Claroscuros en la SCJN

La semana que concluye fue sin duda de claroscuros muy marcados para el máximo tribunal de justicia del país. Contrastes que lejos de consolidar la confianza de los ciudadanos, alientan la polarización y fomentan la sospecha sobre uno de los pilares fundamentales de la vida democrática en México.

Comencemos con lo positivo:

Destaco fundamentalmente la votación para decretar la inconstitucionalidad de la porción normativa de la Ley Federal de Austeridad Republicana, misma que impedía a los servidores públicos de alto nivel trabajar hasta por el lapso de 10 años en la iniciativa privada. El excelente proyecto de sentencia sostenía que dicha prohibición resultaba contraria al derecho a la libertad al trabajo, al tratarse de una medida desproporcionada, aún cuando pudiera considerarse que perseguía un fin válido.

También esta misma semana, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se votó por la invalidez del artículo 61, párrafo segundo, de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, disposición normativa que le permitía al presidente disponer de manera discrecional de los recursos que se generarán con motivo de la implementación de la mencionada Ley Federal de Austeridad Republicana.

La decisión de la Corte en este aspecto resulta fundamental, pues le quita al titular del Ejecutivo la posibilidad de redireccionar de manera libre los recursos asignados a las dependencias, obligándolos a respetar la asignación aprobada por la Cámara de Diputados en el Presupuesto de Egresos de la Federación.

Finalmente, ya en el contexto de la discusión y votación de la acción de inconstitucionalidad planteada en contra de las reformas a la Ley de la Industria Eléctrica, me permito destacar fundamentalmente la intervención de los ministros y ministras Javier Laynez Potisek, Norma Lucía Piña, Pardo Rebolledo y Alberto Pérez Dayán, quienes dieron cátedra sobre la defensa de la constitución, al pugnar y explicar con toda claridad, los motivos y razones por los que consideraban que diversas porciones de la norma impugnada debían considerarse inconstitucionales.

Asimismo, mención aparte merecen los ministros Margarita Ríos Farjat y Juan Luis González Alcántara, quienes, pese a haber sido propuestos por el presidente Andrés Manuel López Obrador, se apartaron de diversas porciones del proyecto de sentencia y se pronunciaron por la inconstitucionalidad de la norma impugnada en sus aspectos más relevantes, demostrando con ello su verdadera independencia e imparcialidad.

Y hago especial énfasis en lo anterior, pues la propia ministra Ríos Farjat lo señaló con toda claridad en el contexto de la votación: su compromiso es con México y con la Constitución; palabras que cobran una relevancia fundamental de cara a la decisión final de la Corte.

Y entonces, hablemos de lo negativo:

A escasas horas de ocurrir la votación sobre la constitucionalidad de la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica, al secretario de Gobernación le pareció buena idea hacer una visita exprés a la Suprema Corte, misma que ocurrió sin justificación ni explicación alguna, alimentando nuevamente la sospecha sobre la independencia e imparcialidad de algunos ministros.

Y así, para sorpresa de pocos, el voto decisivo del ministro Arturo Zaldívar se decantó por la validez de las normas impugnadas en varias de sus porciones fundamentales, lo que confirma su tan anticipada y anunciada sumisión al régimen.

¿Cómo explicarle a los mexicanos que a pesar de que siete de los 11 ministros que integran la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideraron que algunas porciones de la Ley de la Industria Eléctrica eran inconstitucionales, al final se acabó decretando su constitucionalidad fundado en el criterio de cuatro de ellos?

Y es cierto, el artículo 105 constitucional impone como regla que la invalidez de las normas se decrete por mayoría calificada, pero cierto también es que el presidente del máximo tribunal de justicia del país votó en contrasentido a la mayoría de sus pares.

Todo lo acontecido esta semana en la Corte viene a recrudecer nuestros peores temores, pues nos confirma que en aquellas decisiones verdaderamente fundamentales para los intereses del presidente, un grupo de ministros impedirá que se alcance la tan mencionada mayoría calificada. Y no nos engañemos, las pírricas victorias obtenidas, como las señaladas al principio de este texto, palidecen frente aquellas que se han decantado en favor de la agenda presidencial.

No obstante lo anterior, considero que no todas son malas noticias. Sin duda resulta digno de reconocer el creciente interés de los ciudadanos por las discusiones que ocurren en la Corte. Esta semana, como nunca antes, sus sesiones en vivo fueron seguidas directa e indirectamente por miles y miles de mexicanos preocupados por el futuro de este país. Lo celebro, y considero que debemos seguir fomentando esa cultura de vigilancia sobre nuestros órganos, pues al sentirse estos vigilados podremos poco a poco ir logrando que su compromiso sea con México y su constitución y no con los intereses del gobernante en turno.

Para la reflexión: lo he dicho antes y lo reitero, el ministro presidente Arturo Zaldívar quiso pasar a la historia como el gran reformador del Poder Judicial, sin embargo, con sus recientes decisiones e intervenciones será recordado por otros motivos, como aquel que puso a la Corte al servicio del presidente.