Inocentes perseguidos y delincuentes protegidos

Cuando se tuerce la naturaleza de las leyes se genera incertidumbre y caos, las consecuencias son terribles, vulneran el Estado de derecho y violentan un principio de ejemplaridad primordial para la convivencia civilizada. 

Somos testigos de una narrativa que intenta justificar públicamente el comportamiento de delincuentes, algo nunca antes visto. Por otro lado, la tendencia de la Fiscalía General de la República (FGR), que dirige Alejandro Gertz Manero, es criminalizar a inocentes con casos en los que se establecen juicios paralelos ante la opinión pública para linchar a personas e instituciones. 

Se protege a exfuncionarios de alto nivel de la administración Enrique Peña Nieto, como Emilio Lozoya Austin, que debería tener restricciones más enérgicas en la coyuntura de los procedimientos que enfrenta y lo vemos tan campante gozando de sus acostumbrados privilegios. El exdirector de Pemex acusa sin pruebas, sigue instrucciones, no pisa la cárcel en México y recibe protección a cambio de sus testimonios para incriminar, mintiendo con ligereza espeluznante aprovechando las circunstancias políticas para gozar de inmunidad.  

Los grandes líderes del narcotráfico han dejado de ser perseguidos y detenidos en operativos que ya no se realizan. El gobierno de Andrés Manuel López Obrador entiende la pacificación como salvoconducto para dejar operar con tranquilidad a grandes criminales que se apoderan de las plazas públicas, centros turísticos y vastos territorios en los que queda sin efecto la ley. Sinaloa, Guerrero, Tamaulipas, Zacatecas, Puebla, Sonora, Veracruz, Jalisco, Michoacán, Oaxaca, Morelos y diversas alcaldías de la Ciudad de México son algunas de las entidades más afectadas por la complacencia del gobierno federal que prefiere perseguir científicos.   

Exfuncionarios del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt) son señalados por lavado de dinero y delincuencia organizada, la FGR se obsesiona para lograr órdenes de aprehensión y enviarlos a penales de alta seguridad en donde no vemos, ni veremos en lo que resta de este sexenio, al “Mencho”, líder del Cártel Jalisco Nueva Generación, uno de los capos más buscados en Latinoamérica que opera en la zona occidente del territorio nacional sin ser inquietado.  

Gertz Manero, que inexplicablemente sigue en el cargo, acumula abusos probados para incriminar y violentar los derechos humanos de personas que le estorban en sus asuntos personales. Por ejemplo, el pleito con su familia política muestra un nutrido repertorio de irregularidades inadmisibles. 

En el caso de la persecución a la Fundación Mary Street Jenkins, una fuente de alto nivel me confirma que Guillermo Jenkins de Landa, separado de la institución filantrópica por su propio padre al descubrir comportamientos irregulares, buscó a Gertz para que lo ayudara a perseguir a sus hermanos y a su madre. Inicialmente no se mostró interesado en respaldar la venganza. 

Sin embargo, las circunstancias cambiaron cuando el fiscal no quedó satisfecho tras un pleito judicial sobre el nombre de la Universidad de las Américas que usó en uno de sus negocios personales en la capital. El exrector Luis Ernesto Derbez obtuvo una resolución que le permitió usar la misma razón social para la Universidad de las Américas Puebla y eso enfureció a Gertz Manero, que entonces accedió a convertirse en el instrumento de Guillermo Jenkins de Landa. Acto seguido, en la FGR se ordenó auto revocar una resolución sobre el no ejercicio de la acción penal de mayo de 2018, de la cual esta columna tiene copia. La exoneración que era irrevocable fue desconocida para girar nuevas órdenes de aprehensión que se obtuvieron ocultando múltiples irregularidades ante los jueces federales con el fin de reabrir una causa ya investigada y resuelta. 

Esta persecución además le permitió consumar su revancha contra Derbez Bautista y de paso abrió la posibilidad del apoderamiento ilícito de la UDLAP patrocinado por Miguel Barbosa, gobernador de Puebla, y un grupo de abogados chicaneros sin escrúpulos.                            

Ahora, volvamos al escándalo detonado por las fotografías de Emilio Lozoya en un sofisticado restaurante de cocina oriental en la Ciudad de México. Lourdes Mendoza, quien asumió la autoría del material revelado en sus redes sociales, visibilizó lo que era evidente: el exdirector de Petróleos Mexicanos, además de no pisar la cárcel en nuestro país, disfruta de libertad con la afrenta social que eso representa cuando se decreta falsamente que la corrupción ha sido erradicada.

Lozoya fue detenido en Málaga, España, en febrero de 2020, trasladado a México y del aeropuerto llevado inmediatamente a un hospital privado, posteriormente vinculado a proceso a causa de la trama de sobornos en Odebrecht y Agronitrogenados. Se le imputan los delitos de cohecho y operaciones con recursos de procedencia ilícita. Además es testigo colaborador de la FGR, se encuentra en libertad condicional beneficiado por el llamado criterio de oportunidad a cambio de señalamientos políticamente convenientes para la 4T, que ha negociado la ley para que el soplón del sexenio anterior sea fiel a un guión de testimonios pactados.

La fiscalía de Gertz nunca solicitó ante el juez la prisión preventiva justificada para Lozoya Austin, la que sí pidió para Rosario Robles Berlanga, dejando claro el trato diferenciado de la extitular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) en la cárcel, mientras Lozoya come pato en las Lomas con absoluta tranquilidad.   

Todos los caminos conducen a Enrique Peña Nieto, sin embargo, la sucesión que caminó sobre terciopelo en 2018, se acordó garantizando impunidad selectiva como moneda de cambio. Las cosas no han sido distintas durante la primera mitad del sexenio de López Obrador, se siguen usando las instituciones del Estado mexicano para consolidar la agenda política que más conviene al régimen y sus principales operadores. Desgraciadamente tenemos un fiscal indefendible que sigue sujeto a la correa de mando desde Palacio Nacional.

Las fotos de Lozoya disfrutando de la buena vida, una mujer de la tercera edad inocente encarcelada sin pruebas, una de las fundaciones filantrópicas más importantes de México asediada para consolidar una revancha familiar, el apoderamiento ilícito de una de las universidades privadas más importantes del país en perjuicio de 10 mil estudiantes, la persecución de científicos y la claudicación ante el crimen organizado son hechos consumados de tiempos funestos.   

EDICTOS

La medalla de oro en la desfachatez sigue muy peleada, pero en lo más alto del pódium se ubica esta semana el secretario de Salud, Jorge Alcocer Varela. Resulta que emitió un acuerdo el 8 de octubre que ya es vigente tras su publicación en el Diario Oficial de la Federación, en el que con el pretexto del incremento de casos de Covid-19 entre servidores públicos se ordena a las Oficialías de Partes de las oficinas del Secretario, las de Hugo López Gatell y del Abogado General de la dependencia, abstenerse de recibir promociones, demandas, juicios de amparo, emplazamientos, requerimientos judiciales y cualquier otra notificación proveniente de las autoridades jurisdiccionales. Algo realmente inaudito. 

Como si fuera recaudería, Alcocer de plano bajó la cortina cuando se dice oficialmente que llevamos semanas con menos contagios y se empuja en todos los sectores para regresar a las actividades presenciales. La muy buena, es que un juez federal ha ordenado vacunar a todos los menores entre 12 y 17 años, sin importar su condición de salud y además fijó un plazo que se cumple hoy para que el gobierno federal modifique su política de vacunación.