.

No es un pleito menor, se trata del máximo órgano de justicia en la materia, última instancia, quien define la interpretación constitucional inatacable sobre todas las reglas y decisiones jurídicas relacionadas con elecciones en el país. Entre pleitos y grillas añejas de grupos que se disputan control administrativo y político de esa institución, una amplia mayoría de magistradas y magistrados que hoy integran su pleno impulsaron el anticipado y fulminante cambio de mando interno.

Lee también: José Luis Vargas pide diálogo a magistrados del TEPJF; presenta impugnación ante la SCJN

Pese a que la designación de presidencia es por periodos de cuatro años, los inconformes con la polémica gestión de Vargas interpretaron que era factible removerlo por falta de confianza y, como ellas y ellos son los jueces constitucionales y no es clara su interpretación de la norma colegiada sería suficiente para consumar la remoción a menos que la Suprema Corte intervenga o el Congreso resuelva un cambio total.

Al inicio de la sesión pública convocada para resolver diversos asuntos jurisdiccionales, el magistrado Felipe de la Mata fue quien pidió incluir un punto adicional que sería, según dijo, para “evaluar” el desempeño del magistrado presidente, José Luis Vargas.

En realidad, no se trataba de ninguna evaluación, sino de abrir un espacio para someter a votación la remoción de Vargas, confrontado con un bloque mayoritario de cinco de sus colegas, a quienes ha calificado como “manada” que vota unida en el mismo sentido, estampa del mal ambiente interno, reproche del presidente depuesto ante derrotas constantes en asuntos diversos que ese bloque le gana ya desde hace algunas sesiones por mayoría aplastante.

Vargas está acorralado, su pleno lo ha depuesto y pese a sus esfuerzos por conquistar respaldo presidencial la Unidad de Inteligencia Financiera insiste que hay elementos para perseguirlo por un presunto enriquecimiento ilícito. No hay condiciones de liderazgo institucional ni de independencia con un escenario así, tiene en contra a casi todo el pleno que se supone debía cohesionar y la sombra de un “Medinamorazo” vigente por la investigación sobre su millonario patrimonio que no niega, pero asegura, es “lícito”. Luce extraño que un servidor público de tiempo completo tenga movimientos millonarios a su alcance o que la súbita prosperidad y riqueza bien habida le sonría así de pronto, aunque es algo posible y naturalmente, Vargas goza de presunción de inocencia hasta que se demuestre lo contrario.

Ese tema fue mencionado durante la sesión de inconformes, pero el magistrado se aferra al cargo y no se ha dado cuenta de que los apoyos que supone a su lado desde el gobierno han sido más pragmáticos que duraderos, no hay garantía de impunidad en caso de que existan ilícitos en su actuar. No es un factor o contrapeso real que gane votaciones en el tribunal y ahora su única carta a ofrecer podría ser coadyuvar a que todas y todos caigan con él.

Cuando De la Mata pidió incluir el punto para “evaluarlo”, el todavía presidente Vargas se dio cuenta que había una jugada en marcha para deponerlo, que perdería de forma irremediable esa votación y entonces trató de ganar tiempo, de que no se votara, primero amagó con las facultades que le permitían como presidente “desalojar” a quienes impidan el orden en una sesión, luego se negó a incluir el punto con el argumento de que solo podían discutirse temas jurisdiccionales y no de gobierno interno, pidió debatir en privado, pero sus pares no cedieron, solo la magistrada Mónica Soto intercedió por él sin éxito, tampoco le hicieron caso y notablemente nervioso optó por suspender de forma unilateral la sesión. Decretó un receso y apurado dijo “suspendan por favor la sesión”. La transmisión se detuvo.

El artículo 171 de la Ley Orgánica del Poder Judicial fue clave en esta trama. Ahí solo alude a una sustitución anticipada de quien preside el órgano por “renuncia” del magistrado o magistrada. Fue el caso de Janine Otálora, quien colmaba un periodo de cuatro años pero en 2019 “renunció” ante la presión de sus pares que ya no confiaban en su gestión. Vargas perdió también esa confianza pero él se negó a renunciar.

Lee también: Crisis en el TEPJF: ¿Qué sigue para el tribunal y el magistrado José Luis Vargas?

A diferencia del Instituto Nacional Electoral (INE), en el tribunal no decide el Congreso quién es presidenta o presidente, sino las y los integrantes del cuerpo colegiado. Entre ellas y ellos se ponen de acuerdo y pues así les ha ido. Dice el artículo de esa ley: “En caso de renuncia la Sala Superior procederá a elegir a una nueva presidenta o presidente, quien lo será hasta la conclusión del periodo”. No hubo renuncia, pero las y los jueces constitucionales de última instancia que interpretan la ley en la materia son ellas y ellos, e interpretaron por mayoría que sí era viable remover de todas maneras a Vargas con o sin renuncia de por medio.

