La dignidad de los muertos… náufragos en el olvido
La presencia de su ausencia

Coordina la Red Eslabones por los Derechos Humanos, atiende asuntos de justicia (principalmente personas desaparecidas), conoce directamente las entrañas institucionales y de sociedad civil. Es consejera ciudadana de Búsqueda en la Ciudad de México, Estado de México y federal. Con estudios de periodismo, derechos humanos, derecho y otros. Facebook: Red Eslabones por los Derechos Humanos Nacional.

La dignidad de los muertos… náufragos en el olvido
La dignidad de los muertos…náufragos en el olvido.

¿Qué es y para que sirve el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF)?

Sirve para rescatar del olvido a miles de seres humanos sin vida, que están acumulados desde hace años sin ser identificados por las áreas forenses que los recibieron.

En México hay más de 52 mil personas sin vida que las autoridades no devuelven a sus familias y se encuentran abandonadas en fosas comunes, refrigeradores o depósitos diversos de las instituciones, como si fueran desechos que no interesan a nadie.

Nos preguntamos cómo las instituciones de gobierno llegaron a este enorme rezago forense, cuáles son las causas, consecuencias y soluciones de esta situación que afecta a toda la sociedad.

Tal vez como los muertos no votan, a los gobiernos estatales no les ha parecido una inversión política rentable y, por ello, durante décadas mantienen a sus servicios forenses en condiciones inhumanas para las personas sin vida y para el personal que ahí trabaja, con sueldos muy bajos, sin los recursos materiales y de capacitación necesarios para desempeñar sus actividades. Están rebasados y no practican las periciales básicas ni registran los datos suficientes, ni comparten los pocos datos y dictámenes que obtienen, solamente almacenan a las personas muertas y, cuando ya no les caben, las desechan en fosas comunes que se pierden el olvido.

Desde hace decenas de años, la violencia y la deficiente procuración de justicia han originado impunidad que, a su vez, garantiza la repetición de los delitos. Las víctimas de homicidio que no son identificadas se desechan y entran en una mecánica de consecutivas desapariciones burocráticas, porque su cuerpo pasa por el laberinto de los desórdenes institucionales borrando su rastro, sin que sus familiares puedan conocer de su paradero y mucho menos las puedan localizar.

Las muertes sin investigación ministerial eficaz ocasionan la acumulación de cuerpos de seres humanos que se reciben en los espacios forenses (la mayoría pertenecientes a las fiscalías generales de justicia), que carecen de recursos, metodología y condiciones suficientes para hacer frente a la demanda creciente de intervenciones periciales pero que, a la vez, como detentan legalmente el monopolio de las diligencias ministeriales, investigación policial y prácticas periciales, nadie más puede intervenir.

Es en este contexto que las capacidades forenses institucionales son rebasadas y se dejan de practicar los procedimientos que los protocolos de ley establecen como obligatorios, como registrar fotografías y videos desde el momento en que se reciben los cuerpos o sus partes y durante todas las acciones que deben realizarles, iniciando por desnudarlos, lavarlos, buscar y registrar características singulares que pudieran servir para su identificación como lunares, tatuajes, cicatrices, prótesis, datos odontológicos, huellas dactilares y por supuesto la práctica de la necropsia de ley que busca revelar la causa, forma de muerte, edad, sexo y diagnóstico del tiempo transcurrido sin vida, incluyendo como pericial indispensable la toma de muestra biológica para procesarla de inmediato y obtener el perfil genético, además del registro de todas sus pertenencias que deberían ser entregadas al ministerio público a cargo de la investigación.

Todos estos datos deben quedar en archivos digitales e impresos para conformar un registro forense por cada cuerpo o parte humana, que deberá compartirse con las autoridades de los demás estados en donde pueden estar siendo buscadas, sin embargo, en la práctica real muchas veces se omiten estas acciones y no hay supervisión de los superiores que constaten su realización.

Estas omisiones y condiciones las hemos comprobado durante múltiples visitas a los servicios médicos forenses locales durante 11 años, principalmente en nuestra participación presencial en las exhumaciones de Tetelcingo y Jojutla en Morelos durante 2016 y 2017.

Decenas de personas, de las casi 200 que rescatamos de esas fosas, no contaban con carpeta de investigación, no se les había practicado la necropsia a pesar de tener lesiones de arma de fuego en el cráneo, solamente las amontonaron en sus refrigeradores sin intentar identificarlas, sin avisar a otras instituciones que ahí las tenían, las dejaron prácticamente ocultas. Cuando pasaron años y no cabían más, las envolvieron con plástico y las arrojaron encimadas y revueltas en hoyos de más de cuatro metros de profundidad en un terreno habilitado irregularmente como panteón en Tetelcingo y en el panteón de Jojutla, sin dejar señalamientos precisos de su ubicación, por lo que nadie tenía forma de saber que debajo de ese terreno había cientos de personas sin identificar.

