#LibertadParaAlejandra: la credibilidad de la Corte
Temis y Deucalion

Abogado por la Facultad de Derecho de la Universidad Veracruzana, cuenta con estudios de especialidad en Derecho Constitucional y Administrativo, así como Maestría en Derecho Fiscal.

X: @rodrguezaleman

#LibertadParaAlejandra: la credibilidad de la Corte
La Corte analizará un amparo solicitado por la defensa de Alejandra Cuevas. Foto: SCJN/Facebook.

“Mire, tenemos tres o cuatro ministros que nomas no se la van de dejar pasar…”

¿Cómo se construye la legitimidad de un tribunal constitucional? La anterior no es una pregunta ociosa, y mucho menos en el contexto de los recientes acontecimientos en el país. Dicho cuestionamiento ha sido objeto de innumerables debates dentro y fuera de nuestras propias fronteras.

Sabemos, por ejemplo, que los miembros de una legislatura se legitiman mediante elecciones regulares, libres y justas. Esto es, la legitimidad de un diputado o un senador proviene del voto directo de todos nosotros; tanto de quienes los eligieron como sus representantes, como incluso de aquellos que sufragaron por otras opciones políticas.

Se podrá o no coincidir con muchas de las decisiones que se toman en el contexto legislativo, pero lo cierto es que pocas veces nos cuestionamos su legitimidad para crear o modificar el derecho.

Tratándose de los altos tribunales o cortes constitucionales, nos encontramos frente a un fenómeno distinto, pues al no participar directamente los gobernados en sus procesos de selección y designación, su legitimidad se construye de manera diversa.

“Una ley no trata de persuadir: solo ordena. No necesita explicarse, en la medida en que la autoridad del legislador para crear derecho no está en cuestión. Una sentencia, en contraste, es un ejercicio de persuasión”. 

Paul W. Kahn

Diversos autores coinciden en la noción de que los altos tribunales se legitiman mediante sus decisiones, las cuales además de enunciar lo que el derecho es, o cómo el derecho debe aplicarse para el caso en cuestión, tienen que cumplir con un requisito adicional consistente en la necesidad de persuadir a todo aquel que pueda llegar a imponerse de su contenido.

Las sentencias, como actos públicos, enuncian para todos lo que el derecho es y tienen una función legitimadora para las cortes que es paralela a las elecciones de los representantes populares.

Así, por ejemplo, si usted alguna vez ha visto las sesiones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, habrá notado que antes de emitir el sentido de su voto, los ministros exponen, mediante un ejercicio retórico, los motivos y razones que justifican su decisión. Si los tribunales simplemente nos dijeran el resultado de la decisión, sin explicarnos los motivos de la misma, frecuentemente nos cuestionaríamos su legitimidad.

¿Qué tiene que ver todo esto con el asunto de Alejandra Cuevas Moran?

Como es sabido por todos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación tomó la decisión de ejercer su facultad de atracción para conocer los amparos en revisión 176/2021 y 177/2021, ambos del índice del Primer Tribunal Colegiado de Circuito en Materia Penal. En dichos expedientes se debatía la legalidad de las resoluciones que mantienen desde octubre de 2020 y hasta el día de hoy, privada de su libertad a Alejandra Cuevas.

En aquel momento, la decisión de la Corte llamó la atención de propios y extraños, pues, por una parte, la mencionada facultad se ejercía unos días antes de la fecha designada por los magistrados para pronunciar su resolución. Esto es, en automático dicha decisión impedía que se decidiera sobre el asunto en cuestión, prolongando aún más la resolución de fondo que decidiera sobre la libertad de Alejandra Cuevas.

Por otro lado, las explicaciones que se dieron para justificar la medida adoptada no dejaron satisfecho a muchos, pues a todas luces parecía que el poder del fiscal General había sido la única y principal motivante para atraer el caso al conocimiento del Máximo Tribunal.

No obstante lo anterior, el propio ministro Arturo Zaldívar enfatizó que el asunto sería resuelto conforme a derecho, “… en la Corte no hay poderosos, ni el poder mediático, ni el poder de los cargos. Aquí lo que impera es el poder del derecho y el poder de la justicia, trátese de quien se trate.”

Sin embargo, a la luz de los acontecimientos recientes surgen diversos cuestionamientos:

Cómo creer en las palabras del ministro, cuando días antes de que suceda la deliberación en la Suprema Corte, escuchamos en voz del fiscal general de la República sugerir que tiene tres o cuatro ministros que no dejarían pasar un proyecto de sentencia adverso para sus intereses.

Cómo creer que en este asunto en particular lo que impera es el derecho, cuando tenemos certeza de que una de las partes involucradas tuvo acceso anticipado al proyecto de sentencia.

Las grabaciones filtradas, cuyo contenido ha sido reconocido por el propio Gertz Manero –véase la entrevista que sostuvo en el noticiero En punto con Denisse Maerker– hacen presumir cuestiones muy delicadas que pueden poner en duda la credibilidad de la propia Suprema Corte de Justicia de la Nación.

No es solamente lo que se sugiere, lo que se presume o lo que se dice en los audios revelados. La gravedad del asunto estriba en lo que habrá de suceder el día en que el proyecto de sentencia se someta a votación de los demás miembros de la Corte.

En ese contexto, cualquier voto que se pronuncie en contra del proyecto, aún cuando este obedezca a un razonamiento genuino por parte de los ministros, estaría sujeto a sospecha después de lo consignado en las conversaciones filtradas del Fiscal General.

Se trata entonces de una votación que pareciera encontrarse viciada de origen. Así, por ejemplo, pueden existir ministros cuyo criterio se encuentre influido, o ministros que legítimamente no compartan el sentido de la sentencia, sin embargo, en uno u otro escenario los ciudadanos habrán de cuestionar la decisión y el razonamiento de quienes no acompañen el proyecto y esto implica una mala noticia para nuestro máximo tribunal.

Un asunto que no tendría porque haber llegado hasta el Máximo Tribunal de Justicia del país, puede colocar a la Corte en una severa crisis de credibilidad. Si los ciudadanos comenzamos a cuestionar el criterio de quienes deciden en última instancia lo que el derecho es o debe ser, todo el andamiaje institucional que hemos venido construyendo se encontraría en riesgo.

Esto es una mala noticia para todos y tendría que tener consecuencias para quienes nos colocaron ante dicho escenario.

Síguenos en

Google News
Flipboard