Revocación y malos precedentes

La revocación de mandato es un buen instrumento de democracia directa, pero la forma en que se va a estrenar a nivel federal en México dejará algunos precedentes legales negativos sembrados, y si no se hacen reformas oportunas, esos precedentes pueden ser camino para descafeinarla una y otra vez en el futuro.

Cuando acabe la de este año quedarán criterios jurisdiccionales boomerang que podrían usarse en años futuros como herramientas de contención, métodos aplicables para eludir una votación masiva cuando gobernantes que realmente enfrenten pérdida de confianza de la ciudadanía quieran frenar los efectos vinculantes de un inminente voto adverso.

Para que un mandato se cancele de forma obligatoria no es suficiente que la mayoría de quienes acuden a votar en una revocación así lo expresen, es necesario que, además, el total de participación sea al menos 40% de la lista nominal de electores.

Esos malos precedentes que acotan recursos, difusión y casillas para convocar la participación amplia requerida podrían, en el futuro, ser salvavidas de gobernantes sin popularidad, ruta para escapar de un voto masivo en contra que busque dejarlos fuera de su periodo original de gestión.

Podrían invocarse criterios jurisdiccionales firmes que se generaron para este ejercicio como vía para obstaculizar de forma deliberada la efectividad de la figura en los venideros, por ejemplo, que no haya o se diga que no hay presupuesto suficiente dedicado a la revocación; que no haya campaña masiva en radio y televisión para que se difundan las razones por las que debe votarse por sí o por no, ni tiempo insuficiente para difundir la celebración del ejercicio mismo en radio y televisión; que se instale un bajo número de casillas, muy por debajo del que ordena la ley, de las que se disponen para contiendas presidenciales.

Esos elementos no generan el mejor contexto para sumar el porcentaje de participación que colme el umbral mínimo para hacer obligatorio el resultado, y más allá de quién los generó (hay responsabilidades compartidas de varias instituciones y actores), ahí están como criterios vigentes que podrán aplicarse después en contextos y con propósitos distintos.

Nunca deben subestimarse estos ejercicios, pero asumiendo que el presidente obtiene una votación favorable en esta revocación, el nivel de participación no luce prometedor en un entorno tan adverso y en futuros ejercicios tampoco será alto si se repiten las mismas condiciones.

Cuando realmente haya encuestas cerradas entre la intención de voto por el “que siga” y la del “que se revoque”, serán estos criterios y reglas clave lo que estará vigente sin impedimento a invocarle, dando así un margen de maniobra a gobernantes que decidan apagar riesgos de interrumpir un mandato en casos donde en verdad existan probabilidades de que esos riesgos se reflejen en el ánimo ciudadano traducido en voto.

Dar garantías de casillas completas, difusión masiva con lógica de elección y no de simple periodo ordinario, campaña por el sí y por el no en radio y televisión (no solo por internet) es algo que debe tenerse en cuenta para reformas previas a un segundo ejercicio si en este ya no hubiera, como no se ve, posibilidades de cambiar la lógica tan llena de pleitos y tensiones.

Sea culpa de quien sea, el hecho es que no se dispusieron recursos completos, que el diseño de campaña sin campaña es absurdo. A eso se suma la decisión de la Corte en donde autorizarían menos casillas cuando se invoque falta de recursos y la necesidad de clarificar y sancionar, más allá del uso político, los casos en donde aparecieron firmas de muertos pidiendo hacer revocación.

En esas andamos hoy y andaremos en el futuro si dejemos que se queden así los famosos “precedentes”. El Congreso debiera rectificar y, de entrada, empatar la fecha en que se vota una revocación con la fecha en que hay jornada electoral federal intermedia, dejar claro que la difusión debe ser similar a la de una elección y no a la de un simple periodo ordinario como va a ocurrir esta vez en radio y televisión. Nos evitaríamos un desgaste injusto de una figura que es positiva para la democracia directa y que dejará sabor agridulce porque, aunque se va a inaugurar en México, su estreno no es ni terminará siendo lo que merecemos como sociedad.