El primer reparto de posiciones

El domingo pasado tuvo lugar la instalación de la LXV Legislatura del Congreso de la Unión, que durará hasta el 31 de agosto de 2024. Aunque las sesiones iniciarán a partir de mañana, hay unos detalles que señalar, respecto a procedimientos, tácticas y declaraciones.

El funambulismo de Morena

Durante la semana pasada, el diputado Ignacio Mier, coordinador del grupo parlamentario de Morena, anunció que formaría una “megabancada” con su partido y las personas diputadas del Partido del Trabajo y el Partido Verde Ecologista de México. Con ello, decía que ocuparía las presidencias de Junta de Coordinación Política y la Mesa Directiva durante toda la legislatura. Aunque causó algo de revuelo mediático, una revisión superficial mostraba que era una amenaza vacía. ¿Por qué?

Si bien existe la figura de grupo parlamentario de coalición en algunas legislaturas locales, sirve para que un grupo de personas legisladoras sin filiación política, o partidos sin el número mínimo de integrantes para formar una bancada, puedan aliarse y tener acceso a recursos y mejores condiciones de negociación de espacios en comisiones. Obviamente, el supuesto no podía aplicar para el caso que señaló el diputado Mier, dejando a un lado, además, que el artículo 70 constitucional deja claro que las bancadas deben corresponder con los partidos políticos.

Aunque hace tres años Morena pudo alcanzar la mayoría absoluta cooptando personas del Partido de la Revolución Democrática (PRD), PVEM, PT y Partido Encuentro Solidario (PES) para capturar la presidencia de la Junta de Coordinación Política por tres años, repetir esa proeza era imposible: sus actuales socios no perderían recursos y espacios de poder para darle 52 asientos.

Además, la conformación de esa “megabancada” le hubiese dado un poder de chantaje enorme al PT y los verdes, encareciendo cualquier negociación, con un problema adicional: si hacia finales del sexenio Morena entra en una espiral de desgaste e ingobernabilidad, solo se pueden conformar grupos parlamentarios al inicio de la legislatura. Aunque podría negociarse alguna salida, como darles prebendas si se conformasen como legisladores independientes, estaría sujeto a la discrecionalidad de la Junta de Coordinación Política: y los equilibrios pueden variar.

¿Ocupar por tres años la mesa directiva? Eso se define al inicio de cada año de sesiones, por la votación de las dos terceras partes: se trataba abiertamente de un bluff. 

En breve, a Mier le resultaba a todas luces mucho más económico aceptar las reglas del juego y tomar un año la presidencia de la Junta de Coordinación Política y otro la mesa directiva, dejando que la oposición tenga esos mismos cargos de manera rotativa, que intentar quedarse con todas las canicas, haciendo que el ambiente de negociación se enrarezca antes del arranque de la legislatura.

Si todo esto era una bravuconada, ¿por qué Mier se atrevió a hacerla? Porque, sabiendo que no se saldría con la suya, creyó que podría lograr algo: tener el primer año de sesiones la Mesa Directiva y la Mesa de Decanos, pues el segundo cargo tendría la presidencia provisional si por algún acaso se convoca un referéndum revocatorio y, por otro acaso más distante, López Obrador es removido. Eso, o tener algo de poder de chantaje al negociar espacios de comisión, lo cual veremos en las próximas semanas si lo tuvo o no.

Al final, el acuerdo tomado es que el Partido Revolucionario Institucional (PRI) presidiría la junta el primer año, Morena el segundo y el PAN el tercero. La Mesa Directiva la ocuparían, según la Ley Orgánica del Congreso, los grupos parlamentarios en orden descendente: Morena, PAN y PRI. De esa forma, ninguna bancada presidiría ambos órganos de gobierno, como ha casi todos los años desde 1999.

¿Qué es la Mesa de Decanos?

Antes de la elección de la Mesa Directiva, operó una figura llamada Mesa de Decanos, conformada por, adivinaron, las personas legisladoras con más horas de vuelo-curul. Su función: dirigir provisionalmente las sesiones.

La Mesa de Decanos tiene su origen en un problema de gobernabilidad que pudo haber estallado en 1997. Hasta la LVII Legislatura (1997-2000) había una Comisión Instaladora, formada por las personas legisladoras salientes, cuya función era instalar a la entrante. 

Sin embargo, en 1997 el PRI había perdido la mayoría de la Cámara de Diputados, y los coordinadores de los grupos parlamentarios de oposición decidieron quitarle al tricolor el control, formando el entonces llamado G-4. Los priístas amenazaron con boicotear la instalación de la legislatura, instruyendo a sus diputados no asistir. Al final, un integrante de la Comisión Instaladora del PRD, Isidro Aguilera Chupetsi, salvó la crisis y se presentó a darle juramento a las personas legisladoras entrantes. 

Para el anecdotario, una muestra sobre cuán capaces son los partidos de renovar sus cuadros es recordar quienes formaron el G-4: Porfirio Muñoz Ledo (PRD), Santiago Creel (PAN), Alberto Anaya (PT) y Jorge Emilio González Martínez (PVEM). ¿Y el PRI? Arturo Núñez, hasta hace unos años gobernador de Tabasco por el PRD.

Dos años después, la nueva Ley Orgánica del Congreso creó la figura de la Mesa de Decanos, para evitar que este problema se pudiese volver a presentar.

La elección de las mesas directivas

Desde el 20 de julio, se había comentado en este espacio de las intenciones del diputado reelecto Sergio Carlos Gutiérrez Luna para postularse para presidir la Mesa Directiva, y su mensaje de conciliación e institucionalidad. La plantilla que pactaron los partidos ganó por 491 votos a favor, 0 en contra y 1 abstención.

Al contrario, en una jugada que suena más a puente de oro que a premio, el Senado eligió a la exsecretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero como presidenta de la Mesa Directiva. Ganó por 79 votos a favor, 17 en contra y 1 abstención: el umbral de victoria más bajo desde 1999. Si, como en la Cámara de Diputados, se hubiese requerido mayoría calificada en vez de absoluta, no pasaba la primera ronda.

El “Código de ética de MC”

Ese mismo domingo, el coordinador del grupo parlamentario de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, presentó lo que llamó un Código de Ética, que suscribió su grupo parlamentario. Lo transcribo: 1) No a las reuniones secretas y de espaldas a la gente, 2) no a las prestaciones ilegales e inmorales, 3) Sí a los parlamentos abiertos con sociedad civil, 4) Mismo salario por el mismo empleo para hombres y mujeres, 5) salarios justos y dignos para todas las personas que trabajen en la Bancada Naranja, 6) no a los plásticos de un solo uso, 7) sí a defender a las personas excluidas, 8) sí al consumo local y comercio justo, 9) sí a los horarios que respeten la vida familiar.

Dejando a un lado la imposibilidad que desaparezca cierta discrecionalidad en algunas reuniones, pues de lo contrario no podría haber negociaciones, o algunos juicios de valor como el punto 2, o algunas políticas y consignas, ciertamente es importante que en su bancada haya equidad salarial, buenos salarios y horarios accesibles. Sin embargo, un código de ética para personas legisladoras define estándares de conducta debidamente medibles y acreditables, además de prácticas de integridad y transparencia como sería un “3 de 3” para representantes y trabajadores. Seguramente se hablará de este tema más adelante.