Los seres humanos sin vida y sin identidad fueron desechados como basura, algunos ni siquiera habían sido desvestidos, permanecieron con los zapatos puestos, pudriéndose dentro de su ropa con pulseras, collares y aretes por más de cinco años. Cuando fueron desvestidos a pie de fosa, sus cuerpos se desarticularon y sus tejidos putrefactos fueron sacados a puños de sus ropas y calzado, presenciamos escenas inhumanas provocadas por las omisiones de las autoridades, quienes en su momento no realizaron los procedimientos forenses obligatorios ordinarios, violando, entre otros, el derecho a la justicia y a la dignidad humana.

Estas evidencias abren la posibilidad de complicidades de algunos servidores públicos o encargados de los panteones con grupos delincuenciales, para ocultar los cuerpos de las víctimas de delitos violentos, más allá de la negligencia forense. No descartamos que dentro de las fosas comunes también se hayan colocado fosas clandestinas.

Cuando no se siguen los protocolos de atención e intervención forense, se pierde el control de los datos de identidad de las personas sin vida y de su ubicación física, se hace imposible su identificación, localización y restitución. Mientras tanto, los gobiernos siguen gastando enormes sumas en diligencias de investigación y búsqueda infructuosas, porque nunca las encontrarán ya que ellos mismos tienen ocultas en espacios forenses y fosas a las personas que dizque buscan afuera.

El único recurso que nos queda ahora es ubicar esas fosas del olvido y demás depósitos, rescatarlas, realizarles las periciales multidisciplinarias posibles para intentar identificarlas. Para lograrlo se requiere presupuesto y voluntad institucional para coordinarse.

En este concierto del Estado mexicano es medular contar con la disposición de las fiscalías generales de justicia locales y de la Fiscalía General de la República para que mediante su colaboración efectiva se logren los objetivos compartidos de identificación, ya que son las fiscalías las que tienen de manera exclusiva el resguardo jurídico sobre los cuerpos y partes de las personas sin vida y sin identidad que se han registrado en sus averiguaciones y carpetas de investigación.

Por ser el fenómeno de la desaparición de personas de carácter masivo y nacional (incluso internacional), para buscarlas y encontrarlas entre las personas sin vida ni identidad solamente se logrará si se actúa de forma articulada mediante una estrategia nacional, para coordinarse y compartir con total apertura la información que tienen todas las instituciones relacionadas. Falta su voluntad y verdadero compromiso con las víctimas en particular y con la sociedad en general, porque las instituciones ya cuentan con el marco jurídico que les permite el trabajo integral, principalmente con la base de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda y los protocolos de búsqueda e investigación derivados, que están en proceso de implementación.

Es indispensable que los gobiernos locales y el federal doten de los recursos humanos y financieros para garantizar el fortalecimiento de las áreas forenses y puedan realizar las acciones dentro de los más altos estándares científicos internacionales, para que en el momento de la restitución a sus familias se cuente con la plena certeza de su identidad sin posibilidad de error y no se les sigan acumulando.

Por todo lo anterior es que desde hace más de 10 años estuvimos solicitando que el Estado mexicano se hiciera cargo de esta tarea extraordinaria de identificar a las personas sin vida, que se hacinaban por miles en los Servicios Médicos Forenses y solamente recibimos promesas.

Es desde el 2018 que, con el subsecretario de gobernación Alejandro Encinas y la Comisión Nacional de Búsqueda, se inició la construcción del Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) que, como todo procedimiento extraordinario, busca complementar las capacidades de las instituciones ordinarias que por diversas causas no han logrado hacer frente a su responsabilidad mediante sus prácticas cotidianas y han acumulado un rezago que ya es inmanejable con sus recursos locales, por ser una problemática con carácter masivo y nacional.

Durante estos tres años se trabajó permanentemente mediante largas y difíciles reuniones semanales presenciales y a distancia, sin interrumpirlas a pesar de la pandemia de Covid-19, con la participación de las instituciones federales y locales vinculadas, organismos internacionales, personas expertas, familiares de víctimas y representantes de la sociedad civil, logrando en la plenaria del 4 de diciembre de 2019 el consenso para consolidar y aprobar el acuerdo de creación del MEIF. Al día siguiente, el 5 de diciembre, se formalizó mediante la votación de los integrantes del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, que también aprobaron la creación del mecanismo que se publicó en el Diario Oficial de la Federación el 19 de marzo de 2020 en el acuerdo SNBP/001/2019 y que contará con los recursos federales y de colaboración internacional para su operación, los estados solamente aportarán su voluntad para que los miles de seres humanos que tienen acumulados desde el pasado hasta el 5 de diciembre de 2019 sean rescatados por el MEIF, periciados y devueltos a sus familias.

Habrá que impulsar la inclusión de quienes se han acumulado desde el 6 de diciembre de 2019 hasta la fecha en que realmente se ponga en práctica la intervención del MEIF, para que las personas muertas sin identificar que se han acumulado en los últimos tres años no queden en el limbo.

En la siguiente columna les compartiremos lo que ha sucedido desde la aprobación del MEIF a la fecha y por qué es y será una herramienta que logrará de forma masiva la localización de miles de personas desaparecidas que hoy se buscan en México por sus casi 100 mil familias.

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