Como Vargas suspendió la sesión, el bloque de cinco inconformes (Janine Otálora, Reyes Rodríguez, Indalfer Infante, Felipe de la Mata y Felipe Fuentes) mandaron un oficio para exigirle que, “en un plazo máximo de quince minutos”, la reanudara. Argumentaron que no se justificaba el receso unilateral y cerraron su comedida petición agradeciéndole de antemano “sus atenciones” y enviándole “un cordial saludo”. 

Vargas no reanudó nada ni respondió el oficio que donde agradecieron sus atenciones y llenaban con saludos llenos de cordialidad, pero el bloque de cinco había anticipado que eso haría, estaba tomada la decisión y planeadas las alternativas para concretarla, entonces invocaron lo que el mismo artículo 171 establece para casos de “ausencia” del presidente. Ahí se lee que “las ausencias del presidente o presidenta serán suplidas, si no exceden de un mes, por el magistrado o magistrada electoral de mayor antigüedad o, en su caso, de mayor edad”. Así fue como Otálora, la “decana” del grupo, convocó como presidenta en funciones por “ausencia” de Vargas para reanudar la sesión.

La “ausencia” era menor a un mes, habían terminado sus 15 minutos y cada segundo justificaba, en la interpretación algo forzada del bloque, que se ausentó el presidente.  Vargas, aferrado al cargo, habló de albazo, de golpe de Estado, instalado en el autoengaño no quiso asumir su liderazgo es ya inexistente entre sus pares o ver que la derrota en número de votos para deponerlo era algo irremontable. No autorizó entonces que se utilizará la cuenta institucional de Youtube para transmitir esa sesión convocada por Otálora. El bloque al que había calificado como “manada” hace unos días tenía de todas formas un plan b y usó otra cuenta de la misma institución, desde ahí arrancó la sesión suspendida sin el todavía presidente ni la magistrada Soto, expresaron diversas razones por las que consideraban que Vargas no debería seguir en el cargo, algunas graves como diferir sesiones sin justificación, manejar de forma discrecional turnos o pretender distorsionar sentencias ya votadas con agregados a través de boletines de prensa emitidos bajo la estructura que comanda como presidente (el caso de paridad en gubernaturas que se votó por ser obligatorio y en un boletín responsabilidad de áreas bajo el mando de Vargas se difundió que los partidos debían aplicar esa paridad “en la medida de lo posible”). 

Esta conformación del tribunal tiene perfiles avalados por la Corte. Siempre juegan cuotas y acuerdos políticos en ello y no se ven cambios o transformación al respecto. Pero aún con ese modelo, incluso dentro de las cuotas hay niveles entre los diversos en los perfiles.

No son nuevos los escándalos y renuncias en el tribunal, pero el tema de presunto enriquecimiento ilícito que pesa sobre el magistrado Vargas lo dejó vulnerable desde hace tiempo y así, de ser cercano en sus votos al PRI (antes cercano a Felipe Calderón quien lo propuso para ser titular de la Fepade), de pronto asumió un lenguaje y votos empáticos con la izquierda, habló por ejemplo, de algo parecido a combatir complots de “ultraderecha”, de su convicción por evitar despilfarros en eventos “académicos” impulsados por sus pares con la presencia de Claudio X González (sus colegas habrían considerado oportuno y necesario gastar 1.3 millones de pesos en debatir la justicia en Alemania). El discurso parece dedicado más que a combatir a la ultraderecha o el despilfarro, a ganar el afecto presidencial, sacar bandera blanca para evitar el mismo destino de Eduardo Medina Mora.

Declaraciones de Vargas retomadas por la prensa en octubre de 2019 lo muestran en condición de víctima, convencido de que una misma conspiración para desestabilizar al gobierno de izquierda mexicano, a cargo de la “ultraderecha” quiere manchar la honra de su familia al sugerir ilegítima o sospechosa la inmensa fortuna personal que detenta, acumulada con el sudor de su frente como devoto progresista que siempre ha sido, blanco de ataques derecha que se enfilan a personajes de izquierda como él. El problema es que no es Claudio X González o la derecha quienes lo acusan de presunto enriquecimiento ilícito, sino la Unidad de Inteligencia Financiera a cargo de Santiago Nieto, hombre de las confianzas de la 4T.

Pero como “no todo el que tiene es malvado”, Vargas posiblemente asumió que siendo útil al gobierno ganaría su respaldo incondicional, que se cerraría el caso, pero no ha sido así, al menos no en la UIF que parece lejos de tener línea para frenar su investigación en contra de lo que considera enriquecimiento inexplicable del próspero magistrado.

Es en ese contexto de pleito, acusaciones y albazos que estalló la crisis. Cuando el tribunal está por resolver las impugnaciones a todas las elecciones 2021 hay dos presidentes. Por eso, la remoción de Vargas puede ser pretexto o causa justificada para modificar a la actual conformación, el inicio del fin para el encargo de quienes hoy son parte de un órgano clave que desde 1996 ha permitido dirimir, en vías institucionales, cientos de conflictos electorales. No siempre ha tenido a magistradas y magistrados a la altura de su encargo. Es una pena.

@lmcarriedo