Dos victorias para los inmigrantes en México y EU

La crisis migratoria en México, producida por distintos factores como el desplazamiento interno forzado y el arribo al país de miles de extranjeros marginados, ha destacado principalmente por la violación a los derechos humanos. 

Las personas en contexto de movilidad se enfrentan en todo el territorio nacional al acoso de las policías municipales: son detenidos, golpeados y estigmatizados por las autoridades de seguridad pública, solo por el hecho de no tener documentación que acredite su estatus migratorio en el país. 

De igual manera, los migrantes enfrentan a la Guardia Nacional que en la frontera sur de México juega una especie de Border Patrol, mientras que en el norte del país son solo espectadores. El Instituto Nacional de Migración (INM) utiliza a estas corporaciones de seguridad como brazo armado para detener migrantes y deportarlos.

En Tijuana, por ejemplo, la policía municipal es una de las principales autoridades que violenta a esta población. Detenciones arbitrarias en vía pública solo por parecer migrante no anglosajón. 

Las personas son abordadas en la vía pública por los municipales, sin que hayan cometido algún ilícito. Los oficiales les solicitan que avalen sus estatus de legal en México, pero al no contar con él son golpeados y remitidos directamente a las oficinas de migración. 

Lo mismo sucede en Tapachula. Fuentes consultadas dieron testimonio de las constantes agresiones a personas de origen centroamericano y caribeño. El mismo modus operandi que en Tijuana, solo que en la otra esquina del país también participa la Guardia Nacional. 

Asociaciones civiles defensoras de derechos humanos sumaron esfuerzos tanto en México como en Estados Unidos para la defensa de personas en contexto de movilidad. Su trabajo tuvo resultados favorables durante las primeras semanas de septiembre, con fallos judiciales en ambos países a favor de esta población.

En el caso de nuestro país surgió en 2018 un colectivo de organizaciones que trabajan a favor de los derechos de las personas migrantes en Tijuana y que unieron sus fuerzas para lanzar una campaña contra el abuso de la “PoliMigra”. 

La organización lleva por nombre Colectivo 1597TJ y ha desempeñado una lucha legal para acabar con las detenciones arbitrarias de personas migrantes y las entregas ilegales de personas extranjeras, detenidas arbitrariamente, al INM para evitar una deportación injusta y peligrosa.

Este colectivo, encabezado por la asociación civil Alma Migrante, promovió una demanda ante el Poder Judicial de la Federación en 2018, donde se solicitaba la suspensión de las detenciones arbitrarias por parte de la policía municipal relacionadas al estatus migratorio de las personas. 

La directora de esta asociación, Graciela Zamudio Campos, informó que el segundo tribunal colegiado en materia mixta con sede en Mexicali dictó una resolución el 25 de agosto de 2021 a su favor. Su contenido se desconocía hasta el 7 de septiembre de este año. 

Con este fallo, explicó, es ilegal y anticonstitucional la detención de personas en contexto de movilidad por elementos de la policía municipal por razón de su estatus migratorio, por lo que tampoco pueden entregarlas al Instituto Nacional de Migración. 

De acuerdo con la activista, este fallo judicial no solo beneficia a la población migrante que arriba a Baja California, sino que también deja un precedente legal que puede ser replicado en el resto del país.

Al otro lado de la frontera norte mexicana, el 16 de septiembre, el juez Emmet Sullivan del Tribunal de Distrito de Columbia bloqueó la aplicación del Título 42, impidiendo que el gobierno de Joe Biden expulse a miles de familias indocumentadas de Estados Unidos. 

Otorgando un plazo de dos semanas a la Casa Blanca para dejar de aplicar la orden, por la que miles de inmigrantes que llegan a la frontera sur de Estados Unidos han sido expulsados durante más de un año.

Esta resolución del juez federal fue gracias al trabajo de la Unión Estadounidense de Libertades Civiles (ACLU), el Proyecto de Derechos Civiles de Texas, RAICES, el Centro de Estudios de Género y Refugiados, Oxfam, ACLU de Texas y ACLU del Distrito de Columbia. 

Suspender el Título 42 frena una de las políticas antimigratorias de la era Trump, que más violaciones a derechos humanos generó. Dicha medida fue implementada en marzo de 2020 con el argumento de resguardar la seguridad nacional ante la pandemia de Covid-19.

Por Baja California se estuvieron deportando alrededor de 400 migrantes de origen centroamericano al día. Las personas llegaban en camionetas de migración a los distintos albergues del estado y principalmente de Tijuana. 

Los niños llegaban con enfermedades respiratorias y con cuadros severos de desnutrición por estar casi una semana en las llamadas “hieleras” de la Patrulla Fronteriza. Por otra parte, las madres se encontraban angustiadas por desconocer a dónde habían llegado y sin saber cómo regresar a casa. 

Los fallos judiciales en ambas naciones son un gran triunfo para los inmigrantes. Atacan las violaciones sistemáticas a sus derechos humanos y ponen contra las cuerdas a las autoridades, que han sido omisas a los reclamos de esta población y se han cruzado de brazos para garantizar una migración segura a través de sus territorios.

Un triunfo gracias a las, los y les activistas que defienden los derechos de la población migrante en ambas naciones, porque los gobiernos de ambos países ya han demostrado lo poco que les importan las vidas de miles de personas en contexto de movilidad.