¿Seguridad o transición energética?
Enernauta

Especialista en política energética y asuntos internacionales. Fue Secretario General del International Energy Forum, con sede en Arabia Saudita, y Subsecretario de Hidrocarburos de México.
Actualmente es Senior Advisor en FTI Consulting.

¿Seguridad o transición energética?
Foto: Pixabay

El Reporte sobre inversión energética en el mundo, publicado hace apenas unas semanas por la Agencia Internacional de Energía (AIE), destaca desde sus primeras páginas la singular situación en la que se encuentra la industria a mediados de 2022: 

“Precios altos, costos en aumento, incertidumbre económica, preocupaciones sobre la seguridad energética e imperativos sobre el clima equivalen a un poderoso cóctel de factores que inciden sobre la inversión mundial de energía… gobiernos, empresas e inversionistas se enfrentan a una situación compleja al decidir qué proyectos energéticos van a respaldar, con necesidades urgentes a corto plazo que no están automáticamente alineadas con objetivos de largo plazo. Mucho depende de estas elecciones”.

La pandemia de Covid-19 y la guerra en Ucrania han ejercido una gran influencia sobre esta percepción, pero el reporte enfatiza, como lo han hecho analistas de otras organizaciones y medios, que el desafío interpretativo viene de más atrás. Desde mediados de la década pasada, las empresas no han tenido claro para qué aumentar la inversión petrolera en un entorno en el que el dinamismo económico perdió fuerza, se multiplicaron los discursos políticos y los acuerdos internacionales adversos a los combustibles fósiles, y se intensificó el activismo a favor de la transición energética. Todo esto en un ambiente de cambio político e ideológico que ha impedido a gobiernos sucesivos brindar señales coherentes para la inversión en el largo plazo.

Estados Unidos y Europa aportan ejemplos notables de esta encrucijada. Ni el gobierno estadounidense ni la Comisión Europea han logrado apuntar la política energética hacia un rumbo definido. La administración del presidente Barack Obama suspendió la licitación de bloques petroleros en dominios del gobierno federal, el presidente Donald Trump la reanudó y el presidente Joe Biden la volvió a suspender, aunque piensa en reanudarlas dado el momento actual del mercado. Un patrón similar han seguido los programas de promoción de las energías limpias, desde la asignación de recursos para la investigación, subsidios para la inversión o políticas regulatorias, que han cambiado de dirección según la administración presidencial en curso. El presidente y el Congreso estadounidenses simplemente no logran llegar a acuerdos claros sobre cómo dirigir estímulos de largo plazo a la industria energética. Y ahora la Suprema Corte se ha sumado a la discusión impidiendo a la autoridad medioambiental, que forma parte del Ejecutivo, fijar límites de emisiones de carbono a las centrales eléctricas.

La Comisión Europea ha impulsado políticas para instalar una matriz energética regional más limpia pero también ha ampliado las incógnitas sobre el futuro de las industrias nuclear y petrolera, que han sido el respaldo de la seguridad energética regional. En otoño de 2021 estas confusiones llevaron a una crisis de altos precios de gas natural y desabasto eléctrico en el oeste del continente. El problema se ha exacerbado con la agenda para reducir las compras de gas, petróleo, carbón y otros minerales de Rusia: Europa quiere acceso a más combustibles fósiles de otras regiones y más transición energética al mismo tiempo, más consumo de carbón por un periodo indefinido y menos consumo de carbón lo más pronto posible. Suficiente para dejar a los inversionistas rascándose la cabeza tratando de entender qué hacer, si bien las empresas energéticas europeas han decidido que, cuando menos, les conviene diversificar apuestas metiendo un pie en la industria de las energías limpias.

Las señales encontradas han provocado un impasse de siete años en la inversión de energías fósiles, todavía la base del 50% del consumo energético mundial. A partir de 2015, la inversión en estos proyectos empezó a disminuir desde su máximo de 1.3 millones de millones de dólares anuales. En cada uno de los siguientes tres años, de 2016 a 2019, se ubicó 30% por debajo de esta cifra, o menos de 900 mil millones de dólares. Para 2020, el año de la pandemia, cayó a un mínimo de 700 mil millones de dólares. Y aunque el año pasado comenzó a crecer de nuevo, su volumen todavía es considerablemente menor al de 2014.

Ante este panorama de inversión inferior a las necesidades de una economía que todavía tiene un largo trecho por recorrer antes de llegar a la sustentabilidad, no sorprende que los precios de los combustibles estén por el cielo y que los pronósticos auguren un mercado donde la oferta petrolera apenas pueda crecer al ritmo de la demanda, si acaso. Tampoco sorprende que el público exija alivio.

Nada como una crisis para provocar una reacción gubernamental. La guerra en Ucrania ha despejado cuando menos una duda: en Europa la agenda energética inmediata es reducir la dependencia de importaciones rusas. La reacción es similar a la de los años 70: promover cualquier fuente de energía que no sea de Medio Oriente. Bajo este marco, todas las energías caben y el conflicto entre renovables y fósiles queda supeditado, para bien o para mal, a un objetivo primordial: la seguridad energética.

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