El toma y daca

El próximo 8 de febrero publicaremos la última parte de nuestra crónica literaria de Tierra de náufragos en el olvido (las fosas comunes), que es solamente parte de la introducción al tema más grave en México: seres humanos que desaparecen por el “acto de magia” del poder, la indiferencia y la impunidad.

En esta ocasión compartimos nuestra reflexión de lo que “vemos que ven, no ven y tienen que ver” los gobiernos para que se haga presente la ausencia de miles de seres humanos dados por desaparecidos en México.

El toma y daca…

… muchos ganan, menos los seres humanos desaparecidos.

Cualquier gobierno federal o estatal que se considere mejor a los anteriores tiene que colocar la desaparición de personas por encima de toda otra acción de política pública.

Hoy tenemos que atender muchos temas indiscutiblemente prioritarios para el presente y el futuro de más de 130 millones de habitantes en México: la educación, los servicios, la economía, el petróleo, el litio, los aeropuertos, los trenes, la pandemia mundial, las vacunas… es verdad que todos son asuntos importantes para la población.

Las políticas públicas están dirigidas a las personas, los seres humanos somos el motivo conductor de la nación, su razón de ser. Tenemos que estar presentes para existir en la sociedad, incluso para morirnos…tenemos que estar.

El hecho de que, al menos, 100 mil seres humanos estén dados por desaparecidos y cada día sean más como si fueran cayendo en un precipicio inevitable es una tragedia de espanto tan profundo que nadie quiere voltearla a ver, ni se atreven enfrentarla con el compromiso, fuerza, urgencia y el presupuesto que amerita.

Lo soslayan los gobiernos con negación, presupuestos insuficientes, incluso insultantes; también la sociedad a la que no le ha pasado esta desgracia, millones de personas voltean para otro lado, hasta que les toca en sus casas les importa, hasta que no pueden encontrar a su hija, a su hijo, hermanos, padres, parejas… que están en algún lugar vivos o muertos esperando a que los encontremos y los hagamos volver a casa… antes de que el olvido los cubra y desaparezcan para siempre.

Durante los sexenios que iniciaron este siglo se desencadenó y fomentó la desaparición de personas, al brindarle franca protección a los grupos de delincuencia organizada y debilitar la procuración de justicia, bloqueando investigaciones, fugando información y aplicando las sanciones de manera selectiva, solamente contra los grupos que afectaran los intereses de sus socios, la prueba innegable del caos es Genaro García Luna, incluyendo a su entonces jefe.

Las acciones realizadas durante estos últimos tres años, aunque son importantes, son insuficientes. Reconocemos que hay situaciones efectivamente insalvables, por más que se haga para encontrar a las personas que han sido asesinadas de formas atroces y desconocemos su suerte. Como quienes han sido fragmentadas, desintegradas con ácido, fuego, pulverizadas con maquinaria, dadas como alimento a fieras, lanzadas al mar, sepultadas en cerros, arrojadas a tiros de minas, a lumbreras, pozos, lagunas, ríos… tantos y tantos lugares insondables en que es materialmente imposible localizarlas.

Pero justamente por lo improbable que es encontrar a quienes estén en esas circunstancias es injustificable que a las más de 52 mil personas sin vida que sí tenemos a la mano en cientos de fosas comunes y servicios forenses bajo la responsabilidad de las fiscalías de las entidades federativas y de la federación, a quienes no hay que salir a buscar porque están ahí, sigan esperando ser identificadas.

Nos preguntamos con desesperación e impotencia ¿qué esperan para hacerlo?, ¿cuántos meses o años más están pensando que necesitan para hacer “concienzudos” análisis, diagnósticos, estadísticas, foros, sesiones con la ONU, CIDH, CICR…?; ¿cuántas organizaciones van a alargar los procesos de las búsquedas forenses para que les dé tiempo de “inventar más proyectos deslumbrantes”, por los que sigan recibiendo los recursos de los aportantes nacionales e internacionales para agrandar su emporio como empresarios de los derechos humanos?, ¿qué necesitan los gobiernos para entender lo vital de asignar el presupuesto necesario para que las comisiones de búsqueda locales y la nacional tengan recursos suficientes para buscar con eficacia?, ¿qué necesitan las fiscalías para firmar el acuerdo con el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) y ya iniciar los procesos periciales?

Se requieren tres ingredientes: humanismo, ética y voluntad política.

Podríamos empezar por la manifestación pública de la voluntad y compromiso inmediato de las entidades federativas afines al partido en el poder federal, para echar a andar lo que con tanta dificultad ha impulsado la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación, empecemos con la firma del acuerdo entre el MEIF y esos estados, y un presupuesto real para la Comisión Nacional de Búsqueda de al menos 500 millones anuales, independiente del monto destinado para los subsidios a los estados.

Cualquier política pública que no cuenta con el presupuesto para implementarla eficazmente es simulación y un fracaso.