De ‘cascaritas’, traiciones a la Patria y otros trucos del fuero
Tácticas Parlamentarias

Analista y consultor político. Licenciado en Ciencia Política por el ITAM y maestro en Estudios Legislativos por la Universidad de Hull en Reino Unido. Es coordinador del Diplomado en Planeación y Operación Legislativa en el ITAM. Twitter: @FernandoDworak

De ‘cascaritas’, traiciones a la Patria y otros trucos del fuero
Foto: Especial

Toda acusación sin fundamento o que invoque normas que no corresponden está condenada al fracaso. De la misma forma, si no se conocen las verdaderas implicaciones de una propuesta y es aprobada, se puede terminar en un escenario catastrófico. Esta semana vimos dos ejemplos de lo anterior con un tema común: el llamado “fuero constitucional”, concretamente la prerrogativa conocida como inviolabilidad.

La inviolabilidad o libertad de palabra es el derecho fundamental de todo órgano legislativo: tan relevante es que, si se revocara, el Ejecutivo perdería de inmediato a su contrapeso. Está consagrada en el artículo 61 constitucional. El primer párrafo dice: “los diputados y senadores son inviolables por las opiniones que manifiesten en el desempeño de sus cargos, y jamás podrán ser reconvenidos por ellas”. Por su parte, en el segundo párrafo se lee: “el presidente de cada Cámara velará por el respeto al fuero constitucional de los miembros de la misma y por la inviolabilidad del recinto donde se reúnan a sesionar”.

Dicho lo anterior, el primer incidente ocurrió el pasado miércoles cuando el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Carlos Gutiérrez Luna, publicó un video. En este, le avienta un balón desde la tribuna de San Lázaro al futbolista Luis “Matador” Hernández, quien hace una dominada y remata hacia las curules. En lo personal, creo que es un acto que no abona a la discusión pública. Sin embargo, ¿debería ser castigado? De ser así, ¿cómo?

Mucha gente invocó el segundo párrafo del artículo 61, argumentando que el diputado Gutiérrez Luna debería proteger la inviolabilidad del recinto. Aunque esa norma podría parecer vaga, en todo el mundo se entiende que sirve para garantizar las sesiones. Algunos países, como Reino Unido, amplían la libertad de palabra a quienes presenten testimonio ante el pleno y las comisiones, e incluso a las publicaciones oficiales, como gacetas y diarios de debates. Por lo tanto, y aún cuando admitamos que la “cascarita” es condenable, no viola la Constitución.

Los prospectos de sancionar esta conducta se reducen aún más si recordamos que la persona presidenta de la Mesa Directiva tiene la facultad de interpretar las normas de la asamblea, en caso que hubiese alguna laguna. ¿Mandar este caso al Comité de Ética? Está diseñado para que nada suceda: sus procedimientos son tortuosamente largos y las causales bajo las que actúa son laxas.

Todavía peor: puede ser reprobable lo que hizo Gutiérrez Luna, pero hay un público que ve en esa “cascarita” un desplante de autenticidad. Así funcionan las estrategias comunicativas del populismo, especialmente ante la debacle de una élite política que cuidó tanto su imagen y discurso, que muchos la perciben como inauténtica y anquilosada. Es posible que quienes nos indignamos somos los menos ante quienes se emocionen al ver a un ídolo del pueblo en San Lázaro. Especialmente si, como se dice, Gutiérrez Luna tiene ambiciones para gobernar Veracruz.

Entonces, ¿se puede hacer algo? Quizá no en este momento, y debemos reconocer que muchas personas que ocuparon este cargo lo usaron como trampolín y escaparate, como César Duarte y Silvano Aureoles para las gubernaturas de Chihuahua y Veracruz. No habrá calibración sin autocrítica.

Bajo esta premisa, urge rediseñar reglas para hacer que quien aspire a la presidencia siga una carrera dentro de la Mesa Directiva. La apuesta: que la especialización lleve a la moderación. Pero eso es algo distinto que salir a las redes sociales con girones de tela enredados entre las uñas, o creer que el problema de fondo se resolverá con un cambio de personas.

El segundo incidente ocurrió el domingo pasado cuando el presidente de Morena, Mario Delgado, anunció una consulta para determinar si se ponen denuncias contra las 233 personas diputadas que votaron en contra de la “reforma eléctrica”. Veamos esto con frialdad: no solamente sería violatorio del artículo 61 constitucional, sino desencadenará una dinámica de desgaste institucional que le tocará también a Morena el día que pierdan la mayoría simple del Congreso.

Si es un disparate, ¿por qué lo hacen? La respuesta es simple: porque les conviene para mantener encendidos los ánimos. Además, el propio Mario Delgado conoce las verdaderas implicaciones de ese acto, toda vez que ya fue senador y diputado. Lamentablemente logrará su objetivo si la oposición sigue reaccionando y burlándose de estos desplantes, en lugar de trabajar por mantener el piso común: la autonomía del órgano legislativo, independientemente quien gobierne o sea oposición.

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