Umbral para evitar elecciones sin votantes

Cuatro de las seis elecciones que renovaron gubernatura el pasado 5 de junio tuvieron una participación en las urnas menor al 50%. Solo en Tamaulipas (53.3%) y Durango (50.4%) lograron convocar a una apretada mayoría de las y los potenciales votantes.

El modelo electoral de México no tiene umbral mínimo para que sean válidos procesos electivos de gobernantes o representantes legislativos. Ese vacío entra en contradicción con las reformas recientes que abrieron ejercicios de democracia participativa en donde se asume que no es suficientemente representativa una votación en revocación de mandato o consultas populares si no se acredita al menos la participación del 40% de electores, pero cuando se trata de elegir congreso, gubernaturas e incluso presidencia de la República, ese umbral no importa, aunque vote menos de la mitad, menos del 30% incluso, el resultado se asume válido y vinculante.

No hay un fenómeno de abstención generalizado o irremontable, pero los bajos registros tampoco son excepcionales y debieran motivar a una reflexión sobre la pertinencia de impulsar un umbral mínimo para dar por buena una contienda.

En los últimos años hemos tenido jornadas donde, en general, la participación es mayor frente a la abstención, pero hay un péndulo que va y viene, sobre todo a nivel local, en donde mucho menos de la mitad de las y los potenciales electores deciden no votar. Los factores son muchos, pero sería un error pretender que con castigo o exigiendo que se haga valer el voto obligatorio eso se resolvería. Se necesita convencer a electores, no obligarles a cumplir con un requisito.

Algunos datos: en Aguascalientes podía votar poco más de 1 millón electores, pero solo lo hicieron 463 mil 954 votos (45.9%) y, de ese universo, 2.7% fueron votos nulos.

En Hidalgo, la lista nominal de potenciales votantes era de 2.2 millones y votaron un millón 60 mil 990 ciudadanas y ciudadanos (47.5%), menos de la mitad y a eso hay que sumarle que 2.8% fueron votos nulos.

Entre las entidades con menos participación estuvo Quintana Roo, con un 40.4% (podían votar 1.3 millones y solo fueron 497 mil 22 votantes), además de 3.9% de votos nulos; y, en el caso de Oaxaca, aunque hubo condiciones excepcionales por los estragos del huracán Agatha, votó apenas 38.7% (podían hacerlo 2.9 millones y solo fueron 1.1 millones), con 3.3% de votos nulos. Es decir, si en Oaxaca se hubiera celebrado una consulta popular o una revocación de mandato, no habría sido válida.

Sería equivocado asumir que la abstención crece sin remedio, pero sí tenemos ejemplos de un comportamiento pendular preocupante. En 2018 no hubo una sola entidad que se quedara sin más de la mitad de participación en lo individual; un año después, la elección de gubernatura en Baja California no llegó ni al 30%.

Todos los comicios presidenciales celebrados entre 2000 y 2018 ha logrado convocar a la mayoría del universo votante, entre un 58 y 63%, mientras las elecciones federales intermedias, entre 2003 y 2015, se habían quedado una y otra vez abajo del la mitad pero finalmente en 2021, pese a la pandemia, lograron alcanzar un 52%.

Convencer a votantes, no obligarles es el reto de legitimidad permanente en las democracias representativas. Por eso se debiera apostarse por un umbral mínimo de validez para evitar escenarios de representantes electos casi sin electores.