Cédulas ‘patito’ emitidas por la SEP, ¿de la omisión a la dejadez?
Política consciente

Licenciada en Relaciones Internacionales. Consultora en imagen pública y estratega en comunicación. Actualmente produce y conduce el programa The White Table para MMoodtv. Cofundadora del colectivo TÚ x México. Twitter: @anapatam_mx

Cédulas ‘patito’ emitidas por la SEP, ¿de la omisión a la dejadez?
Delfina Gómez, secretaria de Educación Pública. Foto: Delfina Gómez/Facebook.

Los 305 mil 333 títulos y cédulas profesionales ‘patitos’ que, de acuerdo a la investigación hecha por El Financiero, han sido emitidos por la SEP deberían prender las alertas en el sector educativo y no dejar pasar este hecho que empieza a tener tintes de una pequeña estafa maestra por parte de las universidades.

Para entender mejor este entramado, considero necesario enunciar las maneras que tiene un estudiante para titularse.

La manera tradicional se da al cursar una licenciatura en alguna de las universidades públicas o privadas que cuentan con Reconocimiento de validez oficial de estudios (RVOE). La segunda opción es al realizar un examen en alguna institución evaluadora acreditada por un comité integrado por la titular de la Dirección General de Acreditación, Incorporación y Revalidación (DGAIR) y los subsecretarios de Educación Media Superior y Superior.

Estas instituciones evaluadoras cumplen con los requisitos señalados por el Acuerdo secretarial 286, que establece los lineamientos de revalidación y equivalencia de estudios por el que se acreditan los conocimientos correspondientes a niveles educativos o grados escolares adquiridos en forma autodidacta, a través de la experiencia laboral.

Las instituciones educativas autorizadas por la SEP regularmente inician los procedimientos administrativos para que, después de titularse por la vía que se haya elegido, se proceda a tramitar la cédula profesional ante la Direccion General de Profesiones de la SEP. Esto indica que, conforme a la carta publicada por la SEP, el trámite se realizó de manera correcta en cuanto a la normatividad y procedimientos. Sin embargo, no debemos pasar por alto que también es posible indicar corrupción al interior de la secretaría, las secretarías estatales o las universidades en donde se realizaron los trámites para expedir dichas cédulas. 

Resultan inconcebibles este tipo de abusos cuando se supone que existen controles, revisiones exhaustivas de documentación y autorizaciones oficiales para las instituciones educativas, porque justamente se trata de la educación, un sector fundamental para cualquier país y México no es la excepción.

Esta situación deriva de la falta de normatividad secundaria, de reglas de operación que la institución federal no ha realizado, ya que, independientemente de las reuniones de Consejo Nacional de Autoridades Educativas con los secretarios estatales y subsecretarios, al parecer los acuerdos no funcionan o no se bajan al nivel que deberían. Resulta un sinsentido que en niveles jerárquicos superiores se tomen las mejores prácticas, pero sin permearlas a los niveles operativos.

Estas malas prácticas, que desprestigian aún más a los servidores públicos, demuestran políticas públicas y programas ineficientes e ineficaces, donde los procesos se convierten en vías que dan paso a la corrupción, donde los números se pasean sin concordancias entre instituciones y donde algo, sin lugar a dudas, está mal.

Este tipo de experiencias solo desincentivan la incorporación de estudiantes a una educación formal de calidad, donde las universidades o instituciones educativas, responsables de solicitar las cédulas ante la Dirección General de Profesiones, deberían perder su reconocimiento oficial. La SEP debería investigar a dichas instituciones para revisar sus procesos y retirar las cédulas expedidas, a supuestos profesionistas que solo ponen en riesgo a las personas que contraten sus servicios profesionales.

La SEP debe revisar sus lineamientos internos y tener un control estricto para las instituciones educativas en todos sus niveles, donde no se tolere ningún acto de corrupción, ya que la educación es uno de los bienes más preciados.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) debería auditar los programas y procesos de la DGAIR, de la Dirección General de Profesiones, de la Subsecretaría de Educación Superior Federal, de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria y de la Secretaría de la Función Pública, para detectar los errores y las fallas que permiten que existan universidades ‘patito’ que, a través de procesos dudosos, originan la emisión de cédulas profesionales ‘patitos’. 

Como conclusión observamos que con este lamentable hecho la SEP, tal como lo indica en su carta, cuenta con procedimientos que demuestran un supuesto control en la emisión de cédulas profesionales y, sin embargo, pareciera que no existen, dando a entender que la no observancia de las normas internas exime a los funcionarios de responsabilidades.

Es un hecho: existen universidades que realizan trámites ante la autoridad federal para expedir cédulas ‘patito’, y se debe a que o no se pone atención a los procesos o que por omisión se permite operar a dichas instituciones ‘patito’ con reconocimientos autorizados por la autoridad federal. 

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