La judicialización de la salud en México

Me permito comenzar el presente texto formulándole a usted una serie de preguntas muy sencillas: ¿la salud es un derecho que se gana o que se tiene por el simple hecho de ser? ¿las autoridades pueden negarle a usted el derecho a la salud o se encuentran obligadas a su protección y garantía?

Estoy seguro que no habrá ninguna persona que responda diciendo que la salud es un derecho que deba ser ganado –por decirlo de alguna manera–, ni mucho menos que su ejercicio se encuentre supeditado a la voluntad o al capricho de las autoridades.

Y entonces, si todo lo anterior resulta tan obvio, si el derecho a la salud resulta inherente a la persona por el simple hecho de existir, ¿por qué se han vuelto tan cotidianos los juicios de amparo promovidos para obtener, asegurar o garantizar la salud de los mexicanos?

Un poco de contexto. Existe una teoría que divide los derechos de las personas en dos categorías, a saber: (i) los derechos téticos, y, (ii) los derechos hipotéticos. Por cuanto hace a los primeros –téticos–, se dice que son aquellos que se encuentran dispuestos en las leyes, que resultan universales para todas las personas y que su ejercicio o individualización no requiere de ningún acto o condición, esto es, se trata de derechos que resultan inherentes al gobernado por el simple hecho de ser.

Por el otro lado se encuentran los derechos hipotéticos, que como su nombre lo indica, se trata de aquellos que pueden llegar a ser. Así tenemos que este tipo de derechos comparten características con los téticos, en la medida en que también se encuentran dispuestos en las leyes y resultan de cierta forma universales a todos los gobernados, pero su distinción con los primeros radica en el hecho de que su individualización o ejercicio si requiere de un acto o de la realización de un hecho.

Tratándose de los hipotéticos, el ejemplo por excelencia podría ubicarse en el derecho al sufragio electoral. Si bien es cierto el derecho al voto resulta universal para todos los mexicanos, cierto también es que su ejercicio se encuentra condicionado al cumplimiento de determinados requisitos. Por ejemplo, si usted quiere ejercer el derecho al voto, debe necesariamente haber cumplido la mayoría de edad, encontrarse inscrito en el Registro Federal de Electores, contar con credencial para votar vigente y acudir el día de la jornada a la casilla que le corresponda. En caso de no cumplir con alguno de los requisitos apuntados, la autoridad electoral puede válidamente negarle el derecho a votar. 

Por el contrario, el derecho a la salud se ubica dentro de la categoría de los derechos téticos, pues nuestra norma suprema lo prevé en grado preponderante, de manera universal y sin condicionarlo o supeditarlo a un acto o hecho adicional. Con los ejemplos citados la distinción resulta mucho más obvia, ambos derechos son comunes a todos los mexicanos, pero mientras el derecho a la salud es, el derecho a votar puede llegar a ser.

Ahora bien, con relación a este tipo de derechos –los téticos–, debemos tener en cuenta que el Estado tiene obligaciones específicas que se ubican en cuatro diversos niveles; teniendo así obligaciones de respetar, obligaciones de proteger, obligaciones de garantizar y obligaciones de promover el derecho en cuestión.

En ese sentido, tratándose de la expectativa con relación al derecho a la salud, la Constitución federal impone en las autoridades la irrestricta obligación de garantizar su ejercicio, lo que implica asegurar que el titular del derecho acceda al bien cuando no pueda hacerlo por si mismo, y al mismo tiempo la obligación de promoverlo, la cual se caracteriza por el deber de desarrollar las condiciones necesarias para que los titulares del derecho accedan al bien.

Dicho lo anterior, y retomando la idea planteada en un inicio, la creciente judicialización del derecho a la salud en México es un claro indicativo –para mal– del rotundo fracaso del Estado en el cumplimiento de sus obligaciones. El creciente número de amparos promovidos en el contexto del derecho a la salud, desnuda las enormes deficiencias de este régimen.

El simple hecho de que un mexicano tenga que acudir ante la Justicia de la Unión para obtener un amparo que le permita acceder a un servicio de salud básico, u obtener un tratamiento médico indispensable, o simplemente lograr la vacunación, debería escandalizarnos y movilizarnos aún más como sociedad.

El tema del desabasto de medicamentos o las omisiones en materia de salud ya fueron objeto de análisis por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La Primera Sala de nuestro Máximo Tribunal, al resolver los amparos en revisión 226/2020 y 227/2020 determinó que, atendiendo al derecho humano a la salud, las autoridades del Estado se encuentran directamente obligadas a garantizar la asistencia médica y el tratamiento de los pacientes usuarios de las instituciones del Sistema Nacional de Salud en forma oportuna, permanente y constante.

Las carencias y omisiones dentro del Sistema Nacional de Salud no empezaron en este sexenio, sin duda, pero es innegable que este régimen vino a profundizarlas. El desabasto de medicamentos –reconocido por el propio Presidente de la República–, las carencias de equipo médico o instrumental básico, los tratamientos cancelados, el abandono de la infraestructura hospitalaria, todos y cada uno de estos problemas se han hecho más grandes y evidentes, se han generalizado al grado de volverse la “nueva normalidad” en materia de salud.

Por ello la judicialización del derecho a la salud se ha vuelto tan cotidiana y lamentablemente tan necesaria. 

Comencé este texto con una serie de preguntas y quiero concluirlo con otras más a manera de reflexión, ¿hasta cuándo vamos a tolerar estas omisiones criminales en materia de salud? ¿Cuántos mexicanos deben morir por falta de medicamentos para darnos cuenta de la gravedad del asunto?