El círculo vicioso de los cuidados sin apoyo

El asesinato de Luz Raquel Padilla en Jalisco ha posicionado en la agenda nacional uno de los temas más urgentes para la sociedad y, sin embargo, de los más olvidados para el Estado en su conjunto: los trabajos de cuidado. La crueldad del método con el cual fue asesinada (quemada viva en un parque, en plena vía pública) recordó la alta vulnerabilidad de las mujeres en México, que pueden ser agredidas o asesinadas a la vista de cualquiera y bajo las motivaciones más simples. Pero el caso de Luz Raquel también puso el foco en otra de las caras de la desigualdad que padecen las mujeres en este país y en todo el mundo: el cuidado de personas y hogares sigue recayendo sobre ellas, quienes muchas veces son, además, el sostén económico de ese hogar.

Esta labor, que debiera ser llevada a cabo por todos los integrantes de un hogar en igualdad, apoyados por servicios especializados proporcionados por el Estado, es relegada a las mujeres en al menos 70%, debido principalmente a la histórica creencia de que el bienestar de las personas y las familias es responsabilidad femenina. Esta creencia suele justificarse con otra: si la mujer “no trabaja” (es decir, no realiza una labor remunerada fuera de su casa), su aporte al hogar es el trabajo doméstico, con todo lo que ello implica: limpieza, alimentación, mantenimiento y todos los cuidados que requieran todos los habitantes de la vivienda. A esa mujer que “no trabaja” le resultaría más barato aportar dinero que hacerse cargo de todos, siempre que tuviera el mismo acceso a educación y empleo que sus pares masculinos. Pero esa es otra desigualdad de género.

La que nos ocupa en este caso específico es la del cuidado de personas, ya que esta es una necesidad de los –por lo menos– siete millones de personas con discapacidad (PcD) que viven en México. Además de los niños y los adultos mayores, las PcD requieren cuidados especializados que el Estado mexicano nunca ha proporcionado de manera sistemática, tan solo algunos apoyos específicos que casi siempre han tenido fines políticos. Los servicios y atenciones que requiere una PcD son proporcionados por su familia, quienes no tienen la especialización requerida y, en muchos casos, son al mismo tiempo los proveedores de ese hogar, por lo que necesitan tiempo suficiente para trabajar y proveer a la PcD de un sustento básico.

Este es uno de los varios entuertos a los que se enfrentan las personas cuidadoras: ser al mismo tiempo quien sostiene y quien cuida. Sin tiempo suficiente para todo, porque los cuidados de PcD suelen ser 24/7, pero para dedicarse completamente a su cuidado, se requiere no trabajar fuera de casa. Si cuentan con el apoyo de otros miembros de la familia, pueden hacerlo, pero no es un privilegio para el cuidador: este se aleja del sector productivo y del crecimiento económico; si en algún momento quiere solicitar un empleo remunerado, no tendrá experiencia comprobable, y por haberse dedicado a una actividad no remunerada, tampoco habrá podido acumular riqueza para sostenerse y mucho menos para crecer. Será un dependiente más.

Esto no significa que el cuidado sea perjudicial per se. El cuidado, de acuerdo con los testimonios de cuidadoras entrevistadas, es una experiencia sumamente enriquecedora cuando se lleva a cabo en las condiciones adecuadas y, sobre todo, cuando es una responsabilidad compartida. Los cuidadores profesionales, que reciben un pago por su trabajo, además del beneficio económico obtienen múltiples experiencias humanas al cuidar de otros, lo que lo convierte en un empleo gratificante cuando es bien pagado y en condiciones dignas. Los familiares que cuidan, por su parte, conviven con el sujeto de cuidados en un ambiente mucho más sano y amoroso cuando tienen el apoyo de servicios profesionales, o cuando no se ven obligados a dejar su empleo. 

“No es que nadie quiera hacerlo. Es que nadie quiere hacerlo solo”, me dijeron hace unos años las integrantes de la Red de Cuidados en México, que promueve la visibilización de este trabajo y exige la creación de un Sistema de Cuidados desde el Estado, que permita romper esta brecha de género al dar a las mujeres los servicios y espacios que les permitan cuidar de una vida sin abandonar la propia. “No impugnamos el cuidado: impugnamos el desequilibrio y la desigualdad de que todo caiga sobre una persona”, dicen las activistas sobre su lucha por un derecho que, incluso, ya está previsto en la Carta Magna y en la Constitución Política de la Ciudad de México. 

Luz Raquel Padilla era cuidadora primaria de su hijo con autismo y epilepsia. También era activista por el derecho al cuidado e impulsaba la creación de un sistema local de cuidados en Zapopan, su municipio. Ella y su hijo padecían de otro de los entuertos del cuidado sin apoyo oficial: la condición del menor le provoca crisis estridentes que “molestaban” a sus vecinos –como si estos sonidos fueran evitables, igual que la música a volumen alto o un taladro–, y una vez “molestos”, los vecinos hacían ruidos que solo empeoraban las crisis del niño, llevándolo a gritar y golpear aún más, según han relatado a medios sus compañeras de Yo Cuido México. Un círculo vicioso de ignorancia, intolerancia, discriminación y desigualdad, detonado por la omisión estatal: el único servicio oficial con el que Luz podía apoyar su labor de cuidado (un centro de atención a personas con autismo) expulsó a su hijo porque sus crisis eran “violentas”… de manera que los cuidadores expertos se deslindaron del cuidado de un menor para que sus crisis “violentas” ocurrieran en la relativa privacidad de su casa, sin importar si este era el entorno adecuado para el niño o no.

Las personas cuidadoras son vulnerables en varios niveles, y la desigualdad que padecen las vuelve aún más: en el caso de Padilla la llevó a perder la vida y dejar a su hijo sin su cuidadora primaria, pero todos los días ocurren flagelos derivados del dilema de ser cuidadoras solas. Niños que son abusados por vecinos o familiares que estaban “encargados” de ellos; cuidadores improvisados que maltratan a adultos mayores pero sus familias no pueden pagar un servicio profesional; pobreza porque la cuidadora primaria no puede dedicar más tiempo a obtener ingresos; accidentes, robos o violaciones cometidos contra el sujeto de cuidados, porque su cuidadora se vio en la necesidad de dejarlo solo en casa. Incluso, ocurren flagelos dentro de los propios centros de atención “especializada”, como las quemaduras que sufrió una niña de 11 años con epilepsia por parte del personal de un albergue en Tonalá (de nuevo Jalisco) que, intentando contener una crisis de la menor, le puso alcohol y después le dio descargas eléctricas, provocándole quemaduras graves. Parece que el manejo de crisis en enfermedades mentales o neurológicas es una de las urgencias dentro de esta problemática.  

La ausencia del Estado se vuelve una omisión criminal, en estos casos. Además de ser un sector absurda e históricamente desaprovechado: el cuidado no remunerado representa 27.6% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, según el Inegi, cifra que aumentó unos cuatro puntos porcentuales de 2018 a la fecha, debido en gran medida a la pandemia de Covid-19, que multiplicó las necesidades de cuidado en casa. Esto significa que si este trabajo fuera remunerado, se convertiría automáticamente en el principal sector productivo de la economía, por encima del comercio, manufactura y construcción. Pero el cuidado sigue siendo visto como obligación femenina, en las condiciones que sea, cueste lo que cueste. Incluso la integridad o la vida de quienes lo realizan.